Estados paralelos o los paraestados: un dilema en el actual conflicto en Colombia^*

William Ortiz Jiménez¹

¹ Doctor en Sociología y Ciencias Políticas, Universidad de Granada, España. Magíster en Ciencias Sociales: Cultura y Vida Urbana, Universidad de Antioquia. Docente asociado, Facultad de Ciencias Humanas, Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín, Calle 59 N° 63-020.E-mail: willamo@une.net.co

Resumen
Los estados paralelos o paraestados, es un criterio utilizado por varios críticos, analistas e investigadores del conflicto en Colombia. El término tiene que ver con la fuerza de choque en que se han constituido los grupos armados en Colombia, específicamente las guerrillas, representadas por las Fuerzas Armadas de Colombia -FARC-, y el Ejército de Liberación Nacional -ELN-; al igual que los paramilitares, ambas fuerzas transversalizadas por el narcotráfico. El sello de Estado paralelo o paraestado, significa que son grupos que han logrado consolidar un poder económico, político y social de tal significancia, que poseen un control casi que absoluto sobre una gran parte del territorio y en éste imponen sus leyes y normas como lo haría cualquier Estado. La investigación se centró, entonces, en clarificar teóricamente ambos conceptos y la incidencia que tienen en el conflicto colombiano.

Palabras clave: Estado Paralelo; Conflicto; Empresarios de la Guerra; Desinstitucionalización; Parapoder; Paraestado.

Abstract
The parallel states or paraestados, it is an approach used by several critics, analysts and investigators of the conflict in Colombia. The term is related with the crash force that the armed groups have been constituted in Colombia, specifically the guerrillas, represented by the Revolutionary Armed Forces of Colombia -FARC-, and the Army of National Liberation -ELN; the same as the paramilitary ones, both forces influenced for the drug traffic. The stamp of parallel State or paraestado, mean that they are groups that have consolidated an economic, political and social power, that they almost possess an absolute control on a great part of the territory and in it they impose their laws and norms like any State would make it. The investigation was centered, then, in clarifying both concepts and the incidence that it have in the Colombian conflict theoretically.

Key words: Parallel State; Conflict; Managers of the War; Desinstitucionalización; Parapoder; Paraestado

Introducción

El presente ensayo hace parte de la tesis doctoral: "Los paraestados en Colombia", una investigación presentada a la Universidad de Granada, España. La temática gira en torno a explicar qué son los paraestados sustentada en las fundamentaciones teóricas de varios autores nacionales e internacionales. Así mismo, se hace énfasis que de acuerdo con las investigaciones realizadas por expertos en el tema, se pueden considerar como paraestados los actores del conflicto en el país, esto es, las guerrillas representadas en las Fuerzas Armadas revolucionarias de Colombia, FARC, y el Ejército de Liberación Nacional, ELN; los paramilitares o autodefensas y el narcotráfico. A su vez, las guerrillas, también adquieren el rótulo de Estado paralelo, según los elementos que la identifican. Los paraestados, entonces, constituyen la fuerza de choque en el actual conflicto colombiano.

Las consideraciones sobre los paraestados.

El término "paraestado" o el de "Estado Paralelo", acuñado por diversos investigadores, académicos o analistas del conflicto en Colombia, está hoy en la mira de varios tratadistas y críticos debido a la similitud que presenta con las condiciones del conflicto en Colombia.

En primera instancia, el uso del concepto controvierte un poco la tesis que se teje alrededor de que estamos en "un Estado de violencia", o de que se implementó en el país "la cultura de la violencia", lo cual distorsiona, en grado sumo, la realidad de la confrontación Estado-guerrilla o paramilitares. Con ese fin se empezó a auscultar el término de "paraestado" o de "estado paralelo", sustentado en postulados de los tratadistas que hacen un uso permanente o cotidiano de él.

En el seminario Internacional "Hacia la reconstrucción del país", llevado a cabo en Cartagena los días 24 y 25 de enero de 2008, se contextualizó de manera incisiva el concepto y de nuevo los expositores lo ubicaron dentro del conflicto en Colombia. Daniel Pecaut, por ejemplo, hizo la observación de que "ningún grupo armado tiene un monopolio, sino que hay un fenómeno de desterritorialización, lo cual lleva a que la gente acepte el orden paramilitar, pero no se atreven a discutir de política. Agrega que la guerrilla no tiene ninguna fundamentación teórica, sólo controlan la población y los recursos. Así, entonces, pueden aparecer muchos poderes locales y territoriales, pero no de la territorialidad, entendida ésta, como la relación que se entabla entre los habitantes y los actores del conflicto".²

Por su parte, María Isabel Ocampo, concluye que "la relación de la sociedad con los grupos armados es compleja. Piensa en situaciones de presencia o incluso de control paraestatal, donde la sociedad tiene margen de negociación con el paraestado, de ahí depende la capacidad del paraestado para legitimarse y la utiliza para la inserción local. El paramilitarismo, por ejemplo, llegó a funcionar como un paraestado en varias regiones del país". A esto considera Ingrid Bolívar, que hay una multiplicidad de competencias entre los élites regionales, actores, entre otros, y esto es la llamada ampliación del capo político". En este mismo orden, Fernando Escalante observa "que el Estado fuerte es el Estado de derecho, y que no hay Estados que sirvan a este tipo de de comportamientos. Por su parte, el Estado débil es el que pierde el control de lo público, la inversión posee una gran debilidad fiscal...hay en nuestros estados una franja fronteriza, criminal, donde se encuentra en poder fáctico el cual no es capaz de controlar el Estado de derecho. En ese espacio criminal pueden llevarse a cabo formas cuasi -estatales, hay una gran multiplicidad de prácticas predadoras y un parasitismo político. Por lo tanto, la debilidad del Estado permite que haya una gran acumulación de poder por medio de otros como los criminales o los grupos armados. En síntesis: la formación del estado requiere de autoridad política".

Con base en las anteriores reflexiones, se observa entonces que el surgimiento de los llamados paraestados en Colombia obedece, entre muchas otras razones, a que las prácticas de contrainsurgencia llevadas a cabo en el país por algo más de cuarenta años han fortalecido el ritmo y el crecimiento del conflicto en lugar de fortalecer al Estado como principio de autoridad. Son notorias las crisis y las fracturas, tanto en el interior de sus fuerzas represivas, como en el sistema judicial.

El uso de la fuerza pública como mecanismo de control del orden y de acción del cumplimiento de la ley, tiene algunos umbrales de eficiencia en ciertos momentos, pero cuando los límites se desbordan el control del orden termina por convertirse en factor de desorden y violencia que lleva al aparato estatal a la crisis que se ha referenciado con proporciones más vastas y significativas que las producidas por los mismos paraestados. A este hecho se le conoce como la desinstitucionalización, consistente en que las instituciones del Estado, visto en sus tres aspectos, Estado tout-court, Estado de Derecho y Estado Democrático, no sólo dejan de responder a las funciones para las que fueron pensadas, sino que pierden su eficiencia, se desnaturalizan y se pervierten, actuando en contravía de sus objetivos iniciales (Uribe de Hincapié, 2001: 74).

La desinstitucionalización hace que los lazos de unión o la organicidad del Estado, se pierdan entre las instancias y aparatos del poder público. Se atomizan los poderes, las funciones y la sociedad civil. Igualmente, es el resultado de una crisis no resuelta, prolongada, así como de la disminución del espacio público en contraposición de un orden público representado en el Estado de sitio, espectro bajo el cual vivió el país por más de cuarenta años consecutivos, conocido hoy como estado de conmoción interior. Ambas figuras han creado el desgaste de instrumentos para manejar situaciones de excepción y de conflicto; acelera y profundiza cada vez más la confrontación entre los actores que lo producen.

Los paraestados se fortalecen básicamente cuando hay una emancipación paulatina de las fuerzas armadas, la desconexión y la confrontación con el poder civil, pues fueron creadas para la protección del Estado ante la evidencia de un conflicto externo y no para enfrentar a la población civil cuando ésta reclama lo que por estado de derecho, le corresponde. Al convertirse las fuerzas armadas en elemento sólo militar, desvirtúa el mandato constitucional, desplaza los centros de poder y las posibilidades de dirección de la vida social del país. Situación que crea acciones de doble poder en el Estado: el civil y el militar, lo cual precipita la escisión del Estado. Aunque también se fortalecen los paraestados cuando la insurgencia y la contrainsurgencia hacen que la guerra desarrollada en el contexto territorial y político del país, aceleren la desinstitucionalización. Lleva a que gran parte de la inversión para solucionar problemas como el desempleo, la educación, la vivienda y la salud, se tenga que emplear en el incremento del aparato militar, lo que prolonga más el conflicto, descoordina las instituciones, produce ineficacia e impunidad.

Utilizar los recursos para hacer frente a la guerra, agota la pronta solución a las necesidades básicas de la población, origina la desprotección, el desamparo y la nulidad del derecho de gentes. Además, cuando las fuerzas militares y el mismo Estado adoptaron y buscaron apoyo en la propuesta paramilitar, acrecentó el paralelismo dentro del mismo Estado³

Agrega María Teresa Uribe que la propuesta paramilitar significó ni más ni menos el paso de la seguridad ciudadana, bien público por excelencia y fundamento ético del Estado de derecho, al control privado y la renuncia por parte del Estado al monopolio de la fuerza legítima (Uribe de Hincapié, 2001: 75), no porque un contrapoder se lo arrebatase en el escenario de una guerra abierta, sino por la cesión gratuita de este monopolio a un paraestado, cuyos mecanismos de control se escaparon a las posibilidades de un gobierno débil. Los paraestados empiezan a actuar por cuenta propia, bien sea, en defensa del Estado, como es el caso de los paramilitares o en contra de éste, como lo hace la guerrilla.

