La cuestión de la legitimidad en la construcción del poder en la Argentina de los años treinta

Darío Macor²³ - Susana Piazzesi²⁴

²³ UN del Litoral/ CONICET. e-mail: dmacor@fhuc.unl.edu.ar
²⁴ UN del Litoral. e-mail: suspia@fcjs.unl.edu.ar

Resumen
A lo largo de la década de 1930 la crisis de legitimidad del poder político, que deviene de la manipulación electoral, jerarquiza en el bloque oficial un interrogante sobre las alternativas que pueden permitirle justificar la dominación con un pecado de origen tan severo.
En este trabajo se analizan algunos dispositivos construidos desde el poder para responder a esta crisis de legitimidad, poniendo en di álogo dos esferas de producción política, la nacional y la del distrito provincial santafesino. Se describen las claves de funcionamiento del bloque de poder nacional, la Concordancia, y se analiza en la esfera local al iriondismo, coalición dominante del Radicalismo Antipersonalista santafesino, cuya importancia deviene de su particular inserción en la elite dirigente nacional y del control del ejecutivo provincial desde mediados de la década de 1930 hasta 1943.

Palabras clave Nación; Provincia; Poder; Legitimidad.

Abstract
Throughout the 1930s, the legitimacy crisis of the political power from electoral manipulation, arises the question on the alternatives that may allow for justification of dominance with such a severe original sin within the official party block.
In this work, we analyze some devices built from the power to respond to this legitimacy crisis, connecting through a dialogue two spheres of political production, the national sphere and the provincial district of Santa Fe. We describe the operation keys of the national power, the "Concordancia", and analyze in the local sphere the "iriondismo", dominant coalition of the "radicalismo antipersonalista" of Santa Fe, whose importance derives from its particular insertion in the national ruling elite and from the control of the provincial executive branch that took place from the mid 1930s to 1943.

Key words: Nation; Province; Power; Legitimacy.

I. El dilema del poder político

El 4 de junio de 1943, cuando el ejército vuelve a interrumpir el desarrollo institucional del poder político, la convención del Partido Demócrata Nacional se aprestaba a iniciar las sesiones destinadas a consagrar la fórmula presidencial para las próximas elecciones. Uno de los resultados esperados de esa convención era la integración de Manuel de Iriondo en el segundo término de la fórmula presidencial, consolidando así el proceso de articulación del Antipersonalismo santafesino en el bloque de poder que había controlado la política nacional a lo largo de la década del treinta.

Las fuerzas armadas cierran entonces un ciclo que ellas mismas habían inaugurado con el golpe de 1930. Estas intervenciones militares delimitan un período en el que se destaca el proceso de reestructuración del estado nacional y las transformaciones político-ideológicas que lo acompañan, en el marco de una profunda convulsión en el campo de las ideas que atraviesa al mundo occidental sobre todo desde la primera posguerra. Lo que está en debate en estos años es la tradición liberal democrática y sus instituciones que ordenaban el sistema de poder, cuyos pasos iniciales se remontan a la Argentina de la segunda mitad del siglo XIX y se completan con la reforma política de 1912 y la instalación de la democracia electoral. Y fundamentalmente la cuestión de la democracia, es decir la capacidad y la eficiencia de un sistema de toma de decisiones políticas construido sobre este fundamento para responder a la nueva realidad social.

Como es sabido, el golpe militar de 1930, con el que se inicia la década, contiene diferentes alternativas políticas que se perfilan tras las figuras de los dos principales jefes militares del heterogéneo conglomerado antiyrigoyenista. Los nombres de Uriburu y Justo remiten a diferentes proyectos de ingeniería institucional para responder a la crisis del sistema político configurado desde la reforma de 1912. Crisis que, para los triunfadores de septiembre de 1930, se sintetizaba en tres claves entrelazadas: 1. dieciocho años de ejercicio de democracia electoral, que daban lugar a una fuente de legitimidad difícil de obviar; 2. el predominio electoral del Partido Radical, que volvería a confirmarse en las elecciones de abril de 1931 en la provincia de Buenos Aires; y 3. la imposibilidad de armonizar ese predominio partidario y la fuente de legitimidad del sistema, con la eficiencia gubernamental, en el registro que bajo el impacto de la crisis de 1929/30 se había transformado en decálogo de las clases propietarias y de los principales medios de comunicación.

Fracasado el proyecto uriburista de responder a esta crisis con una reforma del sistema de representación en particular y de las instituciones políticas en general, se consolida el bloque de poder liderado por Justo que controlará el estado nacional y la mayoría de las provincias a lo largo de la década. El justismo es una respuesta a la crisis del sistema político que se mantiene bajo el paraguas de la tradición liberal. Con este refugio en la tradición institucional argentina, el justismo se aleja de cualquier aventura como las que podían desprenderse de las propuestas más radicales de los sectores nacionalistas que controlaban importantes fracciones del poder en la dictadura de Uriburu; y queda así atrapado en un dilema que será inherente al poder político en toda la década: ¿cómo controlar el poder en nombre de una tradición cuya faceta democrática ha permitido la consolidación de un partido predominante, el Radical, que de respetarse las reglas de juego puede, por su capacidad de convocatoria, reconstituir el poder que le fuera arrebato en 1930? Dilema que acompaña al bloque de poder desde su formación y remite a necesidades que se presentan como irreconciliables: de reproducción en el poder y de producción de legitimidad.

La imposibilidad de armonizar estas necesidades es el factor constituyente del dilema. La puesta entre paréntesis de la democracia electoral con el ejercicio sistemático del fraude, garantiza la reproducción en el poder, pero a condición de afectar, en una proporción inversamente proporcional, la legitimidad del sistema, obligando al gobierno a fortalecer y destacar otros dispositivos de legitimación en la intención de disimular su pecado de origen.¹

Por la importancia electoral del Radicalismo, la variable fraude es dependiente del lugar que éste ocupe en el sistema político y de la actitud que asuma frente a los comicios. Con el Radicalismo como oposición externa, absteniéndose de participar en las elecciones, el fraude es un elemento constitutivo de "un sistema cerrado de competencia por el poder circunscrito a los partidos" integrantes de la coalición oficial (Mustapic, 1977: 262). Con el Radicalismo compitiendo en las elecciones presidenciales de 1937, la manipulación se orienta fundamentalmente a bloquear su capacidad electoral, llevando el fraude a su máxima expresión. Prácticas no ausentes, por cierto, en la primera mitad de la década, pero que en la competencia con la Alianza Civil no habían requerido la escala que ahora las volvía escandalosas².

Garantizada la sucesión presidencial, las elecciones de 1937 dejarían una clara enseñanza para el oficialismo. Con el Radicalismo compitiendo electoralmente, la necesidad de reproducción en el poder requería de un esfuerzo manipulador de tal magnitud que dejaba al desnudo la ilegitimidad del oficialismo poniendo en cuestión la gobernabilidad. Esta lectura de las elecciones de 1937 guiará la política del gobierno de Ortiz y su intento de sanear el sistema electoral, avanzando en acuerdos con la oposición que conmovían las bases de la coalición oficial. La dura reacción conservadora frente al proyecto reformista de Ortiz, se vio favorecida por la vacancia presidencial que dejó en manos de Castillo, un hombre del conservadorismo catamarqueño, el ejecutivo nacional. Si la democracia electoral tenía como ruta inexorable el abandono del poder y su entrega al Partido Radical, el control y la manipulación de los comicios era la única garantía para la continuidad en el poder, confiando en que el apoyo del ejército podía suplir la ilegitimidad del régimen.

