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Revista Universitaria de Geografía

versión On-line ISSN 1852-4265

Rev. Univ. geogr. vol.19 no.1 Bahía Blanca  2010

 

Guerra de lugares en Argentina: perspectivas de análisis y ejemplos empíricos

Sebastián Gómez Lende*

* Profesor, Licenciado y Doctor en Geografía. Investigador Asistente del CONICET. UNCPBA, Tandil (CP 7000). E-mail: gomezlen@fch.unicen.edu.ar

Resumen
Objeto de escasos análisis empíricos, la cuestión de la "guerra de lugares" ha sido generalmente reducida o subsumida a sus aspectos fiscales y urbanos. No sólo las ciudades, empero, compiten entre sí, y la cuestión fiscal es apenas una arista de un caleidoscópico proceso cuyos fundamentos -locales, regionales, nacionales o mundiales- encierran múltiples situaciones posibles, a saber: la instalación de una actividad y / o firma hegemónica; el reparto territorial de las consecuencias sociales, económicas y ambientales generadas por aquellas; la disputa entre las empresas por una misma localización; y el conflicto entre los lugares y las firmas globales, los primeros procurando expulsarlas y las segundas pretendiendo doblegarlos. Conceptos-clave como alienación, fetichismo de la mercancía, productividad espacial, cotidiano y verticalidades y horizontalidades, constituirán, junto a ejemplos empíricos del caso argentino, insumos teórico-metodológicos imprescindibles para superar las limitaciones del enfoque tradicional y revelar las nuevas posibilidades de abordaje de la guerra que los lugares libran por y contra el capital.

Palabras claves: Guerra de lugares; Competitividad; Capital y productividad espacial; División del trabajo; Fetichismo de la mercancía.

War of places in Argentina: analysis and Prospects of empirical examples

Abstract
Scarce empiric analysis object, the "war of places" question has been generally reduced or subsumed to their fiscal and urban aspects. Not only the cities, nevertheless, compete to each other, and the fiscal question is just an angle of a kaleidoscopic process whose foundations -local, regional, national or world- contain multiple possible situations, that is: the installation of an hegemonic activity and / or hegemonic firm; the territorial allotment of the social, economic and environmental consequences generated by the empire of those; the dispute among the companies for the same localization; and, finally, the conflict unchained between places and global firms, the first ones trying to expel them and the second seeking to give in them. Concept-key as alienation, merchandise's fetishism, spatial productivity and uprightness and horizontality, combined with empiric examples of the argentine case, will constitute indispensable theoretical and methodological inputs to overcome the traditional focus limitations and to reveal the new possibilities of studying about the war that places develop for and against capital.

Key Words: War of places; Competitiveness; Capital and spatial productivity; Merchandise's fetishism.

Introducción

Este artículo estudia críticamente, tanto en el plano teórico como en sus aspectos empíricos, la noción de 'guerra de lugares' oportunamente propuesta y desarrollada por Milton Santos, adaptando dicha tesis al análisis de distintas situaciones de la Argentina. Orientada a la elaboración de un sistema de ideas coherente, la discusión epistemológica sobre el tópico procurará superar los reduccionismos que la tradicional acepción etimológica de éste pueda sugerir, utilizando para ello conceptos-clave -espacio geográfico, división del trabajo, fetichismo de la mercancía, competitividad o productividad espacial- y complementarios -cotidiano, verticalidades y horizontalidades, solidaridades organizacionales y orgánicas-. Sólidas, las bases de argumentación así desarrolladas -a su vez articuladas a la distinción entre espacios de la complacencia o de la racionalidad (que ofrecen mayores garantías de lucro a las empresas hegemónicas) y espacios irracionales o de la revuelta (opuestos a esa lógica) que propone Santos en una de sus obras más relevantes- permitirán ilustrar, analizar e interpretar, en los siguientes acápites, las múltiples formas de conflicto socio-territorial que en nuestro país asume la relación forjada entre los lugares y el capital. Luego de una breve argumentación teórica sobre la problemática, la estructura del artículo girará en derredor de dos ejes: el conflicto entre los lugares por el capital, contemplando las diversas aristas del proceso, como las batallas fiscales, los conflictos territoriales azuzados por el capital, las escaramuzas ambientales entre los lugares y la guerra inter-empresarial por las localizaciones; y la guerra entre los lugares y el capital, que supone tanto la rebelión de los primeros contra el segundo cuanto la ofensiva de este último para doblegar a aquellos. Finalmente, se presentarán las conclusiones del trabajo.