El paramilitarismo es hoy uno de puntos débiles del Estado colombiano y factor desligitimante de reconocidas proporciones en la sociedad colombiana. Esta afirmación parte del hecho de que hacen parte de una fuerza privada, esto es, complementan la espiral de la privatización de lo público, colapsan el orden institucional, postulan normas de convivencia e incrementan la impunidad.

Ahora la seguridad no es exclusiva del Estado, no es parte de la Constitución Nacional, no es de la esfera pública, porque el patrimonio del Estado le puso límites y la entregó a manos privadas con intereses particulares; lo mismo pasa con la justicia: cada individuo se la proporciona con sus propias manos, es una forma de garantizar su vida.

Lo anterior muestra que el Estado institucional es reemplazado en su función primordial por un paraestado. En este caso, la desinstitucionalización da vía a la parainstitucionalización; y en tanto que el Estado pierde legitimidad, el paraestado se fortalece, recibe más apoyo social, se muestra más eficaz en el control del orden privado, no del público, impuesto a través de la violencia. La relación establecida hace que el poder y el parapoder lleguen a compartir muchas veces, el mismo espacio territorial.

Los paraestados surgen, bien sea porque el Estado legalmente constituido cede poder a un grupo insurgente o, simplemente, establece acuerdos para el control ante el embate de un opositor que le quiere arrebatar a través de la violencia los derechos que por Constitución le pertenecen. Dice Román Ortiz, que los rebeldes construyen un aparato paraestatal alternativo que oponen a la administración oficial, y que dentro de un tiempo, dos o más autoridades se solapan hasta que una destruye a la otra y monopoliza el control sobre la población y el territorio⁴. Este control puede durar un tiempo más o menos prolongado o quizá, sea momentáneo, hasta que aparezca otro paraestado (Román, 2001: 11). Así ha sucedido infinidad de veces en el territorio colombiano con la guerrilla y los paramilitares.

El Estado, en estos casos, tiene como papel clave siendo la única fuente legítima de poder y de violencia cuando así se requiera, fragmentarse en una gran miríada de grupos y facciones que se arrogan funciones paraestatales sobre la población, la economía y el territorio. El conflicto se generaliza e irradia hasta cubrir la totalidad del país.

También es de tener en cuenta que dada la política de descentralización o desinstitucionalización, se crean una serie de vacíos en la implantación de las políticas estatales, situación que posibilita crear las condiciones para el surgimiento de los poderes alternativos. De hecho las operaciones de los grupos contrainsurgentes se desarrollan principalmente en las áreas al margen de la influencia del Estado, o donde éste sólo hace presencia a través de la fuerza militar y no en los ámbitos social, cultural y económico. Ejemplo de lo anterior, es que la implantación de las guerrillas izquierdistas a partir de los años sesenta, siguió el patrón de las áreas más fuertes en consolidación de los grupos de autodefensa liberales, surgidos durante la época de la "violencia, estas regiones fueron el Tolima, Santander, Antioquia y Meta. De acuerdo con la tesis propuesta por Timothy y Wickham, se "puede decir que el éxito de los movimientos revolucionarios colombianos a la hora de consolidar una base de apoyo social se derivó, en gran medida, de su capacidad para desarrollar todo tipo de funciones estatales (orden público, prestaciones sanitarias, educación, entre otras, en aquellas regiones donde las autoridades de Bogotá eran incapaces de cumplirlas" (Timothy y Wickham, 1995: 12).

En realidad, la proliferación de los grupos paramilitares, la guerrilla y el narcotráfico, tiene sus raíces en la debilidad del Estado.⁵ Las acciones guerrilleras, desconociendo el poder económico de los ganaderos, industriales y empresarios del país a través de la aplicación de "vacunas" y el cobro impuestos, estimuló la aceleración y formación del parapoder paramilitar o grupos de autodefensa privados, como surgieron inicialmente. El interés por estos grupos fue aceptado y apoyado por oficiales del ejército que recibían partidas civiles para llevar a cabo las llamadas "operaciones de guerra sucia" y fueron creadas organizaciones siniestras como Muerte a Secuestradores (MAS) o las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (ACCU) que organizados como parapoder con el apoyo económico del narcotráfico, la emprendieron con supuestos simpatizantes de la guerrilla, sindicalistas, grupos y partidos de izquierda y todo aquel que representase un peligro real o imaginario contra el status quo político o económico de las zonas donde operaban.

Los estados paralelos se fortalecieron con el accionar de organizaciones terratenientes o empresarios que estimularon el establecimiento de servicios sanitarios o educativos para atraer a sus propias clientelas sociales, estrategias calcadas de la guerrilla cuando éstas se iniciaron como movimiento contrainsurgente.

De otro lado, es decir, en el plano político, el paralelismo puede ser entendido como aquello que es más o menos clandestino y cuyas actividades o propuestas coinciden en gran parte con lo planteado por el Estado oficial. Políticamente es clara la existencia de puntos divergentes al momento de plantear lo paralelo. De un lado, estará el Estado constitucionalmente establecido con todas sus instituciones revestidas de poder legítimo; por otro, aquellas instituciones que pretenden robarle legitimidad y/o poder al Estado.

Tratando de hacer cada vez más claros los términos, analicemos lo que puede significar o entenderse como paraestatal. Según el diccionario de la lengua española dicho vocablo hace referencia a instituciones, organismos y centros que por delegación del Estado, cooperan a los fines de éste sin formar parte de la administración pública. De acuerdo con esta definición, la paraestatalidad, en sentido estricto, la tienen las ONG's y las instituciones u organizaciones que aunque de carácter privado, complementan o suplen la acción del Estado con el total reconocimiento de éste, el cual ajusta las normas y leyes para regular o controlar sus operaciones, responsabilizándolos de eventuales abusos. Un ejemplo de lo anterior, podrían ser las cooperativas u otras formas de economía solidaria, educación privada, servicios privados para la seguridad social y la salud, vigilancia privada, entre otros.

Es de anotar, que lo paraestatal ha de ser analizado libre de todo contexto negativo, contradictorio o contestatario a las políticas estatales; antes bien, la paraestatalidad ha de ser vista como un complemento del Estado. Colombia constitucionalmente es definida como Estado social de derecho (Manrique, 1991: 5-6)⁶, lo cual significa que éste debe garantizar a sus ciudadanos un marco legal de justicia y un ambiente de bienestar social. Pero ante la crisis generalizada de gobernabilidad, legitimidad e incapacidad para procesar las demandas de la sociedad, se nota fácilmente la presencia de un Estado anormal, inmerso en corrupción y politiquería, donde se enmarcan de una manera difusa y confusa los límites de lo legal y lo legítimo de unas y otras organizaciones que se entrecruzan con facilidad, produciendo actos aparentemente legales, pero no del todo lícitos y mucho menos ajustados a los más elementales requerimientos de la justicia legal. En Colombia la expresión paraestatal se asocia rápidamente con algo ilegal o ilícito, sin permitir entender que en lo legal, pueden existir espacios para la paraestatalidad.

Abordando el concepto de paraestado en el plano de lo político, el término hace referencia a todos aquellos organismos que colaboran con las funciones del Estado. En el país dicha función se cumple tanto desde la legalidad como desde la ilegalidad, caso del fenómeno paramilitar, el cual es mirado con recelo y desaprobación, sin contar o tener en cuenta que dentro de lo castrense existen elementos o funciones paramilitares que son legales. El caso más conocido es el que tiene que ver con la inteligencia militar -la desaparecida Brigada XX- puede considerarse una función paramilitar legal, además de los organismos de apoyo, como de intendencia, enfermería, entre otros. Comúnmente al hablar de paramilitarismo el Ejército Nacional hace la aclaración refiriéndose a los "mal llamados paramilitares". De ahí que pueda hablarse de legalidad e ilegalidad cuando se refiere a lo paramilitar, a las actividades paramilitares que no son avaladas por el Estado y que de alguna manera (ya sea contrainsurgente) están prestando una ayuda al aparato militar en el cumplimiento de sus funciones. En este sentido pueden ser consideradas "fuerzas paraestatales". En cierto momento debe entenderse que las relaciones entre Estado y paraestado no son muy armónicas, ya que es en la idea de justicia que cada una de las partes maneja donde se pueden encontrar grandes diferencias.

Los paraestados ilegales- los llamados paramilitares- aunque tengan características o elementos para ejercer a manera de Estado paralelo, no pueden ser entendidos como tal, debido a que se encuentran inscritos dentro de las ideas de derecha; es decir, su función siempre será la de velar por el buen funcionamiento del Estado y defender a mutuo propio, sus intereses. Por lo tanto, no pretende, en ningún momento estar en contra de éste, como lo pretende hacer el Estado paralelo. La ideología de los paraestados es unánime al Estado, ya sea desde lo legal o no, el fin es mantener el "status quo".

Por último, y tratando de hacer claridad para no confundir los términos, el Estado paralelo debe entenderse como una organización política con capacidad logística y operativa para disputarle el poder al Estado legal. Los Estados paralelos se hallan inscritos en el ámbito de la ilegalidad, aunque en algunos momentos pueden ser legitimados por una parte de la población que se encuentre recibiendo beneficios de ellos y no del Estado legal. Los Estados paralelos buscan establecer un reconocimiento legal beligerante⁷, tanto nacional como internacionalmente; convirtiendo su función o reconocimiento en el primer paso para buscar no sólo legitimidad, sino también legalidad en un determinado territorio: adquiere el reconocimiento de un micro-estado.