II. El bloque de poder nacional

La Concordancia, el bloque político con el que Justo dirimió a su favor las elecciones presidenciales de fines de 1931 y controló el poder a lo largo de la década, nunca se conformó como una organización estable e institucionalizada sino que funcionó como una coalición de hecho, que congregaba a fuerzas de muy diferentes recursos, como los distintos partidos conservadores provinciales (por entonces ya reunidos en el Partido Demócrata Nacional), el Antipersonalismo y el Socialismo Independiente.

En las coyunturas electorales los partidos de la coalición mantenían su propio perfil, especialmente en las elecciones legislativas, adoptando un candidato común en las elecciones para cargos ejecutivos. La coincidencia electoral en la candidatura presidencial no avanzaba sobre las organizaciones partidarias que, por el contrario, mantenían su independencia y participaban con candidatos propios en el resto de los cargos en competencia. Esta unidad en la diversidad estaba facilitada por el carácter en general no competitivo del poder territorial de cada fuerza. En efecto, mientras el Partido Socialista Independiente era un típico aparato político de la ciudad de Buenos Aires; el Antipersonalismo tenía su principal fuerza en el litoral, especialmente en Santa Fe y Entre Ríos; y los conservadores del Partido Demócrata en el resto de las provincias. Esta situación general facilitaba el encolumnamiento en cada distrito tras el partido que mejor podía representar a la coalición³.

El Partido Dem ócrata es en sí mismo una coalición, ya que reúne a organizaciones provinciales que, si bien coinciden en su representación local de las clases propietarias, responden a muy diferentes tradiciones y prácticas políticas. En ese campo heterogéneo, el conservadorismo cordobés es quien mejor parece adscribirse a la tradición del reformismo político de 1912. En ese registro, la importancia asignada al sufragio como instancia pedagógica en la construcción de la ciudadanía, los lleva a sostener la transparencia electoral, aun frente a la amenaza del Radicalismo liderado en el distrito por Amadeo Sabattini. El poderoso partido bonaerense, en cambio, se transforma en la más aceitada maquinaria para la manipulación electoral, construyendo una organización en la que el aparato político, el mundo del delito y la corrupción organizada, se compenetran estrechamente. Ese conservadorismo bonaerense producirá a la vez, las más inquietantes innovaciones políticas en la década, sobresaliendo el ensayo de Fresco, en cuyo gobierno provincial el fascismo criollo busca en clave populista un camino posible para construir un partido de masas. En las provincias más pequeñas y socialmente más tradicionales, el conservadorismo tiene un fuerte peso. En la mayoría de estos distritos, aprovechando el menor nivel de exposición ante la opinión pública nacional, utilizan los recursos del estado para reproducirse en el poder, recurriendo a las peores tradiciones del clientelismo patrimonialista.

Entre el reformismo cordobés, el conservadorismo populista bonaerense y el tradicionalismo patrimonialista de los pequeños distritos, a lo largo de la década del treinta el Partido Demócrata Nacional es la fuerza cuantitativamente más importante del bloque oficialista: la mayoría de las situaciones políticas provinciales está bajo su control y tiene una importante representación parlamentaria nacional; aunque debe resignar frente al Antipersonalismo la máxima candidatura en las dos elecciones presidenciales de la década (1931 y 1937).

Socialistas Independientes y Antipersonalistas, los dos socios menores de la coalición, logran una representación en el gobierno de Justo que excede cómodamente a sus capacidades electorales.

Surgido como escisión liberal del Partido Socialista en 1927, el Socialismo Independiente tiene su principal fortaleza en la capacidad electoral demostrada en la Capital Federal, cuyo nivel de exposición pública impacta en la opinión nacional. De la mano de sus dirigentes más destacados, como Pinedo y De Tomaso, alcanza un importante protagonismo electoral en los primeros años de la década del treinta, enfrentando en el territorio capitalino al Partido Socialista y al Radicalismo, para desaparecer prácticamente en la segunda mitad de la década.

Así, el pequeño partido que en 1930 había conquistado el triunfo electoral en la Capital, tendrá su momento de gloria en los primeros años del justismo para ingresar rápidamente en un cono de sombras hasta su desaparición, mientras el Partido Socialista y la UCR -ésta desde su regreso al terreno electoral en 1935- recuperaban su antigua capacidad electoral en el distrito.

Paralelamente, los miembros de la elite partidaria del Socialismo Independiente se han transformado en actores principales del proceso de reformulación de estado nacional, cuyo caso más notable es el grupo constituido en torno a Pinedo cuando éste controla la cartera de economía del gobierno de Justo; grupo que tendrá una influencia decisiva en la creación de nuevas instituciones económicas a lo largo de la década, aun cuando Pinedo se mantenga alejado de la cartera ministerial. Otros miembros de elite partidaria se arriesgan a acompañar, en la segunda mitad de la década, la empresa más atrevida del Partido Demócrata bonaerense que desde la gobernación de Fresco ofrece a la nación una propuesta política conservadora en clave populista.

La importancia del Antipersonalismo en la coalición gobernante está dada, primariamente, por el peso específico como organización política en los distritos del litoral. Más allá de su capacidad electoral efectiva, su importancia reside también en el rol que desempeña como organización frente a la oposición y en relación al liderazgo de Justo en el conglomerado político. Justo y Ortiz, las dos figuras que alcanzan la presidencia de la nación en representación de la Concordancia, pertenecen a las filas del Antipersonalismo, y ambos han integrado el gabinete de Alvear en la década anterior. A diferencia de sus aliados Conservadores y Socialistas Independientes, el Antipersonalismo provee al bloque oficialista de un foco de competencia con el Radicalismo por la tradición partidaria. Esta cuestión permitía matizar la impronta conservadora de la coalición, que hubiera recortado el electorado potencial y construido un hegemonismo interno del Partido Demócrata Nacional incompatible con el tipo de liderazgo que Justo estaba construyendo (Macor, 1999 y 2001).

Desde fines de 1931 y hasta mediados de la década, mientras el Radicalismo con la abstención electoral se ubica como oposición externa y bajo la dirección de Alvear recurre al factor identitario activando la tradición, el Antipersonalismo se refugia en lo organizacional, en la estructura partidaria que conduce a los aparatos del estado donde puede obtener los recursos materiales que garanticen la reproducción de la organización. Su integración en el bloque oficial de la Concordancia le ofrece un manejo de recursos materiales con los cuales trabajar sobre el descontento generado en el Radicalismo por la no participación electoral.

En el distrito santafesino el Antipersonalismo no tendrá competencia en su representación local de la Concordancia, aunque como consecuencia de los resultados electorales de 1931 deberá resignar ante el Partido Demócrata Progresista el manejo del estado provincial en la primera mitad de la década. Sin una línea de continuidad partidaria directa del antiguo situacionismo conservador de la época oligárquica, el lugar de la derecha en la provincia será ocupado por el Antipersonalismo, que en la década del veinte y especialmente en los años treinta, bajo el liderazgo de Manuel de Iriondo, terminará de fundir su identidad en esa tradición conservadora.

