El conflicto 'Laica o Libre': la subversión de la estructura histórica del campo universitario argentino (1955-1958)

Patricia Alejandra Orbe^*

^* Becaria CONICET, Universidad Nacional del Sur E-mail:p_orbe@hotmail.com

Resumen
El presente trabajo propone, desde la óptica de la teoría de los campos sociales, el análisis del conflicto generado en nuestro país entre 1955 y 1958 a partir de la promoción estatal de la educación universitaria privada.
La relevancia de los hechos abordados desde esta perspectiva, radica en el gran impacto que tuvieron dentro del campo universitario argentino, cuya estructura histórica se vio reconfigurada definitivamente desde entonces.

Palabras clave: Campo Universitario; Lucha; Cambio.

Abstract
This paper propose, from the social fields theory, the analysis of the conflict which was generate in our country between 1955 and 1958, because of the state promotion of private university education.
The importance of the events tackles from this perspective, is based in the great impact they had within the argentinian university field, whose historical structure was permanently changed.

Key-words: University Field; Struggle; Change.

Recibido 29/07/05
Aceptado para su publicación 02/08/07

Introducción

Los orígenes remotos de la historia universitaria argentina pueden rastrearse desde la época colonial, cuando en 1613 los jesuitas comenzaron a formar las primeras cátedras en Córdoba, con la autorización de la corona española. El escenario universitario tardaría casi doscientos años en extenderse fuera de los claustros cordobeses, a partir de la creación de la Universidad de Buenos Aires por el gobierno de Martín Rodríguez en 1821.

Sabemos asimismo que ambas instituciones fueron transferidas al estado nacional durante el siglo XIX, y que recién a mediados de la siguiente centuria, el ámbito universitario nacional habría de ser ampliado con las universidades de La Plata, el Litoral, Tucumán, Cuyo, Tecnológica y del Sur, creada en Bahía Blanca.

Estos establecimientos se rigieron por normativas que moldearon su trayectoria y se articularon en un campo estructurado en torno a la distribución de un capital cultural que le es específico y por las relaciones de fuerza que mantienen los agentes y las instituciones involucradas en su dinámica.

Conocemos el devenir histórico particular de muchas de las universidades que integraron este campo pero, ¿cuánto sabemos de la configuración de su estructura global, de las luchas que se han desarrollado en su seno destinadas a transformarlo o bien a conservarlo sin cambios? En el abordaje del campo universitario argentino como una totalidad estructurada históricamente resulta fundamental introducirnos en el estudio de las prácticas de los distintos grupos e instituciones que lo constituyeron, atendiendo especialmente a las posiciones que ocuparon dentro del mismo, a sus intereses y estrategias.

En el presente trabajo, nos concentraremos en el análisis de un acontecimiento trascendental en la historia del campo universitario argentino: el debate que tuvo lugar en 1958 en torno a la promoción de la enseñanza universitaria privada por parte del gobierno de Arturo Frondizi. La importancia de dicho suceso radica en las consecuencias que tuvo para la reconfiguración total de la estructura histórica del campo universitario, cuyos efectos perduran hasta nuestros días.

En primer lugar, presentaremos los hechos que constituyeron el conflicto mencionado, para continuar en una segunda instancia con el análisis del campo universitario entre 1955 y 1958 en su condición de campo de lucha entre agentes "subversivos" y agentes "ortodoxos" enfrentados por la dominación de su estructura.

Laica o Libre: un hito en la historia del campo universitario argentino

En 1955, un golpe militar con apoyo civil volvió a romper el orden institucional al derrocar el gobierno del General Juan Domingo Perón. El nuevo régimen dictatorial liderado por los Generales Lonardi, Aramburu y el Almirante Rojas, se autoproclamó como " Revolución Libertadora", al atribuirse el "triunfo de la libertad sobre la tiranía" encarnada por el gobierno peronista.

Si bien el peronismo había llegado al gobierno por medio de elecciones libres y en 1951 el voto popular había renovado el mandato presidencial de Perón por amplios márgenes sobre la oposición, el estilo político autoritario del presidente dificultaba la convivencia democrática. En especial, había afectado profundamente los ámbitos escolares y los medios de comunicación, en los cuales el gobierno peronista empredió operaciones tendientes a la homogeinización ideológica, reduciendo a toda idea alternativa o actitud opositora a estrechos márgenes de expresión.