El estado paralelo está fundamentado en una organización o entidad que actúa en iguales circunstancias que el Estado. Ejerce un control territorial, posee normas y leyes de convivencia y crea los espacios de concertación con la población. De ninguna manera es reconocido oficialmente, sino que se convierte en un opositor del Estado legitimado mediante el voto popular o de acuerdo con la vía constitucional. De hecho, se podría decir que dadas las circunstancias de las organizaciones guerrilleras y los paramilitares en Colombia, éstos tienen por reconocidas características grandes dosis de paralelismo.

De acuerdo con el anterior punto de análisis, sólo la guerrilla cumple en Colombia funciones de Estado paralelo. Porque hechas las observaciones anteriores, su visión, su norte y su fin, es combatir y derrotar al Estado legal como una de las posibilidades para encontrar reconocimiento y alcanzar el poder, por eso se ofrece como alternativa política, militar y hasta social. La guerrilla negocia, pero no en términos de reinserción, sino con miras a compartir el poder. Su pretensión es clara: hacer parte del poder en todos los ámbitos. En resumen, lo que los Estados paralelos pretenden es conseguir el poder para llegar a ser Estados legales, o en última instancia, cogobernar. Claro está, que las funciones de co-gobierno las cumplen también los paramilitares, pero apoyados en gran medida, por un reducto del Ejército Nacional, que posee ciertas simpatías y llegan a entablar ciertos acuerdos para no combatirse mutuamente y entrar en choque con las políticas del Estado. Es decir, al tener un enemigo común, como lo es la guerrilla, sus intereses también son comunes.

Y, al hablar de guerrilla⁸, se hace referencia a un grupo de personas que se oponen o rebelan contra un orden legal y se organizan con el fin de desestabilizar el Estado. Sus objetivos son, en lo esencial, políticos y militares y busca por este medio, un reconocimiento legal. Aunque a la vez, sustituye el Estado y llena los vacíos que éste deja. Pretende también debilitar su poder, desligitimándolo y combatiéndolo, al mismo tiempo que se ofrece como alternativa para legitimarse nacional e internacionalmente. Presiona una "redistribución del poder" mediante la derrota o negociación con el Estado. En general, la guerrilla actúa con cierta autonomía aprovechando el factor geográfico y el apoyo que en muchas ocasiones le brinda la población civil, situación que le da la posibilidad de convertirse en un enemigo difícil de vencer por cualquiera tipo de ejército (Castro, 1987: 35-37).

Parece no existir divergencias entre los tratadistas frente al tema, en que la razón por la cual concurren los estados paralelos, está en la debilidad del Estado, lo cual permite lanzar la hipótesis ya considerada por los analistas políticos a nivel nacional respecto a que en Colombia dicha debilidad se aviene a coexistir con los males endémicos antes que combatirlos frontalmente. Lo anterior se puede resumir en lo siguiente: se pretende implementar la democracia en Colombia en medio de la violencia, la desigualdad y la pobreza crónicas.

Ahora bien, por eludir el problema de la democracia, los "procesos de paz" terminaron incorporados al proceso normal de la vida política colombiana. Aunque es claro que ningún gobierno ha conseguido adelantar una política de paz que sea consensual, eficaz y continua. Aún así, los medios de comunicación y la literatura al respecto tiendan a responsabilizar más el zigzagueo de la guerrilla y su falta de voluntad política. Es más, la guerrilla colombiana viene sentándose intermitentemente a negociar con el Estado desde 1982, pero su estrategia consiste en jugar "al gato y al ratón", y de esta manera ha empezado a leer los signos de confusión y las fracturas internas del poder.

El Estado, por su parte, trunca las reformas substanciales y, por supuesto, a la negociación que las promueva. Las experiencias de negociación Estado-insurgencia, pone de relieve una faceta adicional a la debilidad del Estado colombiano: su dependencia intelectual e ideológica (no necesariamente diplomática o económica) de los Estados Unidos.

El escenario de los paraestados

No se puede obviar que el escenario que nos presenta las FARC es muy diferente a otros movimientos revolucionarios que se han consolidado no sólo en América latina, sino a nivel mundial: consiste en los pocos nexos que ha tenido con los intelectuales y académicos del país. Por tratarse de una guerrilla de procedencia casi que en su totalidad campesina, arraigada en el ámbito rural, hace que continúen como movimiento netamente campesino. Entre las razones o factores (Nazih, 2003: 113-114) se pueden señalar los siguientes: lo primero tiene que ver con las condiciones históricas en las cuales surge así como la condición de clase social de los fundadores. Hechos los cálculos, no procede de una capital o de las grandes ciudades del país, sino de pequeños poblados. Esto ayudó a cimentar las raíces campesinas y lograr un gran respaldo de la población donde se asientan. Y, en términos generales, su composición social es de estrato campesino, desclasados muchos de ellos y sin oportunidades en términos de ejercer el poder. El segundo factor, es la división ocurrida entre el partido comunista, anteriormente brazo armado del movimiento y las FARC, debido a la incorporación de intelectuales de ascendencia urbana, estudiantes y miembros de la clase trabajadora, mientras las FARC seguían pensando en atraer a la población cercana al campo, de estirpe campesina. Un tercer aspecto consiste en la pérdida de contactos internacionales, pues desaparecida la unión Soviética, las FARC quedan sin piso ideológico-político para continuar desarrollando propaganda política y ampliar su radio de acción hacia los centros urbanos, lo que debilitó sus capacidades de movilización hacia las ciudades.

El último factor se enmarca cuando las FARC quisieron participar en la esfera gubernamental a través del partido político, la Unión Patriótica, por medio del cual había logrado adeptos y simpatizantes sin precedentes en la historia. El gobierno creó una campaña de liquidación sistemática de sus miembros utilizando para tal fin, los grupos paramilitares y fuerzas de ultraderecha. Aniquilaron unos cuatro mil seguidores e impidieron que como grupo político, se anclara en los centros urbanos. Así tuvo que retroceder en su esquema y volver a su reducto, el campo, y desde allí confrontar al Estado con una base organizacional que asume todas las características de un paraestado.

En otro plano, se podría argumentar que la guerrilla ha redefinido sus objetivos: La revolución socialista latinoamericana y la construcción del hombre nuevo, han cedido el paso al dominio político de los municipios de Colombia y la creación de clientelas a través de la acción armada (Rangel, 1998: 74). Dentro de esta nueva concepción no tiene como pretensión final, la toma del poder nacional como bien se pensaba en sus inicios. Ahora la propuesta de los planes quinquenales, la internacionalización del socialismo y la puesta en marcha de las ideas marxistas - leninistas, ha cedido el turno a la imposición de los planes de desarrollo municipal que orientan los recursos de inversión pública hacia cierta clientela, hecho que le garantiza recibir un porcentaje del costo de la inversión. También pretenden llevar a cabo cambios más profundos en cuanto al manejo político, sin caer en el socialismo radical lo cual propugna por una izquierda moderada. En este sentido la guerrilla ha redefinido sus objetivos políticos e ideológicos, además porque ya no existe el referente soviético a través del cual se trazaban los ideales y metas a seguir.

Ese espejo o brújula ideológica cayó en los noventa y también hizo que se repensaran los fines y la visión frente al poder. Pues, ahora la guerrilla no sueña con la derrota militar del ejército ni con tomarse el poder central del país, sólo a las fuerzas estatales del mayor número posible de pueblos para tomarse muchos poderes locales y así ampliar su dominio territorial con el fin de tener más capacidad de negociación (Rangel: 74) a la hora de los diálogos u obligar al Estado a negociar bajo sus propias condiciones. Lo anterior demuestra el parapoder local y regional que ha venido logrando, por eso no es un error considerar que los objetivos internacionales o ideales de lucha internacional, se volvieron municipales. Entendieron que la mejor forma de derrotar al enemigo es quitándole el poder por pedazos.

Es utópico creer que la guerrilla piensa en este siglo en una revolución latinoamericana, y prolongar el conflicto por medio de la recuperación de armas. Esta última es una estrategia de segundo plano. En primer plano, aparece el dominio territorial y político de las zonas arrebatadas al ejército y allí imponer su propia ley. En los lugares en donde está ausente el Estado, aparece el paraestado de la guerrilla. Y, así, se ha ganado en muchas ocasiones el apoyo de la población por la seguridad que crea, el orden y la norma; aunque también en diversas regiones y municipios, se le desconoce y rechaza por sus acciones violentas y terroristas. No es un error considerar que durante los enfrentamientos los rebeldes construyen un aparato estatal alternativo, opuesto a la administración oficial. Aunque en algunos casos se pueden solapar las dos autoridades, la del Estado y la de guerrilla, hasta que una se sobrepone a la otra y logre ejercer el control sobre la población y el territorio.

El análisis anterior permite considerar que las guerrillas de las FARC hoy, a nivel político, ideológico y militar, tienen unos orígenes, una historia y una composición que no facilitan un arreglo de cúpulas y, en su lugar, exigen una redistribución del poder, muy en contraste con las guerrillas liberales de los años cincuenta. La de hoy cuenta con una sólida organización militar y una larga experiencia en la lucha armada, pero no es muy sólida en su estructura ideológica y tal vez política.

En cambio, para el ELN, las cosas parecen no ser muy favorables. Reza el adagio que "todo tiempo pasado fue mejor", porque en las mismas zonas donde opera este grupo en la actualidad, están muchas veces los paramilitares y las FARC, al igual que otros grupos, los llamados bandoleros comunes, quienes utilizan muchas de las tácticas de la guerrilla y los paramilitares. A tal punto que el ELN se inmiscuye muchas veces dentro de la misma la población civil y allí desarrolla sus actividades con el fin de protegerse, porque existen miembros de la organización que a su vez lo son de las comunidades en las cuales ejercen influencia, por tal motivo es que gran parte de las masacres cometidas por los paramilitares los afecta de manera directa, situación que no sucede con las FARC, por tratarse de una organización con una base militar netamente campesina y asentada en zonas de tradición del movimiento.