III. Nación y provincia

La importancia del distrito santafesino en la época no reside exclusivamente en su representación cuantitativa (tanto por el número de electores que aporta para la elección del poder ejecutivo nacional como por los escaños que le corresponden en la cámara de diputados de la nación), sino también, y fundamentalmente, porque es uno de los principales distritos del Antipersonalismo, pieza clave en el delicado equilibrio de la coalición liderada por Justo. Ambas razones contribuyen a justificar la atención que el bloque nacional de la Concordancia presta a la provincia.

En el transcurso de la década del treinta Santa Fe vive dos experiencias que pueden caracterizarse como antagónicas: el gobierno Demócrata Progresista, en el primer quinquenio, y los gobiernos Antipersonalistas, a partir de 1937. No insistiremos aquí con la experiencia Demoprogresista, analizada en otras oportunidades (Macor, 1995), ya que nos interesa detenernos en la representación local del bloque de poder justista. Si en la primera mitad de la década, el gobierno provincial del Partido Demócrata Progresista ensaya una fórmula política que busca sus fundamentos en la correspondencia entre liberalismo y democracia; la experiencia iriondista, en cambio, se desentiende de este par de conceptos, no sólo porque los dispositivos del fraude electoral ponen en cuestión la representación política tradicional, sino por los nuevos horizontes de la gestión estatal que alejan al Antipersonalismo local del paradigma liberal.

El cambio del escenario político nacional que produce el reingreso de la Unión Cívica Radical a la competencia electoral a partir de 1935, modificará las constricciones institucionales, amenazando igualmente los intereses electorales de la oposición Socialista y Demócrata Progresista y muy especialmente al distrito santafesino controlado hasta entonces por el partido de Lisandro de la Torre. El sinceramiento electoral que presupone la participación Radical, lleva al poder nacional a ajustar y profundizar los mecanismos de manipulación que, en las nuevas condiciones, se transforman en necesidad imperiosa para garantizar el control de la sucesión presidencial y la reproducción en el poder de la Concordancia. Socialistas y Demócratas Progresistas deben enfrentar entonces, junto al Radicalismo, el dispositivo electoral que el justismo perfecciona al detalle en la última etapa de su gobierno: por un lado, el cambio en la ley electoral, con el que se vuelve al sistema de lista completa suprimiendo el tercio de representación de la minoría en la elección de electores presidenciales; por otro, el ejercicio sistemático del fraude en la mayoría de los distritos a fin de garantizar al oficialismo colegio electoral propio para la renovación presidencial de 1937 (Piazzesi, 2004)⁴.

Paralelamente, la recomposición del campo electoral opositor, tendrá también otras consecuencias que afectarán de manera directa a la Democracia Progresista y al distrito santafesino.

Fue la pérdida de la provincia de Córdoba por los demócratas y por la coalición, en la renovación gubernativa inmediatamente anterior a la elección presidencial, lo que dio toda su significación y alcance a la Intervención Federal llevada a la provincia de Santa Fe en 1935... que no he de tratar de justificar aunque haya tenido responsabilidad en la media sanción legislativa en que apareció fundada, así como en el decreto en que se dispuso. De ninguna manera admito que el gobierno que entonces tenía Santa Fe haya sido algo portentoso, como pretende darlo a entender la leyenda interesada; pero no cuesta trabajo reconocer que esa provincia, regida en esa época por adversarios políticos del gobierno nacional, tenía a mi juicio, aunque otros lo hayan negado, un gobierno local tan bueno como los buenos gobiernos provinciales que entonces existían, entre los cuales se destacaban como administraciones respetadas y progresistas, a juicio de la opinión general, el gobierno radical de Entre Ríos y los gobiernos demócratas de Córdoba y Mendoza (Pinedo, 1946: 176).

La sola posibilidad de que el distrito mediterráneo pasara a las filas de la oposición, jerarquiza en el gobierno nacional la necesidad de contrarrestar sus efectos para las elecciones presidenciales que se avecinan, recuperando alguno de los territorios opositores como la Capital Federal o la provincia de Santa Fe. Los atributos de la Capital Federal para impactar en la opinión pública siguen aconsejando, como en 1931, dejar librado al mercado los resultados electorales; con lo cual la antigua aspiración del Antipersonalismo santafesino de intervenir la provincia será satisfecha por el gobierno nacional. De esta manera el justismo reproduce el equilibrio de 1931 en el mapa distrital: conserva el lugar privilegiado para la Capital Federal, y mantiene igual situación para un distrito provincial importante, donde el principal partido opositor puede competir libremente con el bloque oficial, aunque reemplazando la Santa Fe de la Democracia Progresista por la Córdoba del Radicalismo Sabattinista.

Otros factores, además, contribuyen a confirmar este desplazamiento espacial y partidario de la oposición. Por una parte, con la intervención a Santa Fe, el gobierno nacional deja a Lisandro de la Torre, una de las principales voces opositoras en el senado, sin poder territorial, afectando así su posicionamiento para las elecciones presidenciales; y sobre todo, evita la consolidación de una triple referencia opositora que, de confluir en un frente común contra el oficialismo en 1937, contaría con el manejo de tres distritos importantes y una influencia en la opinión pública capaz de poner entre paréntesis la capacidad gubernamental para asegurarse la continuidad en el poder. Por otra parte, desde el bloque de la Concordancia, el desplazamiento Santa Fe-Córdoba permite otra lectura: el fortalecimiento del Antipersonalismo en detrimento del Partido Demócrata Nacional. Si el Antipersonalismo siempre le había ofrecido a la Concordancia un perfil con zonas de competitividad con la UCR al que los conservadores del Partido Demócrata no podían aspirar, el ingreso a la rueda electoral del Partido Radical confirmaba la importancia de este lugar, gracias al cual alcanzarían el control del estado santafesino y volverían a imponer un hombre de sus filas como sucesor de Justo.

Más allá de estas interpretaciones de la Intervención Federal, en el plano local ésta tiene a la vez significados de no menor profundidad, que se presentan como un parteaguas para la década. La intervención clausura la experiencia Demoprogresista cambiando el signo del distrito santafesino como gran elector para la futura renovación presidencial. Esta incorporación de la provincia al dispositivo de poder de la Concordancia se expresará localmente en los gobiernos de Manuel María de Iriondo (1937-1941) y su sucesor, Joaquín Argonz (1941-1943), representantes, ambos, del Antipersonalismo, quienes desde el control del aparato estatal y los resortes electorales, habrán de garantizar el funcionamiento en la provincia de la maquinaria electoral del justismo.

Puede sostenerse, entonces, que desde la Intervenci ón Federal de 1935 y hasta el golpe militar de 1943 se impone en el distrito provincial el proceso de corrupción del principio de legitimidad en lo referente a las normas que regulan la representación política (Botana, 1970: 650). En este sentido, se mantienen formalmente las reglas de selección de los cargos políticos, al tiempo que son desvirtuadas en la práctica. Pero se trata de un proceso nada lineal, que configura diferentes cuadros de situación en cada convocatoria electoral, de acuerdo a distintas líneas de conflicto que cruzan al partido oficial con las organizaciones provinciales opositoras, por un lado, y con las cambiantes orientaciones del gobierno nacional, por otro.