Espacio geográfico y división del trabajo, competitividad y guerra de lugares

El espacio geográfico no se reduce a un simple y mero soporte de las relaciones sociales; él se configura como un mixto indisociable, solidario y contradictorio de sistemas de objetos y sistemas de acciones mediados por las normas (Santos, 1996a). Otra definición conceptual, coherente con la anterior, lo concibe como una empirización del tiempo histórico, que acumula las improntas -materiales e inmateriales, sucesivas y coexistentes- propias de temporalidades diversas; estas últimas son intrínsecas a la división del trabajo (Santos, 1990, 1995) en tanto motor de la vida social, la acumulación de capital y la diferenciación espacial (Santos, 1996a).

Sabido es que cada división del trabajo, base de la individualización de los lugares, contiene el germen de la comunión dialéctica entre las posibilidades del mundo y las condiciones locales preexistentes. Originando funciones de explotación de virtualidades técnicas y naturales, objetos concretos y acciones instrumentales se fijan en los lugares para transmitirles su esencia y convocarlos a participar de un orden espacial deliberado. Transversal a todas las fases del capitalismo, ese proceso se muestra históricamente diferenciado: si en el pasado la presencia de tal o cual actividad económica solía ser duradera, en el período actual las nuevas especializaciones se revelan inestables, desplazando a las funciones más antiguas. Solidaridades tejidas entre la división internacional de la producción y la división territorial del trabajo se articulan para cambiar un retrato del espacio nacional nacido de procesos pretéritos y modernos.

No todos los lugares son aptos para albergar a los mismos objetos, ni para ser sede de las mismas acciones (Santos y Silveira, 1998); cada subespacio posee una capacidad diferencial para rentabilizar una producción dada: históricamente construida, esa productividad espacial (Santos, 1996a) es objetivada y renovada a partir de condiciones y potencialidades cuya mediación pretende garantizar a las actividades hegemónicas una eficacia mercantil fundada en factores naturales -existencia de tal o cual recurso- y artificialmente creados, tanto materiales -equipamientos, infraestructura, accesibilidad-, regulatorio u organizacional -legislación, relaciones sociales, tradición laboral- como ideológicos o simbólicos -imaginario colectivo frente a la modernización y el progreso, apertura a lógicas externas-. A veces, empero, no se trata sólo de condiciones heredadas de otros tiempos, sino también de nuevos rasgos, exigidos por la reproducción y continuidad de la división social y territorial del trabajo implicada.

El mapa del espacio nacional se resquebraja entonces para dar cuenta de un retrato que, forjado y a cada instante rediseñado por el capital globalizado, se basa en un inventario y una clasificación de los lugares según su aptitud y obediencia a un comando externo1. Ensayados y elaborados por algunos agentes hegemónicos, criterios y parámetros instrumentales componen una métrica verdaderamente mercantil que, mensurando y metamorfoseando el valor relativo de cada subespacio, reduce su diversidad y riqueza interna a aquellos aspectos que permiten la extracción y reproducción de la plusvalía. Síntesis singular de las densidades técnica (objetos), informacional (acciones) y normativa (Silveira, 1999) de un lugar, el conjunto de sus productividades espaciales es objeto y resultado de un proceso jerárquico y caleidoscópico de valoraciones externas, cuya imposición repercute en la composición de la fracción del territorio considerada, afectando en el plano interno a sus rasgos morfo-funcionales, técnicos y sociales. En el período contemporáneo, la velocidad y simultaneidad con que los fragmentos del espacio son valorizados y desvalorizados es temeraria (Santos y Silveira, 2001), y la productividad espacial de los lugares, inestable. Conforme la cognoscibilidad del planeta permite una elección cada vez más precisa de los subespacios aptos para el eficaz desenvolvimiento de tal o cual producción, éstos revelan una inexorable tendencia hacia un cada vez más rápido envejecimiento técnico y socioeconómico (Santos, 1996a). En las circunstancias actuales, esas jerarquías no pueden ser permanentes: ventajas locales -técnicas y políticas- son rápidamente alcanzadas o perdidas, en una combinación dialéctica y harto difícil de prever -explican Santos y Silveira (2001)- entre vectores externos y decisiones intrínsecas a los ámbitos nacional y local.