Parece ser, que tanto los golpes de los paramilitares, inclusive en su propio territorio y los propiciados por el ejército, diezmaron a la organización y lo llevaron a la mesa de negociación. También, porque el único de los ideólogos de tradición que permanece en batalla es Nicolás Rodríguez Gabino, por su parte, Antonio García hace las veces de mediador internacional y los demás están presos. A este paso los pocos reductos de la organización se encuentran en Arauca, Norte de Santander, El Catatumbo, sur del departamento de Bolívar y otras zonas, pero con escasa representación.

En tal sentido, reconocer al ELN como un paraestado es bastante complicado e incierto, pues al no poseer las características de lo que el término significa, es sólo una organización guerrillera de tradición histórica, política y militar en el país. Y, el que haya incrementado su poder económico con base en lo anteriormente descrito, agregándole a esto los beneficios obtenidos por el cobro de impuestos a los narcotraficantes y el llamado gramaje cultivadores de las zonas donde se asientan, no significa que pueda catalogársele como paraestado.

Han obtenido el status político concedido por el gobierno para los diálogos, lo cual no encarna que en la actualidad tenga la misma fuerza de confrontación política que las FARC, sino que se le reconoce su capacidad de colación al Estado a través de la fuerza militar, sus ingresos económicos y la proyección hacia zonas marginales. Su capacidad militar, política y económica, no trasciende hasta donde han llegado las FARC, porque nunca han logrado consolidar un territorio definido que los identifique y le de la autoridad ante los ciudadanos. Más bien se podría catalogar a la guerrilla del ELN como parte de la prolongación de los grupos armados en Colombia y quizá haría parte del parapoder de la guerrilla, pero en sintonía con las FARC, no aisladamente.

Lo anterior se explica por la pérdida de terreno con las autodefensas, organización que les ha propinado golpes letales en la estructura del movimiento y los lograron desplazar de las zonas tradicionales o aposentos ideológico-militares, como lo fueron las regiones del Catatumbo, el Nudo Paramillo y la ciudad de Barrancabermeja, considerada por mucho tiempo, como la escuela de formación política de la organización. De todas formas, considerar a este grupo insurgente como un paraestado, es ponerlo en iguales condiciones de negociación que su similar en la lucha, esto es, las FARC.

Tal vez el logro más significativo lo tuvieron en la época en la cual la estructura militar estaba bajo el mando de los hermanos Vásquez Castaño y del sacerdote Manuel Pérez en los años 70, a partir de la muerte de éstos y la poca fortaleza ideológica fruto del derrumbe del socialismo prochino del cual nacieron sus ideales políticos y del procubano, fuente de inspiración ideológica, quedaron desarmados y sin visión en ninguno de los anteriores planos.

Para ser un grupo tan pequeño en número de integrantes o militantes, se podría decir que la capacidad de desestabilización social es bastante significativa; mantuvo por muchos años en jaque al gobierno y lo obligó a darle concesiones que mejoraron su capacidad económica y militar.

Los paramilitares

El análisis permite establecer que lo paramilitar se da en la medida en que es afín a los objetivos de la fuerza pública y su compromiso se orienta al auxilio de la organización institucional, esto es, al ejército y a la policía nacional en su lucha contrainsurgente. En este punto es donde se puede apreciar la aproximación entre la organización militar al interior del Estado, como medio de coacción física y lo paramilitar.

Se debe hacer salvedad entre los organismos que cumplen funciones paralelas al Estado en forma legal y los organismos "paraestatales" ilegales. Los organismos legales son los que en línea de seguridad e integridad, procuran defender, conservar y mantener los bienes bien sea del Estado o de sus asociados. Entre ellos se pueden destacar las compañías de vigilancia privada, y las organizaciones autorizadas por el Estado, como las Convivir, pero estas últimas se convirtieron en organizaciones paraestatales no reconocidas por el Estado en la medida en que se constituyeron en grupos u organizaciones violadoras de los derechos humanos, tomaron la iniciativa de la expropiación territorial del Estado, fueron y aún algunos reductos de las mismas, son las causantes de la mayoría de los desplazamientos que ocurren en el país y se fortalecen económicamente a través del narcotráfico. Las anteriores acciones de los paramilitares han contribuido a deformar la estructura del Estado en su accionar político, económica, social y cultural.

Este marco de referencia permite hacer la aproximación a los conceptos de paramilitar y autodefensa, veamos: Las guerrillas consideran que "las autodefensas de hoy son oficiales, creadas por el gobierno y el ejército, por eso reciben el nombre de paramilitares"(Medina, 1990: 210), apreciación que pone en evidencia la distinción que existe entre grupos paraestatales no oficiales, en consecuencia, la guerrilla en Colombia nace como grupo de autodefensa en protección de la violencia ejercida por el Estado y las organizaciones paraestatales oficiales hacia los años sesenta, quienes eran los paramilitares de la época. En cambio, los paramilitares actuales, también surgen como grupos de autodefensa, pero en defensa de la arremetida de la guerrilla e igualmente son aceptados por el Estado. Esa es la gran diferencia: ambas organizaciones son paraestatales por asumir funciones que les corresponde netamente al Estado, en lo relativo al control territorial, la aplicación de normas de convivencia, la defensa y protección de la población civil bajo su mando y la aplicación de justicia cuando los hechos lo requieran, pero sus orígenes son diferentes, al menos en la creación, porque los llamados paramilitares tienen reconocimiento del Estado y algunos de los decretos y leyes que permitieron la creación de las autodefensas, desembocaron en la formación paramilitar.

En razón de lo anterior, Guillermo Tarazona o Luis Ramírez, jefe de las Autodefensas del Magdalena Medio en los primeros años de fundación, se pronunciaba: "Nosotros lo que hicimos fue unirnos a las Fuerzas Armadas de Colombia..." (Medina, 1990:210) ante la arremetida de la guerrilla. Este contexto vislumbra la connivencia de los paramilitares con el Ejército regular.

Una vez realizada esta primera ubicación contextual respecto al surgimiento y fortalecimiento de los paramilitares, se tratará de identificar el significado del término. Según Fernando Cubides, en su escrito, "Los paramilitares y su Estrategia de Reconocer la Guerra Para Construir la Paz", considera que paramilitares son:
...grupos armados que al margen de las normas y convenciones del derecho de la guerra, combaten a la insurgencia persuadidos de que las armas y los recursos del Estado no lo pueden hacer con eficacia. Del Estado nacieron como lo reflejan las disposiciones que crearon y pusieron en marcha esa estructura, según sus directrices. Se desarrollaron en su ideología de seguridad nacional, y recibieron armas y ayuda para la redacción de los estatutos y la contratación de los mercenarios. Las fuerzas armadas y gran parte de las autoridades civiles protegen su avance en las regiones, avalan su proyección política y garantizan la impunidad de sus crímenes; el Estado depende de la vitalidad de esas organizaciones que no son como se sugiere, una rueda suelta (Cubides, 1999: 194-197)

Por su parte, para otros investigadores del fenómeno paramilitar en Colombia, se entiende como fenómeno paramilitar, un proceso político- militar de ideología anticomunista, llevado a cabo por un ejército privado dividido en frentes de combate. Lo paramilitar está caracterizado por una estructura militar con organización de ejércitos móviles con amplia cobertura territorial. Su fin, concluye un confeso paramilitar, era cambiar la sociedad por medio de una revolución "realista". Este proceso autárquico aproxima al paramilitar (en su propio sistema de referencia) al procedimiento de su enemigo. Su causa es revolucionaria. Es, verbigracia, transformadora, gestora de un nuevo orden a partir del caos. Las evidencias indican una fuerte participación de las clases medias rurales en zonas fuertemente influenciadas por el control guerrillero, emparentadas entre micro poder (muchas veces bandoril) de la izquierda armada y la ausencia efectiva de protección estatal. La revolución paramilitar es más que una manifestación de la derecha armada, o un simple apéndice a la salvaguarda del establecimiento. Sostiene un profundo discurso de transformación cultural, un retorno a ese "sentido común" de la sociedad, de matices muy similares a aquellos postulados por el fascismo. Por la creación de un ejército propio y una fuerza no convencional de soldados y especialistas de guerra que es lo que comúnmente se conoce como organismos paramilitar.

Las anteriores aproximaciones en lo concerniente al fenómeno paramilitar, pone en evidencia que la ideología es propia del Estado y que en consonancia con el estudio ofrecido por distintos sectores políticos, las autodefensas pretenden una revolución armada, al estilo guerrilla, pero la diferencia radica en que la guerrilla busca un cambio en el status quo del Estado y dar un giro hacia un estilo de gobierno más democrático, justo, de carácter social; en cambio, los paramilitares, se consolidan como el grupo de ultraderecha, defensor acérrimo del Estado, del status quo de la ideología capitalista o neoliberal. El poder no les interesa, sólo hacer parte de él, manteniendo el orden social y económico que lo define. En este margen de apreciaciones, siempre quedará la duda de reconocer en el fenómeno paramilitar un paraestado o simplemente, una fuerza de ultraderecha.