El regreso del Radicalismo a la arena electoral activa el dilema del bloque oficialista, entre la necesidad de reproducirse en el poder y la de legitimar la dominaci ón ejercida. Tanto en el orden nacional como en el local, sobresale en una primera instancia la necesidad de reproducción en el poder jerarquizando la opción por el fraude electoral, sobre todo cuando el oficialismo debe resignarse a no modificar sustancialmente las reglas del sistema de representación. El intento de modificar el sistema de representación, presente en el gobierno nacional de Justo y en el local de Iriondo, sin bien no alcanza a concretarse en sus aspectos más duros que ponían en cuestión la universalidad del sufragio, contribuye a consolidar en el seno de las fuerzas gubernamentales una imagen de sí y del sistema político que funcionará como un mecanismo justificatorio del fraude.

En una segunda etapa, ya con Ortiz en la presidencia de la nación, los caminos se bifurcan para los gobiernos local y nacional cuando se trata de responder al dilema del poder, generando fricciones entre ambos poderes, sobre todo en los momentos electorales. Mientras desde el ejecutivo nacional se apunta a responder a la cuestión de la legitimidad promoviendo el saneamiento del sistema electoral; el gobierno provincial insiste en atender casi exclusivamente a la necesidad de reproducirse en el poder, frenando el alcance del reformismo de Ortiz. Con la sucesión de Ortiz por Castillo, el poder nacional vuelve sobre sus pasos y la armonía entre nación y provincia se restaura, abandonando definitivamente el intento de responder al problema de la falta de legitimidad electoral.

En 1935, cuando con el levantamiento de la abstención de la UCR comienza la prueba de fuego para el sistema político construido por la Concordancia, el campo de argumentación utilizado por el gobierno de Justo para fundamentar la necesidad de revisar las disposiciones institucionales frente a la cuestión electoral, insiste en caras imágenes del reformismo de 1912 con respecto al rol de los partidos políticos, para constatar, transcurridos más de veinte años, lo que no se ha cumplido. Como lo expresa el presidente en su mensaje a la cámara de diputados:

Los grandes partidos políticos nacionales, con programas de gobierno definidos, claros, han proporcionado a los países que tienen una constitución semejante a la nuestra, la estabilidad, el clima político, digamos así, para que las instituciones democráticas -gobiernos y partidos- puedan desenvolverse con ajustada armonía y con provecho para el país. A una renovación de los viejos partidos, a darles nueva vida, respondió la ley electoral actualmente en vigor. Ella, que tanta influencia ha ejercido en nuestro ambiente político, que tantos beneficios ha proporcionado al crear efectivamente un electorado consciente de su poder, no ha logrado aquel propósito fundamental, no ha dado el impulso que se esperaba a esos viejos partidos tradicionales, ni ha creado otros de igual envergadura en su reemplazo. Corresponde, pues, a vuestra honorabilidad estudiar las causas de este hecho para arbitrar las medidas necesarias tendientes a remediarlo⁵.

Dos años después, ante la inminencia de las elecciones nacionales con un Radicalismo amenazante, la argumentación presidencial va más allá y, poniendo entre paréntesis uno de los pilares de la reforma de 1912, recurre a la imagen de Alberdi para plantear la necesidad de discutir la conveniencia de "la extensión ilimitada del derecho de sufragio".

Como factor concurrente para nuestro mejoramiento político, corresponde recordar que voces autorizadas han expresado a menudo sus dudas sobre las ventajas de la extensión ilimitada del derecho de sufragio. Dirigentes políticos de alta autoridad moral han compartido recientemente ese escepticismo. Sin dejarnos dominar por el respeto exagerado a concepciones caras a nuestros sentimientos, corresponde analizar serenamente si ellos han resistido la prueba de los hechos o si, por el contrario, una larga experiencia ha confirmado las previsiones de uno de nuestros más grandes constitucionalistas, el ilustre Alberdi -consignadas en forma de acotaciones a un proyecto de constitución para un país hermano-, según las cuales el sufragio universal, ilimitado y por igual, ha dado malos resultados aun en países de alta cultura política. He ahí un problema que debiérais abordar con serenidad para saber si conviene mantenerse en el camino seguido o rectificar el rumbo ⁶.

Estas propuestas no alcanzan una traducción institucional, salvo para las elecciones presidenciales en las que se anula, como ya señalamos, la representación de las minorías en los colegios electorales. Su importancia no reside entonces en el plano prescriptivo, sino como dispositivo de justificación de la práctica política. Si lo "bueno" escapa al registro de lo posible (por razones que se elude argumentar pero que dan cuenta de lo costoso que se considera vulnerar esta tradición electoral), el fraude se transforma, como señala Mustapic, en el instrumento de reemplazo, adquiriendo "un valor prácticamente institucional si se piensa en el conjunto de interrelaciones que su práctica introdujo entre los sectores que moviliza el proceso electoral" (Mustapic, 1977:262).

Bajo este "condicionamiento institucional" se desarrolla una nutrida agenda electoral en la provincia de Santa Fe en los años comprendidos entre 1936 y 1943. Es cierto que desde la instalación de la democracia electoral con la reforma política de 1912, la provincia no ha sido totalmente ajena a prácticas electorales viciadas por diferentes niveles de fraude. Pero lo que ahora se presenta como novedad es la práctica del fraude como sistema, que se ha perfeccionado bajo el control del gobierno nacional y de gobiernos provinciales adictos durante toda la década.

El fraude caracteriza al período iriondista⁷, y sólo se ve suavizado por las contradicciones que se presentan entre el poder local y el nacional, cuando Ortiz ejerce la presidencia de la nación. La manipulación electoral se constituye así en una práctica esencial para el partido de gobierno local al garantizarle el control del estado y la inscripción de la provincia en el oficialismo nacional.

En ese registro del fraude como instrumento de reemplazo, la lógica argumentativa del iriondismo se niega a asociar el concepto de democracia con la calidad y transparencia de la práctica electoral. En consecuencia, no se detiene tanto a responder la acusación puntual de la oposición con respecto al fraude, como a la consecuencia que, para esa oposición, aparece como natural: su alejamiento de la tradición democrática. El mismo Iriondo recurre primero a su biografía para responder a la crítica, considerando que su vasta trayectoria es suficiente para hablar desde un lugar no reñido con la tradición democrática; pero considera necesario,

...(dada) la controversia que, en la actualidad del mundo, suelen suscitar las desviaciones o los abusos de la democracia ....anticipar que he de preocuparme de proponer las reformas tendientes a garantizar la estabilidad de la democracia por la que bregaron los hombres de Mayo y consagró la Constitución Nacional, consistente en la igualdad ante la ley, en la supresión de las prerrogativas de sangre y de nacimiento, en abrir ampliamente para todos los ciudadanos el camino que los lleva al bienestar general y al ejercicio de las funciones públicas; pero con la condición que les impone, a la vez, como ineludible para alcanzar éstas, de su idoneidad moral e intelectual.
Esa es la democracia de nuestros antecedentes históricos, la que nuestra Constitución establece sobre la base de la capacidad de los elegidos que supone la capacidad de los electores.
El fomento por todos los medios de la cultura popular y de una meditada reforma del sistema electoral, contribuirán paulatinamente a su afianzamiento ⁸.