Competitividad territorial y productividad espacial son analogías, pero la concurrencia - fenómeno transversal a todas las fases del capitalismo- y la competitividad -dato propio del período actual- no son sinónimos. Instigada por la aceleración y sincronización despótica del mundo, la competitividad es el brazo armado, la máquina de guerra de una plusvalía universal o global (Santos, 1996a), un modo de definir a una batalla librada y espoleada a nivel planetario por las firmas globales y la burocracia internacional (Santos, 1994). Suprimiendo toda forma de compasión, ética y moral, la competitividad tiene a la guerra como norma: vencer al contrincante es el único propósito y perder escalafones -o desaparecer del escenario económico mundial-, la única preocupación, así como también la pena para quienes desobedecen o ignoran tal credo (Santos, 2000). Regiones y ciudades son llamadas a abrazar sin reparos ese paradigma.

Santos (1996a) acuñó la metáfora 'guerra de lugares' para caracterizar el modo en que los subespacios se traban en feroz combate para preservar y reforzar, a expensas de otros, su productividad espacial; esa descarnada competencia inter-local, desatada por la ansiosa búsqueda de nuevas radicaciones empresariales y el temeroso cuidado por retener las ya existentes (Smith, 1984; Sánchez, 1991), no ha escapado a ciertos cuestionamientos: Carlos (1996) arguye que esa noción, al atribuir erróneamente la condición de sujeto al espacio, ignora el papel de los actores sociales, más ávila Martins (2001) rebate esa presunta debilidad al aclarar que la lucha entre los lugares acontece siempre en el marco de un proceso combinado y contradictorio entre agentes territorializados. Obstando ese debate, los análisis empíricos de la guerra de lugares son todavía relativamente infrecuentes en la disciplina -sobre todo en la geografía argentina-, y su elaboración conceptual y metodológica aún permanece vaga y difusa, pues muchas de las ricas aristas que encierra no han sido debidamente exploradas o indagadas.

Originariamente, dicha noción fue planteada para dar cuenta de la belicosidad entre las ciudades en cuanto a la atracción de inversiones consideradas 'ventajosas' desde la óptica de algunos segmentos de las clases dominantes; de lo anterior se desprende que dicho enfrentamiento sólo se manifestaría en lo urbano, y que éste apenas sería expresado por ventajas comparativas y / o competitivas -fiscales, tributarias, impositivas, etc- ofrecidas u otorgadas por los sistemas de acciones públicas: la noción -actualmente disciplina- del city marketing parece corroborar la misma idea subyacente: imponer, bajo la máscara de la 'planificación estratégica', un orden local dictado por los intereses del capital. Tal acepción, empero, es en extremo reduccionista, ocultando otras relaciones igualmente importantes, siendo imperioso desmitificar el sesgo estricta y eminentemente urbano atribuida a las guerras de lugares. No sólo las ciudades compiten entre sí; también lo hacen las áreas agrícolas, los polos mineros, los parques industriales y tecnológicos y los complejos portuarios. Y esa concurrencia exacerbada no es apenas local: en rigor, los fundamentos de la guerra de lugares pueden ser tanto locales cuanto regionales, nacionales o mundiales; en este último caso, se trata de una verdadera guerra global (Santos y Silveira, 2001). Los países también compiten entre sí, enfrascándose en largas disputas y abogando por la instalación de tal o cual empresa dentro de sus contornos territoriales. El concepto de productividad espacial no es entonces privativo de las ciudades, sino que, por el contrario, deviene transversal a todos los lugares, atravesando todas las escalas.