Siguiendo la tesis de Alfredo Rangel Suárez (Rangel, 1998: 57-62) en su texto, "Colombia: Guerra del fin de Siglo",
"el paramilitarismo se ha asentado como un tercero en discordia en el conflicto armado interno en Colombia. Paramilitares siempre habían existido, pero sus nuevas expresiones y su dinámica reciente hacen pensar que, para mal o para peor, esos grupos van a influir de manera notoria en el curso futuro del conflicto. La impotencia del Estado para garantizar la seguridad en las regiones; la ineficacia de las fuerzas Militares para contener a la guerrilla; el desbordamiento de los grupos insurgentes en el uso de la violencia contra la población; los continuos y duros golpes que la guerrilla le ha propinado al ejército; la inagotable prosperidad del negocio ilícito y voraz inclinación hacia la inversión en tierras para asegurar sus ganancias; en fin, la creciente percepción de muchos sectores sociales, dentro y al margen de la ley, da a entender de que el conflicto va para largo y que el Estado no pudo con él".

Los grupos paramilitares cuentan de manera creciente con el apoyo social del que antes carecían. Político, porque internamente la fragmentación del país y el involucramiento de la población civil en el conflicto se aceleran de manera creciente y porque externamente podríamos estar a un solo paso del aislamiento internacional. Institucional, porque parecería que la actitud complaciente con los paramilitares e indiferente con la guerrilla estuviera relegando al Estado de un papel cada vez menos protagónico y más contemplativo y expectante, más aún, porque la falta de eficacia del Estado como factor de orden y de civilización parece legitimar a los grupos ilegales que por doquier imponen su ley y en muchas regiones del país actúan como redes de poder que imponen por encima del Estado sus propias reglas de juego a la población de manera similar a como lo hace la guerrilla en sus zonas de control, lo que ha hecho de la retaliación ciega la medida de lo justo y la violencia indiscriminada la base del derecho. Al Estado no sólo se le ha escapado el monopolio de la fuerza, también se le está escapando el de la justicia y del tributo. Por lo que cada vez será menos viable de reconocer en el paramilitarismo un proyecto nacional contrainsurgente de franca naturaleza política (Rangel, 1998: 43-44).

En consideración, los grupos paramilitares no son más que de autodefensa, en primera instancia, y de retaliación, en segunda. Lo que significa: el fenómeno paramilitar es la prolongación de la justicia armada por vías ajenas al Estado, impuesto por organizaciones que buscan como alternativa el paraestado; en cambio, la autodefensa, es una fuerza democrática compuesta principalmente por aquellas personas que de una u otra forma han sido víctimas en todo el país de la subversión totalitaria y en legítima defensa de su libertad, vida y honra y bienes, se han visto obligadas a organizarse en los llamados grupos conocidos como de "autodefensa", tratan de defender lo que han logrado con base en el trabajo, aunque algunos han intrometido en sus bienes lo que les ha proporcionado el narcotráfico. Por lo tanto, las autodefensas surgieron para proteger sus bienes, pero continuaron algunas de ellas acumulando riquezas apoyados en su poder militar e hicieron nexos con las mafias, lo que desvirtuó su origen y filosofía.

La procuraduría General de la Nación, llegó a considerar que:
"la autodefensa en grupo, convocada y organizada por sus propios integrantes, no está autorizada ni por Constitución ni por la ley. En nuestra Constitución y Leyes de la República, está permitida la autodefensa en grupo, siempre que éstos sean convocados y autorizados por el gobierno nacional dentro de un marco legal y vigilados y controlados por éste. Si los llamados o autodenominados grupos de autodefensa no han sido convocados por el Gobierno Nacional (Presidente y ministros), no pueden funcionar, no pueden actuar" (Medina, 1990: 206)

Lo anterior da muestras de que los grupos de autodefensa creados por el Estado a través de la ley, se convirtieron en paramilitares en cuanto que desviaron sus objetivos de autoprotección y defensa. En la actualidad son un parapoder que actúa sin compromiso directo del Estado, pero si de manera indirecta, como lo demuestran los nexos que existen entre los militares activos y líderes de estos grupos en vastas zonas del país. También queda claro que la incapacidad institucional del Estado para ejercer el monopolio de la fuerza, en palabras de Weber, y garantizar por esta vía la seguridad de sus asociados, legaliza e institucionaliza los grupos de autodefensa y paramilitares. El respaldo que reciben de parte del Estado pone en evidencia que cada vez es más difícil su erradicación.

A manera de dar respuesta a ambos términos, autodefensa y paramilitarismo, el primero se refiere, entonces, a las organizaciones sociales de alternativa que buscan el común interés de una comunidad, la protección de sus vidas y bienes, supliendo la necesidad innata del ser humano a la conservación de la vida; asociación de alternativa resultante y motivada por el incumplimiento del "Contrato Social" que da origen al Estado colombiano. La defensa es uno de los principios inquebrantables de estas organizaciones, no el ataque. Generalmente no posee un enemigo en común, ni defiende una ideología; no busca poder militar ni político, ni pretende conquistar nuevos territorios. En síntesis: sólo aspiran cubrir una necesidad de conservación y protección de su vida y la de los allegados, así como la protección de sus bienes, utilizando para ello la fuerza de la unidad y asociación, mediante el empleo de armas rudimentarias a su alcance, o de defensa personal, localizadas en un territorio donde han ejercido tradicionalmente sus derechos naturales e inalienables. Consiguientemente, la autodefensa es inherente a la naturaleza humana, ésta no es delegable, y por lo tanto, es asumida en forma personal y/o en comunidad; no defiende intereses diferentes a la seguridad y a la propiedad que garanticen su supervivencia, como tampoco se conforma para la defensa de intereses ajenos a la persona o la comunidad.

Las diferencias están centradas en lo siguiente: existen las autodefensas espontáneas, que surgen de la necesidad apremiante de defensa personal y/o colectiva ante el peligro de su vida y de sus bienes provocados por un ataque imprevisto y llevado a cabo por grupos armados irregulares o delincuencia común organizada. Esta modalidad de autodefensa no perdura en el tiempo, sino que desaparecen tan pronto se ha alejado el peligro. Su accionar no es coordinado, ni tampoco hay planeación en sus actos de defensa. Aunque pueden llegar a dar lugar a la formalización de grupos de otra índole, como los paramilitares o la guerrilla. Claro está, que regularmente a ciertos grupos de autodefensa espontánea se le reconoce como de "resistencia civil", que buscan rechazar o forzar el retiro de grupos armados que actúan contra la población inerme. En contraposición, se encuentran las autodefensas organizadas o legales, que surgen de la necesidad de la comunidad en organizarse para protegerse de la agresión y el peligro de sus vidas y bienes en un territorio determinado donde la incapacidad del Estado, la desprotección y el abandono, son sus características. Surgen por iniciativa de la comunidad o por iniciativa del propio Estado que decide organizar a la comunidad para que coadyuve con la fuerza pública en su deber constitucional de proteger vida y bienes.

En consecuencia, las Autodefensas Unidas de Colombia, se consideran como un movimiento de resistencia armada contra la guerrilla marxista, independiente del gobierno nacional. Ejecuta, para lograr su objetivo, una estrategia paramilitar, es decir, lucha clandestina, lo que se constituye en un complemento funcional, estratégico y militar para las Fuerzas Armadas del país. Tampoco parece haber duda, y dado el carácter independiente de la organización, sobre el actuar mancomunadamente con las fuerzas armadas y que aplicando una ecuación a lo Clausewitz, son un complemento para la tarea antiguerrillera de las AUC: ambos tienen un enemigo común, por lo tanto, las acciones son también comunes.

Las autodefensas argumentan que a pesar de haber nacido como un embrión del Estado que buscaba la protección de la propiedad privada y de prolongación del escuadrón de las fuerzas armadas, es decir, una evolución político-militar; ahora son una agrupación independiente de éste, sin excluir que de algunas organizaciones estatales, reciben cierto apoyo. Según esto, al ser un actor independiente del Estado, no se les puede desmantelar por decreto sino que se tiene que entrar a negociar con ellas y darles el carácter de status político.

En cambio, el paramilitarismo, con el empleo de métodos similares a los de la guerrilla, esto es, la extorsión, el boleteo, el chantaje, la vacuna, la amenaza, el terror sobre la población, la violación a los derechos humanos, el secuestro y el narcotráfico, se han convertido en grupos que sólo buscan el poder económico, político y hasta cultural, por diferentes medios. La expansión territorial es vital para el desarrollo de sus funciones y así preservar la vida de sus asociados. En este sentido el paramilitarismo no defiende al Estado, pero si lo suplanta y se enfrenta a su más enconado enemigo, la guerrilla. El paramilitarismo ejerce dominio territorial, político y militar en zonas determinadas, algunas expropiadas por la fuerza y otras cedidas por el Estado, para sus pretensiones de frenar a la guerrilla.

El paramilitarismo hoy en Colombia, se ha consolidado en un proyecto nacional de naturaleza contrasubversiva, con una unidad política y militar centralizada, y su misma expansión fragmentó al Estado en parapoderes definidos: el de la guerrilla, el de los paramilitares y el del narcotráfico. Al llenar el vacío dejado por el Estado, es que se convierte en un paraestado.

El narcotráfico

El narcotráfico en Colombia, analizado en estas argumentaciones teóricas, es el tercero de los paraestados, no porque corresponda dadas sus características a este rango, sino porque estudiadas sus condiciones sociales, económicas, su fortaleza política y su proyección en la historia del país, es de manera indiscutible el paraestado que transversaliza a los dos anteriores, esto es, a las guerrillas y a los paramilitares. Además, está inmerso en todas las esferas de la nación colombiana.

El contexto histórico puede ubicarse en la década de los ochenta cuando se consolida se poder y logra desarrollarse como un sistema de mercado, con sus propios recursos y mecanismos de expansión, con un complejo mapa organizativo y redes clandestinas tanto a nivel nacional como internacional, pero básicamente con un nivel de ingerencia en todos los campos de la sociedad, que la modifica culturalmente de manera significativa (Angarita, 2003: 18)⁹.