Hay aquí, como principal mecanismo de justificación, una apelación a la historia, a los momentos fundacionales del pasado: la democracia por la que bregaron los hombres de mayo y que consagró la constitución nacional. Apelación que busca fundamentar una visión del sistema democrático donde la idoneidad moral e intelectual para el ejercicio de las funciones públicas son requisitos fundamentales, y en última instancia se sostiene en la capacidad de los elegidos, que supone la capacidad de los electores.

A lo largo de esta enumeración de hitos que jalonan la construcción de la democracia en la historia nacional, Iriondo pasa por alto la reforma política de 1912. Aunque puede deducirse que está implícita cuando, en su mirada sobre el presente, destaca las desviaciones o abusos de la democracia, o cuando va más allá y plantea la necesidad de una reforma al sistema electoral. El olvido de 1912, refleja mejor un núcleo central en el pensamiento de Iriondo: es el sistema implantado por la ley Sáenz Peña el que con la ampliación de la participación electoral ha distorsionado esta "democracia de los mejores".

Por otra parte, la hora actual no parece propicia para el ejercicio de una democracia plena, imponiendo la necesidad de "corregir las desviaciones y los abusos", mientras se ponen en marcha los mecanismos que afianzarían la democracia, que Iriondo resume en dos: reformar el sistema electoral, que es así denunciado como un problema, lo que justificaría su trasgresión; y fomentar la cultura popular, cuyo impacto mediato en la calificación del ciudadano traslada hacia el futuro la hora de una democracia verdadera.

Así, los fundamentos de legitimidad de una forma de hacer y entender la política, se sintetizan en una consigna que el gobierno de Iriondo hace suya: "el mínimum de política y el máximo de administración"⁹. Consigna que remite a la larga historia de la tradición conservadora, ahora actualizada por las nuevas modalidades de intervención del estado.

Al ponderar el hecho administrativo como el eje de la función de gobierno se pretende desligar la acción gubernamental del ámbito de la discusión política, situándola en un lugar en el cual quienes gobiernan no hacen más que realizar una lectura calificada de la realidad y actuar en consecuencia. No cualquiera está en condiciones de ello. Como ha señalado Norberto Bobbio, lo que subyace en este tipo de argumentaciones es una concepción de lo gubernamental como algo reservado a "una minoría iluminada: (que) se funda en general en la afirmación de que la materia de las decisiones políticas en ningún caso es sujeto de opinión, ya que existen leyes naturales para el gobierno de una sociedad: descubrirlas permitiría soluciones mucho más válidas y certeras que las que se tomen por medio del conteo de votos" (Fernández Santillán, 1996: 269).

Se trata de una concepción de gobierno de elite, que se legitima por el "saber hacer" y la consecuente efectividad en la gestión, reduciendo así el impacto de la ilegitimidad electoral. En la clave de Linz, la ilegitimidad es colocada en el sistema, pero no alcanzaría al gobierno cuya capacidad de gestión administrativa lo justifica como tal.

Aunque la noción de gobierno eficiente puede tener diversas aplicaciones concretas, distintos factores, entre los que se destacan los nuevos rasgos que asume el estado, facilitan la asociación entre eficacia gubernamental y producción de obra pública. Asociación que puede reconocerse en toda la década y tanto en los gobiernos nacionales como en los locales. La capacidad de gestión de la obra pública, es un elemento central en la argumentación con la que la elite política construye mecanismos alternativos de legitimidad (Piazzesi, 1997).

Estamos frente a una concepción del gobierno y de la democracia que es mucho más que un dato puntual o un mero recurso argumentativo frente a una coyuntura electoral. Más bien remite a esa profunda convulsión en el mundo de las ideas que acompaña, en la década del treinta, al quiebre del consenso liberal predominante en la primera república (Plotkin, 1994). Un quiebre que atraviesa el campo político en su conjunto y a las mismas organizaciones partidarias y sus tradiciones, cuyas fragmentaciones y ordenamientos jerárquicos internos dan cuenta de esta situación. Volveremos sobre esto al referirnos al iriondismo como núcleo del Antipersonalismo local; y al observar el enfrentamiento del gobierno provincial con el presidente Ortiz, aunque ambos definan su inscripción en la Concordancia como Antipersonalistas.

Las numerosas intervenciones de Iriondo sobre los fundamentos del sistema democrático, dan cuenta de la importancia que le asigna al tema; que ocupa también -nada casualmente- a quienes en la organización partidaria tienen el plus de legitimidad de un cierto reconocimiento intelectual. Es el caso de Luis Di Filippo, periodista y escritor, encumbrado miembro del grupo iriondista que en estos años ocupa diferentes cargos legislativos. Con la seguridad del manejo del medio periodístico, Di Filippo traslada el debate de la legislatura a los diarios en busca de la conquista de la opinión pública. En su argumentación la democracia es presentada como un sistema de organización, más precisamente como una técnica política. Si la política es una técnica, quienes la ejerzan no necesitan someterse a las reglas del número. De esta forma se rompe el lazo entre democracia y sufragio universal:

... muere cierto estilo de democracia, desaparece cierta técnica de organización social, advienen nuevas organizaciones del estado y de la sociedad, reacciones del espíritu público contra la democracia electoralista, contra la democracia verbalista y contra todo lo que es ficción, mentira, engaño, ineptitud e ineficacia. No es posible divorciar la política de la economía ni de la técnica. La democracia marcha, pues, hacia nuevas direcciones ¹⁰.

Con este horizonte de ideas los hombres del gobierno provincial operan en un escenario donde la fuente de legitimidad de la representación política no es modificada en la letra de la ley, pero se irán introduciendo correctivos parciales que aseguran el control y la sucesión en el poder. En esta dirección puede inscribirse la Ley Electoral sancionada en el primer año del gobierno de Iriondo, la cual sin alterar el principio de la representación consagrado por la ley Sáenz Peña en la esfera nacional y reproducido en su oportunidad en la provincia, introduce reformas instrumentales, que garantizan al gobierno el control de las elecciones (Piazzesi, 2001).

En esta ley se incluye un capítulo dedicado a los partidos políticos, con un detalle de las condiciones para ser reconocidos como tales. En directa relación con las estrategias electorales adoptadas con anterioridad por el Radicalismo y el Partido Demócrata Progresista, dispone que el partido que se abstenga de concurrir a dos elecciones consecutivas perderá los derechos que les da su inscripción, la que deberá realizarse nuevamente para poder participar en otra elección. Esta exigencia recibirá las principales críticas de la oposición y la prensa, ya que "parece estar encaminada a dejar fuera de la ley a los partidos que declararon su abstención por falta de garantías... por parte de los gobiernos que le han venido oponiendo trabas, (los partidos) se han visto obligados a desertar del comicio"¹¹.

Si bien la inclusión de un capítulo sobre los partidos políticos en el texto de la ley puede considerarse una innovación con respecto a la legislación anterior¹², la nueva normativa no tiene por finalidad conferirle a las organizaciones partidarias el carácter de actores centrales en el proceso de organización y control de los actos electorales, como sí lo tuvieron en la etapa de gobierno Demoprogresista¹³.