La presión política que el gobierno de Perón aplicó sobre el campo de la cultura estatal, fue uno de los factores que provocó el surgimiento de un frente opositor heterogéneo al cual se sumaron los intelectuales y estudiantes vinculados al movimiento universitario, quienes festejarían efusivamente el derrocamiento.

La dictadura nacida del golpe de estado se presentó a la sociedad como un gobierno provisional, sin pretensión de continuismo que pretendía restaurar las instituciones republicanas avasalladas por la dictadura, es decir, por el peronismo.

El programa de transformación buscaba abarcar la totalidad del sistema político, que se concebía "desquiciado" por "el régimen depuesto", pero entre los escenarios que reclamaban con más urgencia la intervención y el cambio se encontraban las universidades.

El 23 de diciembre de 1955, el gobierno provisional dictó el decreto-ley 6403 sobre la "organización de las universidades nacionales". Esta norma otorgaba autonomía a estas instituciones dado que por primera vez se concedía que los cargos docentes fueran cubiertos sin la intervención del Poder Ejecutivo; también se establecía el gobierno tripartito que abría la política universitaria a estudiantes y egresados aunque en posición minoritaria con respecto al claustro docente.

Si bien en general esta normativa fue recibida gratamente por los universitarios debido a que convertía en realidad tangible las principales demandas que éstos venían planteando al Estado desde la Reforma Universitaria de 1918, uno de sus artículos, el 28, desataría una gran polémica. En él se establecía que "...la iniciativa privada puede crear universidades libres que estarán capacitadas para expedir diplomas y títulos habilitantes siempre que se sometan a las condiciones expuestas por una reglamentación que se dictará oportunamente" (Anales, 1956:19).

Hasta el momento, ninguna ley argentina prohibía el establecimiento de institutos y universidades privadas, y de hecho, no pocos ya existían en el país ; pero el otorgamiento de títulos profesionales habilitantes seguía siendo una atribución exclusiva del Estado. De esta manera, el artículo 28 introducía una gran innovación que favorecía indudablemente la promoción de las universidades privadas en su competencia con las estatales.

Expresando su repudio, distintas organizaciones estudiantiles encabezadas por la Federación Universitaria Argentina (FUA), salieron a la calle y manifestaron públicamente su oposición al decreto y a ese artículo en especial, por considerarlo como un ataque a la tradición universitaria argentina, laica y estatal. Asimismo se pedía al gobierno la renuncia de Atilio Dell'Oro Maini, Ministro de Educación, promotor de esta iniciativa y figura repudiada por los sectores laicistas por estar ligado a sectores clericales, a los que se consideraba beneficiarios directos de este proyecto de innovación.

Ante la oposición desatada en el escenario universitario y al ver que las opiniones dentro del propio seno del gobierno se encontraban divididas, se relegó la reglamentación del artículo 28 y desplazó al Ministro Dell'Oro Maini de su cargo, con lo que la cuestión pareció liquidada en mayo de 1956.

Pero no fue así. Resurgió dos años más tarde, en 1958 de la mano del Dr. Arturo Frondizi. Este había llegado al gobierno nacional con la promesa de transformar al país a través de su proyecto desarrollista. Consistía en buscar el máximo desarrollo de las fuerzas productivas y la integración de los distintos sectores sociales para promover el crecimiento económico nacional, con la ayuda del capital privado, incluso extranjero. Para ello era indispensable la formación de recursos humanos acordes al modelo económico que pretendía aplicar en el país; en consecuencia debía modificar el sistema educativo, principalmente el ámbito universitario.

Con el objeto de diversificar la oferta educacional, especialmente en la formación de técnicos, Frondizi buscaba promover la apertura de nuevos centros de enseñanza superior fuera de la órbita estatal. Con esta intención, el 26 de agosto de 1958 anunció ante la prensa que el gobierno estaba estudiando los medios jurídicos para hacer efectiva la aplicación del principio de libertad de enseñanza, consagrado en el artículo 14 de nuestra Constitución.

La repercusión fue inmediata, dado que la vaguedad del anuncio presidencial llevaba a prejuzgar que ahora sí se reglamentaría el resistido artículo 28. Pero el movimiento universitario nacional no se encontraba en las mismas condiciones que en 1955, cuando había luchado contra este problema por primera vez.