Subsumir la guerra de lugares a sólo su aspecto fiscal2 es otro error frecuente. Las funciones de la división internacional y territorial del trabajo no se instalan ignorando las características jurídicas de los lugares, sino más bien por su intermedio (Silveira, 1999), siendo menester considerar en su conjunto a la densidad normativa referida a la actividad implicada; las ventajas fiscales constituyen sólo un aspecto emergente de aquella. Los vectores regulatorios elaborados por los segmentos del Estado que participan del conflicto se refieren tanto a aspectos tributarios e impositivos como a regímenes más flexibles de explotación de la fuerza laboral, asistencia financiera a las firmas, equipamiento del territorio y modificación de legislaciones ambientales según los intereses de aquellas, amén de inocular en el imaginario colectivo una ideología tendente a rendir pleitesía a esa facción del capital como adalid de modernidad y progreso.

Suele olvidarse, además, que la guerra espoleada por la competitividad se libra en varios campos de batalla; uno de ellos -el más estudiado y generalmente el único considerado- es la contienda abierta entre los lugares por atraer una actividad o empresa; existen otros niveles, quizás menos evidentes. También países y localidades pueden disputar subrepticiamente en aras de externalizar los riesgos y desembarazarse de las implicancias generadas por esa misma función: no es el reparto de la actividad el objeto de tal lucha, sino la distribución de algunos de sus aspectos negativos; paralelamente, dos o más empresas pueden enfrascarse en una violenta contienda cuando codician los mismos lugares y ninguna de ellas ceja en su propósito.

Otra confusión a disipar es que, por lo general, se considera que las guerras de lugares sólo son libradas por y entre "áreas luminosas" (Santos y Silveira, 1998), es decir, por y entre aquellos recortes de un país dotados de una modernidad articulada a las redes globalizadas y la división internacional del trabajo. Sin embargo, algunas áreas opacas o letárgicas -entendidas en tanto subespacios gobernados por temporalidades antiguas, donde resisten los datos de divisiones territoriales del trabajo pretéritas u obsoletas (Silveira, 1999)- también desarrollan, en grado variable, una contienda orientada a incorporar a su composición algunas variables modernas.

Ese exhaustivo espectro de casos revela el palimpsesto de situaciones en las cuales el capital se torna objeto de discordia entre los diversos subespacios, toda vez que éstos se enfrentan mutua y recíprocamente para satisfacer incondicional y servilmente sus exigencias. ¿Qué ocurre, sin embargo, cuando es el capital quien deviene ya no factor, sino más bien sujeto del enfrentamiento? ¿No se libra acaso otra guerra cuando el lugar deja de ser un espacio de la complacencia para convertirse en lo que Santos (1996a) llama el espacio de la revuelta, que no ya no se doblega sino que más bien se rebela contra los designios e intereses de los actores hegemónicos, desafiando, estorbando y a veces negando su supremacía y poderío?

En el período actual, es frecuente que algunas fracciones del territorio protagonicen una insurrección frente a la perversidad del orden global; procurando expulsar a sus vectores, dicho proceso puede obedecer tanto al levantamiento de la población a raíz de las consecuencias socio-ambientales desencadenadas por una actividad hegemónica cuya implantación y / o permanencia conspira contra la reproducción de las condiciones de existencia locales, cuanto a la insurgencia de otras facciones del capital -pequeñas firmas, burguesías locales o regionales- que, afectadas o desplazadas por las operaciones de la gran empresa global, disputan con ésta el uso del espacio, forjando irreconciliables antagonismos entre divisiones del trabajo particulares.

Tal hipótesis conduce a otro punto crucial: las empresas hegemónicas también entablan una -a veces sigilosa- guerra contra los lugares, emprendiendo duras batallas contra los puntos en los que desean instalarse y / o permanecer para que éstos presenten un conjunto de circunstancias ventajosas para sus finalidades (Santos, 2000; Santos y Silveira, 2001). Las armas de las que el capital se vale son la dependencia, la extorsión, la persuasión, los conflictos jurídicos y la cooptación de algunos segmentos del Estado, todas ellas esgrimidas en la defensa de sus intereses, tanto si se trata de exigir nuevas ventajas para operar -so pena de relocalización o no implantación- como si se vuelve necesario sofocar la resistencia local -de la población u otras empresas- ante la fijación y / o desenvolvimiento de las funciones que, en su momento, fueran minuciosamente planificadas por las firmas globales para extraer la plusvalía del territorio.