Aunque, como ya indicáramos, la ley electoral no avanza en reglamentaciones sobre los principios de representación como los consagrados por la ley Sáenz Peña, en los debates de las campañas electorales y en el seno de la legislatura local esta cuestión estuvo presente, planteando los hombres del iriondismo la necesidad de reformas estructurales al sufragio universal. Severo Gómez, quien ocupará en el gobierno de Iriondo el Ministerio de Gobierno e Instrucción Pública, es quizás el que mejor traduce esas ideas.

A fines de 1936, en plena campaña electoral para la elección del ejecutivo provincial, en una disertación radial reproducida en la prensa escrita, resume sus ideas sobre la crisis de representación y la orientación que debería tener una reforma:

Una de las deficiencias más notorias de nuestro régimen institucional, radica en el hecho de que todas las fuerzas verdaderamente constitutivas de la sociedad no gravitan como debieran en la solución de los graves problemas políticos. Los intereses más fundamentales del estado están en cierta manera ausentes en las contiendas electorales, las que dejan libradas a la sola acción de los partidos militantes. En los últimos tiempos esta indiferencia se ha caracterizado más hiriendo la base fundamental del sistema representativo de gobierno, socavando inconscientemente su estructura orgánica y conspirando contra el mismo sistema cuya base angular constituye la representación integral directa o indirecta, expresa o tácita de todas las fuerzas que constituyen el acervo social...Los partidos políticos aunque representan una gran fuerza dinámica no constituyen por si solos todos los intereses del estado.
Como un anticipo a un régimen que necesariamente tiene que venir llevando a la práctica esa representación integral, las grandes fuerzas morales intelectuales económicas del trabajo de la industria y de la producción deben gravitar en las contiendas electorales, comprendiendo que no se juegan en las mismas sólo la suerte de los partidos, sino lo que es mucho más importante, el porvenir de la nación o de la provincia, en la actitud de su significado ¹⁴.

Ya a cargo de la cartera política del gobierno provincial, en oportunidad de discutirse el proyecto de ley electoral en la cámara de diputados, Gómez califica al presente como una hora de evolución que se manifiesta en los "movimientos sociales y políticos", como también en las instituciones y en "las bases sobre las que debe asentarse la organización del sufragio". Esto lo lleva a afirmar que el sufragio, o la organización del sufragio, debe responder a un concepto fundamental de reforma, pero entiende que esa tarea debe partir del poder nacional.

Es evidente que la organización del sufragio responde, o debe responder a un concepto fundamental de reforma. Y ese concepto fundamental creo que debe partir no ya de las provincias, es decir, de la periferia al centro, sino que debe venir del centro a la periferia. Como esas reformas fundamentales están, se puede decir, en gestación como se debaten conceptos tan contradictorios, yo creo que las provincias no deberían adelantarse a proponer reformas de ese carácter dejando que ellas, en su tiempo, vengan del organismo central, puesto que una reforma tan fundamental como implicaría cambiar las bases del sufragio, en lo que está tan interesada la opinión pública, debe tener un cierto carácter de unidad para aplicarse en toda la nación y para estar respaldada por toda la opinión pública del país porque solamente así se legitimaría. Y si a este concepto, el gobierno de Santa Fe agrega esa solidaridad y unidad de propósitos que lo identifica con la política del gobierno de la nación debe esperar que las grandes reformas vengan del gobierno nacional....¹⁵.

En la discusión en la legislatura local, aparece una clara demanda del bloque oficial sobre la necesidad de revisar las bases del sufragio, aunque el partido de gobierno no alcanza consenso sobre las formas de implementar los cambios, y transfiere esa demanda y el problema de su instrumentación al poder nacional. Es cierto que este corpus discursivo que acompaña a la discusión del proyecto, no tiene un registro explícito en el texto de la ley lectoral en definitiva aprobada, pero la puesta en cuestión de la representación política, el establecimiento de la "necesidad de una reforma fundamental para cambiar las bases del sufragio", resultará un argumento importante a la hora de justificar la manipulación electoral.

Esta inscripción en un mundo de ideas que descree de las bondades de la democracia electoral y el sufragio universal, es un factor importante para la cohesión interna del sector iriondista en el Antipersonalismo, que encuentra en ese marco argumentativo una fuente de legitimidad para el lugar que se asigna en la constelación de poder. El sector iriondista, núcleo duro del partido oficial, funciona como coalición dominante, conformada por aquellos actores que controlan las zonas de incertidumbre más vitales, es decir, "sobre todo, aquellos factores que, de no ser controlados, amenazarían o podrían amenazar la supervivencia de la organización y/o estabilidad de su orden interno" (Panebianco, 1995: 65)¹⁶.

Así, esa coalición dominante del partido oficial que representa el sector iriondista, se aleja de uno de los nudos principales de la tradición del Partido Radical con la que se habían socializado políticamente muchos de sus cuadros partidarios y un número igualmente importante del electorado al que interpelan¹⁷.

El ordenamiento legal de las organizaciones pol íticas es parte de un conjunto de medidas similares con otros destinatarios, a partir de las cuales el gobierno y el iriondismo como núcleo principal del partido oficial, van construyendo marcos organizativo-institucionales que amplían su capacidad de control sobre diferentes instituciones políticas y sociales y las actividades que se canalizan a través de ellas. Paralelamente, el gobierno jerarquiza su relación con diferentes instituciones de la sociedad civil, con las que establece un diálogo directo a partir de la gestión, lo que le permite construir una miríada de actores acotando el rol y el lugar que ocupan las organizaciones partidarias opositoras¹⁸.

IV. La imposibilidad de superar el dilema

A medida que en el orden nacional se afirma el reformismo del gobierno de Ortiz, que recurre incluso a la Intervención Federal de algunos distritos para garantizar la transparencia electoral, la cuestión electoral en la provincia de Santa Fe ingresará en una etapa decisiva. Como ya anticipamos, en esta etapa, en la que se suceden los actos electorales de 1940 y 1942, los caminos de los gobiernos nacional y local se bifurcan.

Ortiz interpreta su tiempo político desde la necesidad de responder a la cuestión de la legitimidad, aun a riesgo de favorecer el triunfo de la oposición Radical, y cuenta para ello con el fuerte peso de la decisión presidencial. Como lo revelará la Intervención Federal a la provincia de Buenos Aires, la capacidad institucional para el decisionismo presidencial es lo suficientemente fuerte como para imponerse ante el poderoso aparato conservador bonaerense.

En el marco así definido, el proyecto del ejecutivo nacional, divide a la Concordancia, en un enfrentamiento que responde a distintas variables. Por un lado, el conflicto en el seno del gobierno nacional que separa al presidente Ortiz de su vice, Castillo, y los conservadores del Partido Demócrata; conflicto que tendrá su punto de resolución con el alejamiento de Ortiz de la presidencia y el abandono de la experiencia reformista (Macor, 2001). Por otro, las resistencias del poder local iriondista a aceptar la dirección reformista nacional y sincerar los actos electorales bajo su control.