Se veía en 1958 una clara división entre los sectores más antiperonistas y las corrientes de izquierda, que condenaban la política revanchista que se llevaba contra el peronismo en todos los planos. La correlación de fuerzas dentro de la dirigencia estudiantil en general y de la FUA en particular, comenzó a ser favorable a estas últimas tendencias conformadas por independientes, algunos radicales, socialistas y comunistas. Se consideraban herederos de las banderas de la Reforma Universitarias de 1918, por lo que se identificaban como integrantes del movimiento reformista. Compartían, a grandes rasgos, un ideario popular y nacional, que consistía en la reforma agraria, la nacionalización de los monopolios y las fuentes de energía, la autonomía y el gobierno tripartito en la universidad, con carácter igualitario, la enseñanza laica y la facultad inalienable del Estado a través de sus universidades para otorgar títulos habilitantes.

Paralelamente, habían empezado a organizarse agrupaciones no-reformistas, que se adscribían en la corriente del apoliticismo. Esta postura procuraba separar las reivindicaciones pedagógicas de los contenidos político-ideológicos impulsados por los sectores estudiantiles reformistas dominantes en la universidad. Aún así, sus dirigentes se identificaban con las corrientes católicas o humanistas cristianas, y también eran firmemente antiperonistas¹. Fueron estas agrupaciones las que apoyaron abiertamente la iniciativa gubernamental de promover la enseñanza libre y se vieron enfrentadas al resto del movimiento universitario nacional, que encabezado por la FUA se lanzó a la defensa de la enseñanza laica.

Si bien la antinomia que desató este enfrentamiento trascendió como Laica o Libre, al recurrir a los argumentos de fondo, podemos observar que lo que en realidad lo que estaba en discusión era la competencia entre las universidades estatales y las privadas en materia de formación profesional y el cuestionamiento del monopolio estatal en el otorgamiento de títulos habilitantes.

El choque entre partidarios de ambas posiciones se extendió a todas las universidades del país y a numerosas escuelas secundarias. Los numerosos estudiantes universitarios que enarbolaron la bandera del laicismo contaron con la adhesión de amplios sectores de estudiantes secundarios, profesores, padres, sindicalistas y de las mismas autoridades de las universidades nacionales. Buscaban la derogación del artículo 28 y la sanción de una nueva ley universitaria que defendiera la tradición laica de la educación superior y el monopolio estatal en el otorgamiento de títulos profesionales. Con este objetivo se realizaron huelgas, juntas de firmas adherentes, ocupación de facultades y grandes movilizaciones, la mayor de las cuales tuvo lugar el 19 de septiembre frente al Congreso donde se debatía el proyecto.

El enfrentamiento en las calles llegó hasta los extremos de la violencia, dejando un saldo notable de heridos en distintos lugares del país. En los focos de mayor agitación, el gobierno nacional o local, recurrió a la policía montada para disolver manifestaciones de estudiantes utilizando gases lacrimógenos, así como para romper sus huelgas, desocupar facultades y colegios secundarios tomados por los laicistas.

El 30 de septiembre, el combatido artículo 28, frases más, frases menos, en esencia, se convirtió en la ley 14557 y la situación se agravó, porque el gobierno, luego de su triunfo en el Congreso, endureció su actitud decretando por el término de 30 días, la prohibición de reuniones o manifestaciones en público, con lo que aumentó la represión policial.

Debido a las presiones del Poder Ejecutivo, hacia fines de octubre se levantaron las últimas ocupaciones y se retornó a la normalidad de las actividades dentro de los claustros. Ante la derrota, los sectores laicistas se sumaron a las filas de la oposición al frondicismo, intensificaron sus contactos con el movimiento obrero peronista y con tendencias radicalizadas, lo que provocaría en el corto plazo, una mayor fragmentación ideológica y el aumento de la conflictividad política en el campo universitario.

Los sectores humanistas, partidarios de la libertad de enseñanza, recogerían rápidamente los frutos de su victoria ante sus adversarios reformistas cosechando sucesivos triunfos electorales que los llevarían a controlar una porción considerable de los órganos de gobierno de distintas casas de altos estudios hasta 1966, cuando un nuevo golpe de estado suspendiera el gobierno tripartito en las universidades.