El mercado del narcotráfico posibilitó la vinculación de miles de campesinos de manera permanente al cultivo de marihuana, coca y amapola, convirtiéndose éste último, en el cultivo principal y dejando los productos de consumo tradicional como cultivos alternos, lo cual alteró los costos de vida en las zonas donde ocurre este hecho. Aunque también fue el gestor de grandes monopolios y poderosos oligopolios, los llamados carteles de la droga encargados del procesamiento, exportación y distribución a través de grandes redes no sólo en Estados Unidos, sino también en el mercado europeo y asiático.

El dinero que entra a los carteles de la droga son invertidos de "manera legal" en el régimen de propiedad de la tierra, en la propiedad horizontal, en el sector bancario, industrial, educativo y en el deporte. El sector macroeconómico del país está sustentado en el auge del negocio de la droga e incide directamente en el Producto Interno Bruto del país, lo cual se demuestra en lo poco afectada que se vio la nación a nivel económico con la crisis que se extendió por todo el continente latinoamericano en la llamada crisis de los ochenta.

Lo anterior da muestras de que el narcotráfico ha tenido la capacidad de penetrar en todas las capas sociales del país con la introducción de la ganancia fácil y que extendió esta idea a varios de los ciudadanos que comenzaron a traficar con la droga. Es por eso que la actividad del narcotráfico instauró un poder enorme que se mueve dentro de la lógica de la mafia (Angarita, 2003: 99), que de ninguna manera acepta contradictores u opositores para la realización de sus fines, lo cual lleva a que si se tiene que usar la violencia, pues se usa y si deben participar familiares, amigos, militares, políticos o cualquier otro actor social, se admite. Las tácticas empleadas van desde el soborno de empleados estatales, la constitución de grupos de poder político para que defienda leyes en el Senado o en la Cámara, sancionen normas, decretos, que fortalezcan su oligopolio, como ocurrió con el Grupo Santo Domingo, que logró a través de presiones políticas, revocar una sanción de la superintendencia de Control de Cambios por manejo ilegal de divisas en 1982. Pero también lo hacen ilegalmente por medio del contrabando, el comercio de piedras preciosas del país, compradas con dineros del narcotráfico, como lo son las esmeraldas u oro y productos tropicales que se expanden a otros países.

Es un hecho: los presupuestos de poder de la mafia permeó el funcionamiento político y económico de las élites colombianas y hoy no se toman decisiones en este orden, sino se tienen en cuenta las apreciaciones que la organización pueda dar al respecto. Todo se demuestra con la entrada de los llamados "dineros calientes" que han penetrado en las diversas campañas presidenciales, siendo la más conocida en el ámbito nacional e internacional, la del expresidente Ernesto Samper Pizano, por el llamado proceso ocho mil en el cual resultaron involucrados una serie de reconocidos personajes del país. Y trascendió de manera inmediata a consolidar en el país, la organización de poder conocida como "parapolítica", que inmiscuyó gran parte de congresistas elegidos por voto popular en zonas donde tienen dominio los paramilitares en las elecciones de 2002 y 2006, con la reelección del presidente Uribe.

Pero el narcotráfico no sólo permeó las capas sociales y penetró en la vida política, sino que también consolidó los grupos de poder y protección militar como son las autodefensas o paramilitares, que nacieron en la época de gloria de reconocidos narcotraficantes como lo fueron Gonzalo Rodríguez Gacha y Pablo Escobar Gaviria, situación que extendió el fenómeno de la violencia e intensificó el conflicto bélico en el país. De un lado, proliferó la justicia privada a través de contratación de sicarios o asesinos a sueldo: este fue el origen de las bandas de sicarios al servicio de la mafia y, por otro, montaron en el área rural los grupos privados que, en este caso, son las llamadas autodefensas, que con todo un emporio agrícola, ganadero y cocainero, usan la violencia como arma principal para desplazar a pequeños propietarios de tierras y luego utilizarlas para los cultivos ilícitos y dejarlas a expensas de los carteles de la droga.

El narcotráfico también se ha mostrado como un paraestado a través de la fuerza, a tal punto que ésta le dio la suficiente entereza para forzar los diálogos con el Estado. La conocida era de los diálogos va desde 1977, hasta 1991, cuando se realizó el plebiscito que dio paso a la Asamblea Nacional Constituyente y la última que se gestó en el primer mandato del actual gobierno, esto es, en el 2003 hasta los acuerdos de Ralito. La historia de las negociaciones implícitas con el narcotráfico se sitúa en la administración de López Michelsen (1974-1978). En 1977 empezaron promovidos por la ANIF (Asociación Nacional de Instituciones Financieras), cuando era presidente de la organización Ernesto Samper Pizano, encargado de suscitar grandes debates sobre la legalización de la marihuana y sobre la economía subterránea. La propuesta inaugural de la legalización de la marihuana auspiciada por la ANIF trascendía la simple discusión sobre la legalización de los capitales y se orientaba, con muy buen sentido, a posibilitar la consolidación de la posición social de esa nueva burguesía que representaban los señores de la "marimba".

Las discusiones sobre la economía subterránea estuvieron lideradas, en general, por los gremios de la producción, cuyos representantes utilizaban todavía por lo menos en torno al tema de la droga, el lenguaje pragmático y utilitario de los economistas y no el moralizante y exaltado de otros sectores de opinión. Se hablaba en aquellos días del enorme incremento en los ingresos registrados por conceptos de la Cuenta de Servicios del Banco de la República, con la llamada ventanilla siniestra¹⁰ y de los peligros de desestabilización que representaba para el conjunto de la economía colombiana la existencia de una economía clandestina, paralela a la economía formal.

Los narcos forzaron los diálogos con la única estrategia de constituirse en un refuerzo para el modelo económico, social y político vigente, proponerse como alternativa de paraestado en toda la dimensión económica, consolidar la posición social a través de la legalización de sus dineros por medio de una participación activa en la vida política, orientada a ganar legitimidad hasta conseguir la abolición del tratado de extradición, y acaso también la legalización de la droga, de manera que pudieran disfrutar plenamente de su condición de burgueses y de ciudadanos de bien basados en que el poder económico, los libraría de toda culpa social. Esos propósitos parecían coincidir plenamente con la apertura democrática y con la autonomía de la política exterior de la administración Betancur.

Los grandes protagonistas de esa gesta política frustrada, fueron en ese entonces, Carlos Lehder y su "Movimiento Latino Nacional" y Pablo Escobar quien al frente del movimiento "Civismo en Marcha", habría de llegar luego de superar mil dificultades y de ser expulsado del Nuevo Liberalismo, a ocupar la posición de suplente del parlamentario Jairo Ortega en la Cámara de Representantes.

Las élites sociales y políticas entraron en pánico frente a la arremetida política del narcotráfico. Porque, las élites y la burguesía colombiana, no habían hecho los cálculos de que el poder económico que tenían los narcotraficantes podría arrasar con el poder político y social que por muchos años les pertenecía. Sin lugar a dudas, le temían a que sus políticas, las del narcotráfico, se convirtieran en un proyecto de toma del poder y de sustitución del poder. La reacción fue tremenda. El pánico se trocó en moralismo y empezó a fustigar de manera sistemática desde la gran prensa y desde todos los podios y foros a los nuevos advenedizos de la política y a la corrupción política determinada por la presencia de los dineros del narcotráfico en general.

El proyecto de consolidación y de posición de la nueva burguesía representada por los empresarios de la droga en el seno del sistema sociopolítico colombiano a través de su participación activa e independiente en la vida política nacional, terminó en un gran fiasco. El ensayo le dejó al narcotráfico una terrible lección: la burguesía tradicional estaba, en buena medida, dispuesta a recibir sus dineros y aún a reconocerles un lugar precario y subordinado en el esquema social vigente, pero no estaba, en ningún caso, dispuesta a aceptar su participación y representación autónomas en la vida política nacional. La estrategia de inserción del narcotráfico debió ser cambiada, por lo menos en lo que toca su participación activa en la vida política, a partir de entonces. Pero dentro de este marco de rechazo generalizado también se abrieron las puertas para que el entonces procurador Carlos Jiménez Gómez, iniciara el primer intento de diálogo, ya que mucho antes había considerado el Tratado de Inconstitucional y a través de varias entrevistas lograra una especie de "paz Pactada" mediante la cual se acordó el retiro de los narcotraficantes de la vida política y el desmonte de los movimientos de Lehder y Pablo Escobar.

De acuerdo con el análisis propuesto por Pécaut, las redes del narcotráfico nunca fueron demasiado amplias, muestra de ello es que el ejército que tenía el Cartel de Medellín no llegó a sobrepasar los doscientos sicarios a su servicio, muchos de ellos recibían beneficios en contraprestación, como primas, casas y zonas de recreación. Por tal motivo, Pablo Escobar tuvo fama de ser benefactor del pueblo, porque no sólo hizo construir algunos barrios, sino que brindó apoyo en otros para la construcción de casas y a algunos de los habitantes les otorgó la cuota inicial para que la adquirieran. También financió la construcción, la iluminación de canchas de fútbol, o como lo expresa Salazar, arrojó billetes desde un helicóptero en los barrios pobres. La red del narcotráfico tuvo influencia en algunas capas sociales de las cuales gozaron de reconocida legitimidad, pero aún así, no había una protección directa de la organización hacia la población ni una posesión territorial. Si lograron algo parecido de este orden en la ciudad de Medellín, no ocurrió lo mismo en ciudades como Cali o Bogotá. Tuvieron poderes locales- poco se discute respecto al control absoluto que tuvo Pablo Escobar sobre los municipios de Envigado y, en parte, sobre Bello e Itagüi, y en regiones como Puerto Boyacá-, pero las zonas de cultivo no estaban sometidas a sus leyes, sino que operaban de acuerdo con el control ejercido por la guerrilla y las recién creadas autodefensas, situación que le ahorraba costos políticos, imagen, riesgos y demás aspectos que comprometiera a la organización (Pécaut, 2001: 168).