El oficialismo santafesino retacea su apoyo al presidente Ortiz, confirmando que la división en el orden nacional no responde linealmente a un enfrentamiento entre Antipersonalistas y Conservadores. La prensa local resalta esta situación:

Hasta el impersonalismo de Jujuy ha expresado su adhesión al Dr. Ortiz. Únicamente el impersonalismo de Santa Fe guarda silencio absoluto al respecto, pese a que gobierna la segunda provincia argentina y que tiene dos senadores y doce diputados nacionales. Esto puede deberse a que representantes del impersonalismo santafesino cooperaron en San Juan al triunfo conservador, que fue anulado o el comprometedor discurso que pronunció el Dr. Pandolfo en una asamblea Demócrata Nacional en La Plata ¹⁹.

Esta actitud del oficialismo santafesino guarda correspondencia con las aspiraciones nacionales de Iriondo y la necesidad de conservar el control de la situación en su provincia para su realización. Así, las dos elecciones de 1940 concentran, contradictoriamente, todas las claves que dan contenido al conflicto político. Se trata de un año electoralmente importante en el que deben definirse cargos de diputados nacionales y, también, la renovación del ejecutivo provincial.

En 1940 la provincia debe renovar 11 diputaciones nacionales, 8 de las cuales le corresponder án a la mayoría y 3 a la minoría. Su característica de elección nacional y para cargos legislativos la transforman en un verdadero test, en el cual la política reformista del gobierno nacional parece imponerse por sobre el poder provincial habilitando el triunfo opositor²⁰. Con un alto porcentaje de votantes, el Radicalismo se impone con el 48%, seguido por el Antipersonalismo que obtiene un 42%. El resultado no es halagüeño para el gobierno provincial, ni por lo que significa en su enfrentamiento con el poder nacional, ni por lo que presagia para los próximos comicios de diciembre.

En diciembre de ese mismo año, en las elecciones de gobernador, el Radicalismo, aunque sin repetir la cifra de las legislativas de marzo, vuelve a obtener el mayor porcentaje de votos (37%), relegando al partido del gobernador Iriondo al segundo lugar (32)%. El descenso en los porcentajes de ambos partidos principales se explica por la participación del PDP (ausente en las elecciones legislativas de marzo) que alcanza el 25% de los votos. Sin embargo, a pesar de estos porcentajes, la maquinaria del iriondismo ha recuperado terreno con respecto a las elecciones anteriores. La distribución geográfica del voto le permite alcanzar el triunfo en 11 de las 19 circunscripciones electorales de la provincia, con lo cual puede controlar el colegio electoral para la elección del sucesor en la gobernación.

El mapa electoral que resulta de las elecciones revela el predominio del partido oficial en las circunscripciones más pequeñas y, a la vez, menos expuestas a la opinión pública; mientras es derrotado por el Radicalismo en las más importantes, como La Capital y Rosario. En el análisis comparado de los cuadros electorales es difícil encontrar una explicación plausible de esta capacidad del oficialismo para retener electorado en una geografía y perderlo en otra; salvo que esas circunscripciones fieles, son las más vulnerables a la decisiva intervención del gobierno y el partido oficial. Esta distribución del voto tan oportuna para el partido oficial, confirma, para la oposición y la prensa, la existencia de un dispositivo con el que el Antipersonalismo clausura el tibio reformismo de marzo que había debido aceptar por imposición de la política nacional²¹.

El resultado final otorga 33 electores al Antipersonalismo y 27 al Radicalismo. Los electores radicales no dan qu órum en el colegio electoral y se dilata la proclamación del nuevo gobernador. En esa circunstancia el ejecutivo decide convocar a elecciones, para febrero de 1941, con la finalidad de elegir reemplazantes de los electores "cesantes", tal la calificación de los miembros de la oposición que se niegan a dar quórum. Elecciones que por sus características no cuentan con la participación opositora y la lista oficial sólo compite con el voto en blanco (que en esa coyuntura supera los 23 puntos porcentuales). Resuelto el impasse en el colegio electoral, el oficialismo puede proclamar, en abril de 1941, a Joaquín Argonz, ministro del gobernador saliente, como sucesor de Iriondo en la Casa Gris. El iriondismo ha dirimido así a su favor la sucesión gubernamental y, a la vez, el enfrentamiento con el reformismo promovido por Ortiz desde la presidencia de la nación que pareció amenazar su "hegemonía gubernamental".

La política del gobierno de Ortiz y su intento de sanear el sistema electoral avanzando en acuerdos con la oposición, conmovían las bases de la coalición oficial. La dura reacción conservadora frente al proyecto reformista, se vio favorecida por la vacancia presidencial que dejó en manos de Castillo, un hombre del conservadorismo catamarqueño, el ejecutivo nacional. Con la sucesión de Ortiz por Castillo, el poder nacional vuelve sobre sus pasos y la armonía entre nación y provincia se restaura, abandonando definitivamente el intento de responder al problema de la falta de legitimidad electoral.

En 1942, las elecciones de diputados nacionales en el distrito santafesino reflejan bien el nuevo cuadro de situación²². Para el iriondismo, la carrera que se inicia para la futura renovación del poder ejecutivo nacional, le otorga a estas elecciones una dimensión especial. Un dominio fuerte en la provincia, situaría al oficialismo local en un lugar importante en la mesa de negociaciones de la Concordancia a la hora de definir los principales nombres de la sucesión. En consecuencia con esas expectativas, se trata de revertir el revés sufrido en las elecciones legislativas de marzo de 1940. Al igual que entonces, las de 1942 son elecciones para diputados nacionales. El Antipersonalismo roza la mayoría absoluta casi alcanzando el 50% de los votos, mientras el Radicalismo obtiene un magro 25%, y el Partido Demócrata Progresista poco menos del 17%. La maquinaria electoral del gobierno ha vuelto a demostrar su capacidad de manipulación y la competencia electoral retorna a la situación de 1938, antes que el sinceramiento promovido desde la nación introdujera conflictos y expectativas.

En diciembre de 1942, en las elecciones convocadas para la renovación en ambas cámaras de la legislatura local, tanto el Radicalismo como el Partido Demócrata Progresista deciden abstenerse, y el partido oficial logrará adjudicarse más del 73% de los votos; porcentaje con el que podía impulsar a su principal referente para integrar el binomio presidencial en las próximas elecciones. Sin embargo, la abstención de la oposición, el bajo porcentaje de votantes (que no alcanza al 57%) y la importante cantidad de votos en blanco (más de 15%), mantenían irresuelto un problema que acompaña al poder iriondista desde la conquista de la gobernación a mediados de la década: la ilegitimidad de origen.

Tras la trama de las prácticas electorales, el iriondismo confirma el recorrido realizado en la década por el Antipersonalismo local. Al insistir en atender exclusivamente la necesidad de reproducirse en el poder, apostando a disimular la ilegitimidad electoral con otro tipo de legitimidad, Iriondo define con más claridad el pasaje a la tradición conservadora, encontrando en las distintas fracciones del Partido Demócrata sus principales aliados.