Pero el efecto más profundo de esta contienda culminada con la promulgación de la ley 14557, fue la definitiva reconfiguración del campo universitario argentino. La invitación que el gobierno hacía al capital privado a invertir en la enseñanza universitaria formando universidades libres que se medirían en pie de igualdad con las ocho instituciones estatales existentes hasta el momento, fue rápidamente aceptada. La convocatoria no sería solo respondida por la Iglesia Católica², sino que también se sumarían a la competencia sectores no confesionales que en los años subsiguientes habrían de ampliar la oferta educativa con la creación de la Universidad del Museo Social Argentino, la Universidad de Belgrano, la Universidad Argentina de la Empresa, la Universidad John F. Kennedy, entre otras.

Posiciones, intereses y estrategias de los agentes enfrentados por la dominación del campo universitario nacional entre 1955 y 1958.

Para analizar el campo universitario en el que tuvo lugar este conflicto, debemos comenzar abordando las características que lo distinguían. Si consideramos que la estructura de un campo está determinada por la distribución del capital específico que allí está en juego en un momento dado, en nuestro caso nos encontramos con un espacio articulado en torno a la educación superior, al otorgamiento de títulos universitarios. En otras palabras, el campo universitario se estructura sobre la base de capital cultural institucionalizado, lo que "nos lleva a señalar la existencia de instituciones sociales a las que se les reconoce capacidad legítima para administrar ese bien. Se trata de instituciones de consagración y legitimación específicas del campo, cuya aparición y permanencia están estrechamente relacionadas con la existencia misma del campo y con su autonomía relativa" (Gutiérrez, 2005: 37).

Estas instituciones universitarias habían adquirido y acumulado este poder de administrar el capital que significa el título universitario en luchas anteriores a partir de las cuales se había configurado una distribución desigual del mismo dando lugar a distintas posiciones e intereses ligados a ellas.

Haciendo un poco de historia, debemos señalar el rol fundamental que tuvo, en la distribución del poder de otorgar títulos universitarios, la ley Avellaneda de 1885 ( ley 1597 sobre estatutos universitarios), cuya vigencia fue restablecida por el decreto-ley 477 de 1955. Esta norma reconocía el derecho de las universidades estatales de dar " los certificados de exámenes en virtud de los cuales la Universidad expedirá exclusivamente los diplomas de las respectivas profesiones científicas..." (ley 1597/1885, artículo 1, inciso 4).

No prohibía la existencia de universidades privadas pero las limitaba a prestar un servicio educativo de menor jerarquía, al no darles el reconocimiento legal y legítimo necesario para competir en plano de igualdad con las universidades estatales . De esta manera, quedaba establecido el control monopólico de la emisión de diplomas profesionales, configurando la lógica de la lucha del campo universitario.

Así encontramos en 1958, distintas posiciones determinadas por la división entre productores y consumidores de educación superior, es decir, instituciones universitarias estatales o privadas, y por otro lado, estudiantes. A su vez entre los agentes productores, la ley Avellaneda distinguía a las universidades estatales de las privadas, dado que las primeras eran las únicas que poseían la legitimidad reconocida para otorgar títulos profesionales habilitantes.

En relación a estas posiciones se establecieron relaciones de poder, en términos de dominantes y dominados, en dos niveles: las universidades como productoras de educación superior sobre los estudiantes como público consumidor; y por otro lado, entre los productores, se plantea la dominación de las universidades estatales sobre las universidades privadas. Estas posiciones sociales estructuradas en el campo estaban ligadas a intereses específicos orientados a conservar o mejorar la posición de los agentes dentro del campo por medio de estrategias tendientes a la conservación o el aumento del capital que está en juego. Como sostiene Bourdieu, "... aquellos que, dentro de un estado determinado de la relación de fuerzas, monopolizan ( de manera más o menos completa) el capital específico, que es el fundamento del poder o de la autoridad específica característica de un campo, se inclinan hacia estrategias de conservación -las que, dentro de los campos de producción de bienes culturales, tienden a defender la ortodoxia -, mientras que los que disponen de menos capital ( que suelen ser también los recién llegados, es decir, por lo general, los más jóvenes) se inclinan a utilizar estrategias de subversión: las de la herejía. La herejía, la heterodoxia, como ruptura crítica, que está a menudo ligada a la crisis, junto con la doxa, es la que obliga a los dominantes a salir de su silencio y les impone la obligación de producir el discurso defensivo de la ortodoxia..." (Bourdieu, 1990: 137).