El escenario se hizo más complejo cuando algunos de los gobiernos tomaron la decisión de reprimir, perseguir y asumir un ataque frontal contra las organizaciones de narcotraficantes. Ellos fueron, por ejemplo, los de Virgilio Barco, César Gaviria y Ernesto Samper, que combinaron la lucha frontal con las negociaciones o acuerdos discretos. A tal punto que la iglesia fue mediadora para que se acordara un cese de hostilidades y participó en diálogos con los capos de la droga. El Padre García Herreros, director del programa "El minuto de Dios", con transmisión diaria por los canales oficiales, fue uno de ellos. Esa doble moral: la guerra frontal y las puertas abiertas, creó más fortaleza en los carteles y pusieron condiciones de negociación. Famoso fue el artículo 35 de la Constitución Nacional el cual se expresa la no extradición de colombianos a los Estados Unidos.

La organización y las redes se reacomodaron, estructuraron nuevos ejércitos y fragmentaron las redes para tener mayor capacidad de respuesta ante el gobierno. Pero, contrariamente, las exigencias del imperio norteamericano en cuanto a resultados frente a los capos de la droga y la participación de la CIA en la lucha y planeación, dio mejores resultados al Estado. Así se logró la muerte de Gonzalo Rodríguez Gacha en 1989, no sólo por la capacidad gubernamental, sino por la misma fragmentación y los continuos conflictos internos producto de la fragmentación de la organización. Bien se sabe que Rodríguez Gacha fue casi que el exterminador del partido político la Unión Patriótica, brazo político de las FARC. Por otra parte, Pablo Escobar se sometió a la justicia previa aprobación de la no extradición. Le fue acondicionada una cárcel, costeada con sus propios dineros adquiridos mediante la droga e igualmente se escapó de la misma cuando se le fueron violadas ciertas condiciones. Con su muerte se debilita el cartel de Medellín, y los jefes secundarios quedan al mando de la organización.

Lo que antes se consideraba como una red con una estructura organizacional y cabezas de mando, desaparece y se postulan los llamados núcleos de organización criminal, más modestos, pero con mayor efectividad ante las acciones de la policía y el ejército, pues son bandas de "fantasmas" sin territorio fijo y con laboratorios móviles y con rutas de exportación propias (Pécaut, 2001: 169).

Al transformarse las redes de dominio en la estructura de la organización, también se transforman las redes de dominio sobre la sociedad. Ahora las actividades de los narcotraficantes se diversifican, porque no importa sólo el tráfico de la droga, sino la posesión de las mejores tierras del país para el cultivo de la coca y, a la vez, combinarlas con la ganadería. En el año 1998 se calcula que habían adquirido cuatro millones de hectáreas y ejercieron su influencia sobre otros grupos sociales dedicados a la agricultura con experiencia en este campo y con nuevos actores sociales: la guerrilla y los paramilitares. Ahora no es el Estado el que cobra el impuesto sino los nuevos grupos de protección.

Cuando se ha tratado de demostrar que el narcotráfico es un nuevo paraestado, aún más, que es el paraestado que transversaliza a los otros paraestados como la guerrilla y los paramilitares, es porque sus redes de dominio y nuevas estrategias frente a las instituciones del Estado se fortalecen en la corrupción. El narcotráfico, sin lugar a dudas, penetra todas las instancias sociales y está activo en sus diversas capas. Como organización delincuencial carece de un proyecto político o un ideal de transformación del Estado que cumpla con las normas del Estado de bienestar, pero poseen estrategias que lo consolidan como un cartel de reconocimiento nacional y que con base en el terror, las amenazas, el saboteo y el exterminio, "reciben apoyo de los diferentes grupos sociales".

La corrupción es de tal magnitud, que invadió las campañas políticas, las organizaciones económicas y culturales, y abrió paso a una nueva estrategia política: la creación oficial de partidos políticos. Es sabido que el Cartel de Medellín tuvo como representante político a Pablo Escobar en el Senado y que Carlos Ledher dirigió desde Armenia, Quindío, una red de narcotraficantes y que a su vez fue el creador de un movimiento político regional y que también Gonzalo Rodríguez Gacha fundó en Puerto Boyacá, el reconocido grupo político MORENA (Movimiento de Renovación Nacional) con el fin de dar status político a su siniestra organización. El Estado únicamente se atrevió a reconocer su influencia en la política cuando el ex ministro Lara Bonilla los denunció ante el Congreso y no se dejó chantajear por los dineros calientes.

La respuesta de los carteles de la droga fue a través del narcoterrorismo que se despliega a gran escala a partir de 1987. Se trató de una arremetida contra políticos de todas las corrientes, las diferentes clases sociales, grandes industriales, gobernadores, alcaldes, directivos, entre otros. No sólo ocurre la muerte de miles de civiles inocentes, sino también de reconocidos personajes de la vida política del país como los candidatos de izquierda, Jaime Pardo Leal, Bernardo Jaramillo Ossa, Carlos Pizarro, Luis Carlos Galán. La decisión del gobierno condujo a multiplicar sus acciones contra estos grupos.

Tal vez la extradición que aún no se había aprobado, calmó un poco los ánimos y a la vez aceleró la presión para que la situación no tuviera más trascendencia: la Corte Suprema de Justicia invalida el tratado firmado con los Estados Unidos, hecho que se consolida con la Constitución del 91 previos acuerdos de sometimiento a la justicia de los capos de los carteles.

La precariedad del aparato de justicia, la corrupción, el poder económico y militar de los carteles, aceleraron la crisis de las instituciones y del Estado. Se deslegitima el Estado y se estigmatiza a Colombia como un país en guerra y en manos de los narcotraficantes y de la guerrilla.

Los carteles de la droga han tenido que cambiar las estrategias del mercado y la comercialización de la droga de acuerdo con los nuevos esquemas sociales y políticos que presenta el país. Una de ellas, como se ha mencionado anteriormente, es a través del fortalecimiento de los grupos paramilitares y, la otra, es por medio de la disposición de las clases sociales. Bien se sabe que las guerrillas históricamente tuvieron pactos con los carteles y que una vez declarada la guerra contra éstas por Rodríguez Gacha, la luna de miel entre ambas organizaciones llegó a su fin. Hoy las guerrillas garantizan la protección de los cultivos, mientras que los carteles se encargan del tráfico y de las operaciones de comercialización. Claro está que el impuesto cobrado por las FARC y el ELN, dependen del grado de producción. Hay dos cosas en común que tienen los guerrilleros y los narcotraficantes: establecieron una ruptura con las jerarquías sociales y una relación de desconfianza en el status quo y la otra es que el poder económico de mayor envergadura depende de la droga, bien sea producto del tráfico, al mejor estilo de los narcotraficantes o bien por el cobro de impuesto, como lo hace la guerrilla. Esto hace que los contactos personales nunca falten entre las dos organizaciones (Pécaut, 2001: 174).

La retaliación del narcotráfico y los grupos de derecha, no se hace sólo contra la guerrilla, sino que también ocurre hacia los sindicalistas, los defensores de los derechos humanos y todos los ámbitos de la esfera social que procuren formas de organización que vayan en contra de las políticas de los grupos de extrema derecha. Lo que viene es la conquista de las zonas de mayor producción del país en cuanto a minería, emporios agrícolas, caso las bananeras, las minas de esmeraldas y zonas petrolíferas y, en menor grado, la zona cafetera. La disputa igualmente de los corredores de salida y entrada al país. De esta manera las regiones de Urabá, el Magdalena Medio, el sur de Bolívar, varias regiones sur del país, se convierten en la lucha por la consolidación de los paraestados que se manifiestan por medio de la creación de los frentes en las guerrillas; de los bloques, en los paramilitares y sicarios, por el lado de los narcotraficantes, a tal punto que el ejército de estos últimos se internacionalizó con la traída al país de expertos israelíes en terrorismo para que entrenaran a los grupos de matanza del cartel. Un experimento que inicia Acdegam (Asociación de campesinos del Magdalena Medio, creada en la región de Puerto Boyacá), (Medina, 1990: 176), la cual se presenta en primera instancia como una asociación de ganaderos encargada de la protección cívica, educación, el cooperativismo y ayuda al campesino, pero en la vida práctica mantiene un ejército de vigilancia armada sobre la zona y, para tal fin, estructura un partido político el ya mencionado MORENA, que causa gran impacto en la región (Buitrago y Zamos, 1990: 176). Desde la creación de estos grupos se toma como política central de los carteles, "quitarle el agua al pez", que llevó a la desaparición de la gran mayoría de los cuadros de apoyo de la guerrilla y simpatizantes de ésta. Esta es considerada como la primera etapa de la cruenta lucha entre paraestados. Lucha que le costó al país unos tres mil muertos en primera instancia y una cifra incalculable en la actualidad.

La segunda etapa, según Pécaut, es la que aún subsiste: la construcción de verdaderos ejércitos paralelos en connivencia con el ejército regular del Estado. Las AUC, tienen la misión de consolidar las regiones del narcotráfico y de defender a los ganaderos, industriales y terratenientes del acoso de la guerrilla. Carlos Castaño, el otrora líder de la organización paramilitar, una vez muerto Pablo Escobar, implementa la modalidad de las masacres en todo el país, lo cual origina una nueva problemática por la que es reconocida hoy Colombia a nivel internacional: es uno de los países más violadores de los derechos humanos a nivel mundial y el segundo en número de desplazados sin estar en una guerra civil.