Notas:

¹ Seguimos a Juan Linz, quien distingue dos tipos de legitimidad: una referida al sistema y otra al gobierno (Linz, 1991). La legitimidad del sistema alude al reconocimiento, a la aceptación de las reglas de sucesión del poder, donde la legitimidad y la legalidad interactúan. La legitimidad del gobierno, en cambio, refiere al reconocimiento de los resultados de la gestión gubernamental.
² En la primera mitad de la década del treinta el fraude operaba centralmente al interior de la coalición gobernante. Un minucioso estudio sobre el ejercicio del fraude al interior del bloque de poder oficial puede verse en: María Dolores Béjar, El régimen fraudulento. La política en la provincia de Buenos Aires, 1930-1943, Buenos Aires, Siglo XXI, 2005; en especial el capítulo 4.
³ Aunque este encolumnamiento no resultaba sencillo incluso en distritos donde las diferencias entre los actores de la coalición marcaban claras jerarquías, las cosas resultaban más complicadas en casos como el entrerriano donde Antipersonalistas y Demócratas competían entre sí. Esta situación en el distrito entrerriano repercute en el orden nacional en las elecciones de 1931, cuando el Antipersonalismo local se niega a apoyar la candidatura de Roca como vicepresidente de Justo, propuesta por los Demócratas, e impulsa a un hombre de sus filas, Matienzo, para completar la fórmula presidencial.
⁴ La supresión del tercio reservado a la minoría afecta a las elecciones de electores de presidente y vice, no así para las de diputados nacionales.
⁵Diario de Sesiones, Cámara de Diputados de la Nación, año 1935 (Mustapic, 1977: 261).
⁶Diario de Sesiones, Cámara de Senadores de la Nación, sesión del 14 de mayo de 1937, p. 8.
⁷ Como veremos más adelante, hablamos de iriondismo para dar cuenta del liderazgo ejercido por Manuel de Iriondo en el Antipersonalismo santafesino en todos estos años. Iriondo gobierna la provincia en el período 1937-1941 y garantiza la sucesión oficial promoviendo el acceso a la gobernación de Joaquín Argonz quien fuera su ministro de obras públicas. 8 Discurso de Iriondo ante el Colegio Electoral. El Litoral, Santa Fe, 10/04/1937.
⁹Declaraciones de Severo Gómez, ministro de gobierno provincial, El Litoral, Santa Fe, 12/04/1937.
¹⁰ Nota publicada por Luis Di Filippo, con el título "Las nuevas direcciones de la democracia", en el vespertino El Litoral, Santa Fe, 18/11/1937.
¹¹ La crítica en la prensa en: La Capital, de Rosario, y El Orden y El Litoral, de Santa Fe, durante el mes de mayo de 1938, cuando se trata y aprueba la ley en la legislatura provincial.
¹² En esta misma época, otras provincias han incorporado artículos referidos a las organizaciones partidarias en su legislación electoral. Tal es el caso de la provincia de Buenos Aires (1935), Entre Ríos (1934), Jujuy (1935), Mendoza (1932), Salta (1934), la Rioja (1938).(Frías, 1944).
¹³ La ley electoral, 2283, del gobierno Demoprogresista de Luciano Molinas, establecía que las Juntas Electorales para cada elección se constituirían con representantes de los dos partidos más votados en las elecciones anteriores.
¹⁴El Orden, Santa Fe, 11/12/1936. El destacado es nuestro.
¹⁵Diario de Sesiones, Cámara de Diputados de la Provincia de Santa Fe, 13 de mayo de 1938, pp. 256-257.
¹⁶ Panebianco propone la expresión "coalición dominante" en reemplazo de las clásicas de oligarquía o círculo interno, referidas a la concentración de los recursos de poder en grupos reducidos al interior de las organizaciones partidarias.
¹⁷ Un análisis más detallado del fraccionamiento interno del Antipersonalismo y el control del aparato partidario por el iriondismo, en Piazzesi, 2001.
¹⁸ Si el rol que asumen las corporaciones empresariales ha sido señalado extensamente, en el caso que nos ocupa el gobierno provincial atiende también detalladamente a otro tipo de instituciones, como las asociaciones vecinales.
¹⁹El Litoral, Santa Fe, 04/01/1940.
²⁰ Los hechos de violencia en estas elecciones dan cuenta del nivel de conflictividad que introducía en la competencia electoral la presunción de sinceramiento. Uno de los más destacados es el protagonizado en Villa Guillermina que tendrá como saldo 3 muertos y 11 heridos. Cf. El Orden y El Litoral, Santa Fe, 30/03/1940.
²¹ Cf. La Capital, Rosario, y El Litoral, Santa Fe, del 18 y 19/12/1940.
²² El estado de sitio decretado por el ejecutivo nacional fortalece los recursos del gobierno para el control electoral.

Referencias bibliográficas
1. Béjar, María Dolores, El régimen fraudulento. La política en la provincia de Buenos Aires, 1930-1943, Buenos Aires, Siglo XXI, 2005.
2. Botana, Natalio, "La crisis de legitimidad en Argentina y el desarrollo de los partidos políticos", en: Criterio, Nº 1604, Buenos Aires, septiembre, 1970.
3. Fernández Santillán, José (comp.), Norberto Bobbio el filósofo y la política, México, Fondo de Cultura Económica, 1996.
4. Frías, Pedro, El ordenamiento legal de los partidos políticos, Buenos Aires, Editorial Depalma, 1944.
5. Linz, Juan, La quiebra de las democracias, Buenos Aires, Alianza Editorial, 1991.
6. Macor, Darío, "Una república liberal en los años treinta? La experiencia demoprogresista en el estado provincial santafesino", en: Waldo Ansaldi et al. (eds), Representaciones inconclusas. Las clases, los actores y los discursos de la memoria, 1912-1946, Buenos Aires, Biblos, 1995.
7. Macor, Darío, El poder político en la Argentina de los años '30, Temas de Humanidades Nª 8, Santa Fe, Universidad Nacional del Litoral, 1999.
8. Macor Darío, "Partidos, coaliciones y sistema de poder", en: Alejandro Cattaruzza (dir.), Crisis económica, avance del estado e incertidumbre política (1930-1943), Nueva Historia Argentina, tomo 7, Buenos Aires, Sudamericana, 2001.
9. Mustapic, Ana María, "La crisis de la legitimidad de 1930", en: Criterio, Nº 1764, Buenos Aires, mayo, 1977.
10. Panebianco, Angelo, Modelos de partidos, Madrid, Alianza, 1995.
11. Piazzesi, Susana, "Después del liberalismo: ¿un nuevo conservadorismo?", en: Estudios Sociales, Nº 13, Santa Fe, Universidad Nacional del Litoral, segundo semestre, 1997.
12. Piazzesi, Susana, "Elite política y cuestión electoral. El Antipersonalismo en el gobierno santafesino, 1937-1943", en: Anuario del IEHS, Nº 16, Tandil, Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires, 2001.
13. Piazzesi, Susana, "Los intentos de reforma electoral en la década del treinta", en: Beatriz Dávilo et al. (coords.), Territorio, memoria y relato, Rosario, UNR Editora, 2004.
14. Pinedo, Federico, En tiempos de la República, Buenos Aires, Ediciones El Mundo Forense, 1946, t. 1.
15. Plotkin, Mariano, Mañana es San Perón, Buenos Aires, Ariel, 1994.

recibido: 01/08/05
aceptado para su publicación: 17/04/06