Como hemos expuesto anteriormente, los agentes dominados dentro del grupo de los productores, especialmente ligados a sectores clericales, utilizaron su influencia a fin de lograr que el gobierno rompiera con ese monopolio que los colocaba en inferioridad de condiciones en la competencia por colocar sus productos en el mercado educativo. Es decir que movilizaron su capital social, representado por sus vínculos con organizaciones estudiantiles, diputados y senadores del oficialismo así como los que mantenían con distintos funcionarios que intervenían en la política educativa a seguir.

Al plantearse el proyecto de reforma que subvertiría la estructura del campo, ante la posibilidad de perder su rol dominante, los agentes ligados a las universidades estatales también movilizaron su capital social al recurrir a legisladores que plantearon una fuerte oposición a la iniciativa, en defensa de la "ortodoxia". Expuesto el conflicto, las distintas posiciones plantearon sus argumentos en la prensa, en discursos de barricada y movilizaron a sus partidarios en manifestaciones y distintos actos de masas -señalados anteriormente-, a fin de lograr conquistar la adhesión política de la opinión pública, de los sectores independientes entre los universitarios y en el ámbito legislativo en el cual se definiría el mantenimiento o el cambio en el patrón de distribución del capital específico del campo.

Observando estas prácticas orientadas hacia la maximalización del beneficio de los agentes que las desarrollan, debemos detenernos brevemente a señalar su carácter estratégico. En este sentido, las prácticas son producto de un sentido del juego social (Gutiérrez, 2005: 71-78) , de una aptitud -generada por el habitus- para actuar y para orientarse según la posición ocupada en el campo. Este sentido práctico tiene una lógica que está ligada al tiempo del juego, a sus urgencias, orientando al agente a tomar decisiones en función de las probabilidades objetivas que aprecia en el momento de la acción. Por lo que podemos afirmar que el margen de invención y de improvisación tiene los mismos límites que el juego, convertido en sentido práctico por funcionamiento de un habitus en el agente.

En el caso que analizamos, al hablar de juego nos referimos a una actividad regulada por normas jurídicas como la Constitución que consagraba el poder legítimo del Estado sobre la organización de los distintos campos sociales, entre ellos el universitario, regido a su vez por leyes específicas, como la ley Avellaneda ya mencionada. Esta condición del juego en el campo universitario hizo que los agentes orientaran sus prácticas dentro del límite de lo permitido por la ley, atendiendo a la necesidad prioritaria de volcar a su favor la voluntad política del poder legislativo por medio de actos de masas multitudinarios y de la opinión pública, prácticas que buscaron ejercer presión sobre el voto mayoritario en las Cámaras.

Así podemos considerar a sus prácticas como estrategias debido a que fueron resultado de la defensa de los intereses ligados a la posición que ocupaban estos agentes en el campo de juego, y del habitus incorporado. Cabe señalar que estas prácticas estratégicas se producen sin recurso a la reflexión consciente (Gutiérrez, 2005: 74), sin que el agente social sea necesariamente consciente de este mecanismo. Esto es así dado que las prácticas están determinadas por el habitus que, al ser el principio no elegido de todas las elecciones, sistematiza las orientaciones de la acción social a través de sus disposiciones a actuar , a pensar, a sentir de una determinada manera recortando los límites de la elección racional del agente. Los agentes analizados emplearon estrategias de reproducción social en términos de que estaban proyectadas hacia la conservación y el aumento de su patrimonio, el poder de controlar el mercado de la educación superior; es decir, que actuaron con el fin de mantener o mejorar su posición en la estructura de las relaciones de poder que regían el campo. Pero finalmente con la consagración en el Congreso de la ley 14557, esta estructura patrimonial se vio transformada debido a que por medio de esta norma, el Estado rompió el monopolio que detentaban las universidades estatales sobre los títulos profesionales haciendo extensivo a la privadas el poder legítimo para ofrecer diplomas habilitantes al público consumidor. En los años sucesivos, el mercado universitario habría de reestructurarse en torno a la distribución de otros capitales, como el económico y el simbólico, pero el abordaje de estos cambios excede los límites de esta presentación.