Los paramilitares tienen a su haber, el contar con el apoyo de los industriales y la clase burguesa del país, que al no poder disfrutar de sus bienes optan por patrocinarlos económicamente. De esta manera los papeles se invirtieron: antes la vacuna la pagaban a la guerrilla, ahora la misma dosis se la dan a los paramilitares para su protección personal. Esta polarización gestada entre guerrilla, narcotraficantes, y paramilitares, crea simpatías en uno u otro sector. Ahora su participación política y el manejo corrupto de gran parte de la sociedad, ha fortalecido su posición económica y política en el país. Pero también ha transformado vastas regiones en zonas productoras de coca llevando al traste el desarrollo agrícola y originó una incalculable transformación cultural, política y moral, así como en las costumbres y tradiciones de las diferentes clases sociales.

El contexto en el que surge el narcotráfico es el caldo de cultivo creado por la guerrilla y el propio Estado. Los paraestados, que le han arrebatado gran parte de las funciones al Estado y lo han deslegitimado en vastas regiones del territorio, son los que imponen la ley y la norma por medio del crimen organizado. En este sentido, reconocer las acciones de los paraestados, es señalar la imposibilidad de llegar a acuerdos por la vía del diálogo, como se ha demostrado cada vez que se intenta. Se impuso la lógica de la violencia. Aunque algunos analistas de la actual situación consideran que ninguna de las organizaciones está en capacidad de estremecer al país a tal punto que logren arrebatarle el poder, la verdad es que esta apreciación requiere de más análisis: posiblemente el Estado caiga por su propio peso. Además, porque el poder del narcotráfico no sólo ha transversalizado a la guerrilla y a los paramilitares, sino a altas capas de la sociedad: es el estado de la corrupción. Lo que significa que de continuar la coyuntura tal cual, el Senado de la República tendrá que ser revisado en su esquema y proponer cambios de fondo que impidan la penetración de las mafias en las decisiones trascendentales de la nación.

Hoy se habla de "un sistema de interacción complejo" para indicar que cooperación, y enfrentamiento, colusión y defensa de intereses de particulares, transacciones y lucha a muerte van a la par. Las colusiones se manifiestan en la cantidad de masacres colectivas que llevan el sello paramilitar y la connivencia militar. Y, los políticos, se mezclan con los intereses de las clases altas para aniquilar a sus opositores a cualquier precio: de ahí la desaparición de los partidos de izquierda. La consolidación y proliferación de los actores armados no tiene reversa en una situación como esta, porque la economía de la droga ha mostrado qué tan frágil es el Estado ante los parapoderes y, que son obviamente, los narcotraficantes, los protagonistas principales del caos actual.

Lo que parece extraño, es que la sociedad misma se ha encargado de patrocinar muchas veces estas actuaciones y promueve la continuidad de los actores desestabilizadores apoyando de manera inconsciente uno u otro bando, sin mirar las consecuencias posteriores. Protegen narcotraficantes, paramilitares o guerrilleros en su accionar cotidiano y comulgan con sus actos. Los líderes de las organizaciones paraestatales viven sin secretos, no es difícil develar su territorio o propiedades. Y, es tal el respeto que se les tiene, que nunca los acusan y hasta los medios de comunicación y reconocidos personajes de la sociedad los entrevistan cotidianamente.

Los actores políticos o parapolíticos, son fáciles de reconocer en un sistema que carente de un orden moral, no los discrimina sino que los endiosa. Por eso, el único de los paraestados que se ha convertido en un interlocutor político, esto es, la guerrilla, perdió credibilidad ante el embate de los otros paraestados y está señalado con el impulso de los medios de comunicación, como un actor de igual calaña como sus dos enconados rivales: los paramilitares y el narcotráfico.

En consideración de la sentencia weberiana: el monopolio y el uso de las armas como soporte del ejercicio del poder, corresponde y es una responsabilidad exclusiva del Estado colombiano, y debe ser empleada en forma racional y legal para buscar así el reconocimiento y legitimidad de sus asociados, no cabe duda de que ante el surgimiento de agrupaciones al margen del Estado, que mediante el uso de la fuerza pretenden servirle a éste o a sus asociado como soporte, aduciendo la falta de capacidad del Estado con los fines esenciales, expresados en el artículo segundo de la Constitución Política y que dice: "las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra y bienes...", y que en igual forma el artículo 13 de la misma Constitución expresa"...el Estado protege especialmente a aquellas personas que por su condición económica, física o mental, se encuentran en circunstancias de debilidad manifiesta...", se confirma que los colombianos nos encontramos ante un paraestado.

Si se acude a la concepción de Max Weber, en cuanto que el Estado moderno se define a partir del medio coactivo como fundamento de control social, lo que cierra el paso a la anarquía, entonces la "coacción física" pasa a ser el medio específico del Estado. En relación con la propuesta paraestatal, éstos buscan cubrir los espacios y llenar el vacío del Estado en el cumplimiento de las garantías, los derechos, el bienestar y la protección, así como la vida y los bienes asociados.

Notas
^* El presente ensayo hace parte de la investigación "Los paraestados en Colombia", realizada para obtener el título de Doctor en Sociología y Ciencias Políticas, por el autor, en la Universidad de Granada, España. La investigación fue reconocida y apoyada por la Dirección de Investigaciones de la Universidad Nacional, Medellín a través del grupo de investigación, Política y Guerra, clasificado en Colciencias, categoría C. El director tanto de la investigación como del grupo, es el autor del ensayo.
² Estas observaciones y las demás que se anexen en esta ubicación y análisis del conflicto, están sustentadas en las notas y referencias que hicieron los expositores en el Seminario Internacional: "Hacia la reconstrucción del conflicto", realizado en Cartagena de Indias, los días 24 y 25 de enero de 2008. Se tuvieron en cuanta para este análisis, las conferencias de Daniel Pecaut, María Isabel Ocampo, Ingrid Bolívar y Fernando Escalante.
³ Se considera, que el país no ha podido superar la situación de inseguridad, crisis y violencia en más de treinta años de lucha, porque en los orígenes de los primeros síntomas de violencia política se pensó en soluciones de fuerza, pensando que el poder del Estado era tal frente a los focos de resistencia armada, que éstos serían reducidos fácil y rápidamente. No fue así: el problema antes que encontrar solución por vías coercitivas, se propagó por todo el territorio. También se ha persistido en combatir los grupos en armas, con armas. "solución", que se le ha dejado en manos a las fuerzas armadas, olvidando que un conflicto de naturaleza social, económica, política e ideológica, no puede solucionarse por el uso solitario de la fuerza, dadas las connotaciones tan complejas que presenta. Esta situación la percibió el expresidente López Michelsen, pero es obvio, no hizo nada para solucionarla.
⁴ Se trata de un artículo desarrollado por Román D. Ortiz, titulado "Guerra civil y descentralización de la violencia: el caso de Colombia guerra civil y descentralización de la violencia: el caso de Colombia, Bogotá, papeles de cuestiones internacionales, el cual presenta un estudio detallado sobre la violencia en Colombia y la consolidación de los parapoderes.
⁵ Un excelente informe sobre la formación de grupos paramilitares en las regiones del Magdalena y Urabá, se puede encontrar y profundizar en Jenny Pearce, "The dirty war" ANCLA Report on the Americas. Vol XXIII, N° 6. abril de 1990.
⁶ El concepto de Estado social surgió como reacción a la desigualdad creada en las relaciones capitalistas del siglo XIX. El intervencionismo, introducido a comienzos del siglo XX, dotó al Estado de instrumentos para orientar la economía hacia el logro de fines sociales y con ello garantizar el bienestar general y la justicia social.
⁷ Entendida la beligerancia como el estatuto que se le reconoce a una organización armada. Es un asunto del Derecho Internacional Público, y que analizadas las condiciones, determina los requisitos previos.
⁸ Es de anotar, que los objetivos de la subversión o guerrilla, son políticos. Fundamentalmente busca tomarse el poder para hacer la revolución. Y para el logro de sus propósitos pretende movilizar al país, o al menos, a vastos sectores de opinión contra el régimen vigente. Por eso trata de agregarle a la actividad militar, su inyección de simpatía social, para atraer simpatizantes ideológicos y políticos en sus pretensiones. Los procedimientos y métodos utilizados son contrarios a la ley, pero los delitos, en su mayoría que comete, son políticos, rebelión y asonada, o conexos con estos. Desde este punto de vista, se podría decir, que se está frente a un fenómeno de naturaleza política.
⁹ El análisis de Angarita Sarmiento, considera que el narcotráfico ha penetrado hasta en los últimos resquicios de la política, de la economía e incluso de la cultura y el deporte. Cientos de miles de millones de dólares provenientes del negocio de la cocaína han pasado por las manos de industriales, obispos, colonos, militares, congresistas, guerrilleros y mercenarios. Han posibilitado el auge de una nueva burguesía rica, poderosa y violenta. Han potenciado todos los conflictos políticos, económicos y sociales acumulados de largas y tortuosas décadas de historia republicana.
¹⁰ La ventanilla Siniestra, consistió en la amnistía que dio el Estado para que se legalizaran los dólares en el Banco de la República, lo cual hizo que muchos narcotraficantes quedaran a paz y salvo y con grandes cantidades de dinero "legal", a tal punto que iniciaron las inversiones en la economía nacional.

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