Centrales para entender la guerra de lugares, los conceptos de fetichismo de la mercancía y alienación se revelan como categorías de análisis apropiadas. Según Marx (1980), la naturaleza del intercambio enmascara las relaciones sociales que subyacen a la producción de mercancías: las huellas de la explotación3 son borradas y, así, las condiciones bajo las cuales un producto ha sido engendrado permanecen veladas (Harvey, 1990)4. Oculta, tal explotación no se limita a apenas a aspectos laborales -la sujeción del trabajo al capital-, sino que también concierne a condiciones eminentemente geográficas -la subordinación de países y subespacios a los intereses de aquél-. No obstante, las guerras de lugares contribuyen a destruir esa opacidad de la consciencia, llevando a indagar sobre las ventajas materiales y políticas concedidas a las firmas, explorar la impronta socio-ambiental dejada por la actividad de éstas y elucidar los conflictos y las relaciones suscitadas, a diversas escalas, por y entre las distintas variables intervinientes.

Enquistada en la esfera del consumo, la alienación resultante posee su génesis -social y geográfica- en la producción. El obrero está alienado del producto que ha contribuido a pergeñar, pues no controla el proceso de producción ni goza del usufructo del valor del fruto de sus esfuerzos; así, el trabajador es reducido a un fragmento de persona (Marx, 1980; Harvey, 1990). Tampoco los lugares comandan las condiciones técnicas y políticas que permiten concretar la producción -material e inmaterial- de mercancías, disponiendo de un limitado acervo de instrumentos para regular tal proceso; paralelamente, el excedente se escurre de los subespacios donde fue generado sin que éstos puedan impedirlo, a veces sin siquiera conocer su derrotero y destino. Impuesto por las empresas hegemónicas, un orden fragmentario los segmenta internamente a partir de la funcionalización, en el tejido local, de "espacios de la globalización" (Santos, 1996a), esto es, islas verticalmente articuladas, reguladas a distancia.

Si bien los aspectos fiscales, locales y urbanos de los estudios empíricos de la guerra de lugares no deben ser suprimidos, es menester que éstos sean complementados y enriquecidos por otros ángulos, escalas y dimensiones. A continuación, el caso argentino proporcionará valiosos ejemplos empíricos de tales cuestiones, cuya diversidad obliga a ensayar una clasificación: por un lado, el enfoque 'clásico' -los lugares enfrentados por el capital-; por otra parte, una perspectiva emergente -los lugares rebelados contra el capital-. Fundada en la distinción entre espacios racionales e irracionales, tal clasificación es, en rigor, analítica, pues no impide que, en ciertas actividades y subespacios, ambas perspectivas se superpongan, solapándose mutuamente.

Guerra de lugares en Argentina: perspectivas y ejemplos

El enfoque 'clásico': el conflicto entre los lugares por el capital

En todos los lugares el orden global procura imponer una única racionalidad (Santos, 1996a) que, al procurar someterlos a los intereses del capital, no sólo los alienta a tornarse funcionales a determinadas estrategias de acumulación, sino a batallar por los vectores de la modernidad actualmente en curso. La gran empresa es el vehículo y motor de ese proceso, en tanto escoge selectivamente a los puntos que considera valiosos para su expansión; sus teleacciones forjan así un "acontecer jerárquico" (Santos, 1996a), el cual imprime, sobre los lugares, un mandar externo (Silveira, 1999). Convertidas en macro-actores -agentes que pese a su origen externo determinan modalidades internas de acción (Santos, 2000)-, las firmas pasan a regular la organización del trabajo colectivo. La óptica del capital no concibe al territorio sino como a un recurso (Gottmann, 1975), preocupándose apenas por sus aspectos instrumentales y pragmáticos, susceptibles de reportarle una plusvalía mayor. Derivadas de una organización y planificación minuciosas, las solidaridades resultantes son verticales (Santos, 1996a), expresándose como fuerzas que, dotadas de un origen lejano y a veces inasequible, imponen el orden trazado por el capital, aniquilando particularismos y rasgos pretéritos disfuncionales para sus propósitos; así, cuando una firma se instala, consigo trae sus propias normas, tan estrechamente asociadas al uso de las técnicas que éstas se convierten en regulaciones inflexibles, de aplicación -en teoría- unívoca y homogénea a todos los subespacios.