Consideraciones finales

Las reflexiones expuestas constituyen una primera aproximación al tema desde la óptica de la sociología de Pierre Bourdieu. No agotan la complejidad de la problemática abordada dado que para ello sería necesario profundizar en la teoría de los campos sociales para ahondar en la comprensión de las prácticas de los agentes que conformaron el espacio analizado. Pero en un intento por completar las observaciones realizadas en el presente trabajo, cabe agregar algunas consideraciones en torno a la relación del conflicto universitario analizado con el funcionamiento del campo de poder.

El campo universitario está subordinado al campo del poder estatal, lo que limita su autonomía. Como los otros campos sociales, está regido por el poder del Estado. Este es un poder simbólico que le permite hacer cosas con las palabras. La posesión de ese capital simbólico le concede al Estado el monopolio de la violencia simbólica legítima que tiene una de sus manifestaciones más típicas en la nominación oficial, es decir, en el acto por el cual se le otorga a alguien un título, una calificación socialmente reconocida. (Bourdieu, 1988: 138).

Por consiguiente, podemos afirmar que las luchas por el control del campo universitario que se desarrollaron entre 1955 y 1958, fueron una expresión del combate por el control de la nominación oficial que se produce al interior del campo de poder. En otras palabras, los agentes mencionados luchaban por apoderarse del capital estatal que, a través de las instituciones educativas, les otorgara poder sobre la distribución y reproducción de las diferentes especies de capital, es decir, que les permitiera manipular la estructura objetiva de la sociedad.

Reflejó una dimensión de las luchas entre fuerzas sociales dispares por el poder sobre el Estado y su monopolio de la violencia simbólica, en el contexto de crisis hegemónica que se agravaba desde el derrocamiento del peronismo y de su proscripción dentro del sistema político nacional. Los viejos socios del frente opositor al peronismo que apoyaron el golpe que lo derribara del poder, ahora se enfrentaban por dominar las distintas esferas del aparato estatal en función de sus intereses particulares y la contienda Laica o Libre no hizo más que poner en evidencia tempranamente esta relación conflictiva que se reeditaría en los años venideros con mayor virulencia.

Notas
¹ Sobre las distintas tendencias políticas dentro del movimiento universitario nacional fueron consultados Carlos Ceballos, Los estudiantes universitarios y la política (1955-1970), Bs As, CEAL, 1985; dos obras de Ciria y Sanguinetti, La Reforma Universitaria, BsAs, CEAL, 1983 y Universidad y Estudiantes, BsAs, Depalma, 1962; y Bernardo Kleiner, 1943-1963: 20 años de movimiento estudiantil reformista, Buenos Aires, Platina, 1964, entre las obras más destacadas de sobre el período.
² Bajo su patrocinio, se habrían de crear la Universidad Católica Argentina, la Universidad Católica de Santa Fe, la Universidad Católica de Córdoba, la Universidad Católica de Cuyo, la Universidad Católica de Santiago del Estero, la Universidad Católica de Salta, la Universidad del Salvador.

Referencias Bibliográficas
1. Anales de la Legislación Argentina, tomo, XVI-A, 1956.
2. Ceballos, Carlos; Los estudiantes universitarios y la política (1955-1970), Buenos Aires, CEAL, 1985.
3. Ciria, Alberto y Horacio Sanguinetti; La Reforma Universitaria, Buenos Aires, CEAL, 1983.
4. Ciria, Alberto y Horacio Sanguinetti; Universidad y Estudiantes, Buenos Aires, Depalma, 1962.
5. Bourdieu, Pierre; Razones prácticas sobre la teoría de la acción, Barcelona, Anagrama, 1997.
6. Bourdieu, Pierre y Loic Wacquant; Respuestas por una Antropología Reflexiva, México, Grijalbo, 1995.
7. Bourdieu, Pierre; El sentido práctico, Madrid, Taurus, 1991.
8. Bourdieu, Pierre; Sociología y Cultura, México, Grijalbo, 1990.
9. Bourdieu, Pierre; Cosas dichas, Buenos Aires, Gedisa, 1988.
10. Gutiérrez, Alicia; Las prácticas sociales: una introducción a Pierre Bourdieu, Córdoba, Ferreyra Editor, 2005.
11. Kleiner, Bernardo; 1943-1963: 20 años de movimiento estudiantil reformista, Buenos Aires, Platina, 1964.
12. Mignone, Emilio; Política y Universidad. El Estado Legislador, Buenos Aires, Lugar Editorial, 1998.