La llegada de la empresa hegemónica es, empero, contradictoria, pues si bien obedece a una singular valoración de determinadas virtualidades locales, también manifiesta cierta inconformidad respecto del sentido preexistente de la vida en esa área (Santos, 2000). Todo es reorganizado para permitir al capital influir y decidir sobre la estructura del empleo, el equipamiento material, la reforma de las legislaciones laborales y ambientales y la modificación de los criterios de uso y distribución de los recursos públicos. Otrora dirigida a garantizar la cohesión social y territorial del lugar, la métrica burocrática (Guillaume, 1975) preexistente es sustituida por una métrica mercantil, pues las acciones otrora compensadoras de los diversos segmentos del Estado acaban favoreciendo a los intereses corporativos en desmedro del interés colectivo. Esa connivencia pergeña una "psicoesfera" (Santos, 1996a), esto es, un discurso que, empeñado en legitimar el modelo, subraya los 'generosos' aportes -empleo, riqueza- con que la firma global contribuye o contribuiría -en teoría- a la modernidad del lugar.

Y es de tal ilusión de indispensabilidad abrigada respecto de la empresa hegemónica que surge la actual guerra de lugares y la actitud de chantaje del capital frente a un poder público que, así, acaba subordinado, compelido, arrastrado (Santos, 2000). Cooptados por la ideología neoliberal y la renovación de las promesas de llegada de objetos modernos y progreso social, algunos egoísmos regionales o locales preexistentes son exacerbados para obligar, a los lugares, a trabarse en disputa en función de la política territorial de las firmas, y a apelar a cualquier recurso para vencer, pues no pertenecer o ser excluido del mapa de posesiones o ambiciones del capital global es -desde esa limitada perspectiva- parecería casi equivaler a una sentencia de muerte o, cuanto menos, de letargo. Las aceleraciones contemporáneas, que tornan errática e imprevisible la búsqueda, por parte de las empresas transnacionales, de puntos productivos para la obtención de una plusvalía cada vez mayor, coadyuvan a desatar y prolongar los conflictos originados en la diferenciación de las densidades normativas -nacionales, provinciales, locales-del territorio.

Objetivando ese proceso, las llamadas 'guerras fiscales' se hallan ampliamente difundidas en Argentina. Su manifestación más precoz se remonta a los años setenta y ochenta, cuando el Estado nacional dispuso la implementación de sendos regímenes de promoción industrial que, destinados a fomentar el desenvolvimiento manufacturero de algunas provincias (Tierra del Fuego, Catamarca, La Rioja, San Luis, San Juan) sobre la base de 'estrategias subsidiadas de acumulación' (Yanes y Gerber, 1990), contemplaban generosas ventajas técnicas y financieras e innumerables exenciones impositivas y arancelarias para firmas del sector textil, electrónico, forestal, pesquero y químico, entre otros. Con la implantación, en la década de 1990, de un modelo de modernidad mucho más abierto a las racionalidades exógenas, el sistema de poder neoliberal fue entronizado y, como resultado, nuestro país irrumpió con renovados bríos en un mapa globalizado de producciones y demandas gobernado por el paradigma de la competitividad y su principal ariete instrumental e ideológico: la mentada 'seguridad jurídica'.

Líder y pionero en la materia, Argentina rubricó más de medio centenar de tratados bilaterales que, orientados a promover y proteger las inversiones extranjeras5 (Thwaites Rey y López, 2004), suprimieron los riesgos de expropiación, permitieron la libre remisión de utilidades y aseguraron inmunidad ante posibles reformas legislativas (Arsen, 2003; Peyrou, 2005), amén de delegar en algunos tribunales internacionales -CIADI, UNCITRAL- la potestad de resolver potenciales controversias. Soterradamente, la rúbrica y vigencia de tales acuerdos inviste al capital de una suerte de rigor imperial que le permite disciplinar a los países, dirimir los conflictos en su favor y, así, quebrantar fácil e impunemente las leyes domésticas (Azpiazu, 2005). ése es, pues, un marco apropiado y asimismo un convite para la guerra de lugares, forjado en un contexto de privatización de firmas estatales y 'desregulación' de la economía.

La variante tradicional del enfoque clásico: la batalla fiscal de los lugares por el capital

Segmentado en espacios de la racionalidad -que ofrecen mayores garantías de lucro a las empresas hegemónicas- y espacios irracionales -impermeables a la lógica dominante-, el territorio convoca a sus fragmentos a batallar por el capital global. Argentina es en tal sentido pródiga en guerras fiscales, una de las cuales se vincula con el reciente auge de las exportaciones de un sector informático doméstico liderado por un puñado de firmas globales. Implantados en la Capital Federal y el GBA, en Santa Fe -su capital homónima y Rosario-, en el interior bonaerense -Bahía Blanca, Tandil- y en las urbes de Córdoba, La Plata y San Luis, los parques tecnológicos productores de software e Internet (Argentina, 2004) conforman una red cuyos eslabones pugnan por asegurarse la radicación y permanencia de las grandes empresas del sector. La metrópoli nacional acapara más del 70 % de las inversiones del sector, seguida por Córdoba, cuyos regímenes provinciales de promoción y subsidios fiscales al salario impulsaron a empresas transnacionales -Motorola, Intel, EDS- a instalarse en el parque informático La Docta (Argentina, 2004). La Plata, Tandil y Santa Fe también ostentan ventajas similares, a las cuales se añaden las alianzas tejidas entre universidades nacionales y un capital global que, así, pasa a usufructuar equipamientos y tierras públicas, disponer de un acervo de 'recursos humanos' altamente cualificados y explotar esa fuerza laboral en condiciones 'flexibles' -léase precarias e informales-. Esas solidaridades organizacionales o verticales refuerzan la productividad espacial de los lugares aptos para el desenvolvimiento de tal división del trabajo.

Ese mapa se volvió inestable a partir de la irrupción de San Luis. La llamada 'autopista de la información' -cuyos 830 km, construidos por la firma global NEC, unen a casi todos los poblados puntanos mediante redes de radio-enlaces que soportan voz sobre IP- alentó la llegada de numerosas filiales y centros de I+D de empresas domésticas y extranjeras -Mercado Libre, Unitech, Ciliare Software (Novamend), Image Campus, Accendra Networks, Intercomgi, Grupo Tekné, Telesoft, Indra-, subyugadas por numerosas ventajas políticas -subsidios al salario, financiación del capital inicial, créditos para exportaciones, subsidios inmobiliarios6- (Argentina, 2004; San Luis, 2006). En esos espacios de la racionalidad, la división territorial del trabajo afianza una modernidad basada en la imitación periférica del Silicon Valley californiano en tanto modelo hegemónico.

Silveira (1999) apunta que los segmentos del Estado se esfuerzan por conquistar funciones de la nueva división territorial del trabajo y posiciones como centros globales de consumo, de ahí que, preocupada por consumar la empirización en el país de algunos vectores del acontecer jerárquico, la burocracia argentina haya ensayado -so pretexto de modernidad y progreso- una refuncionalización jurídica: sancionada en 1994, la ley 24.331 confirió al Estado nacional la potestad de crear, en cada provincia, una zona franca, amén de no oponer obstáculos a la libre localización y emplazamiento de tales nodos en distritos cuyas densidades demográficas no rebasaran los 2 habitantes / km2. Irradiados por el sistema de poder neoliberal, algunos vectores de dinero puro fueron fijados entre 1995 y 2003 en el territorio nacional, impeliendo a sus fragmentos a comulgar con el evangelio de la competitividad. Nacidos como enclaves jurídicamente diferentes del territorio aduanero nacional, algunos lugares definen y consolidan su especialización en actividades de almacenaje, comercio, logística, prestación de servicios y producción industrial; gozando de la exención de gravámenes de comercio exterior e impuestos nacionales y -en algunos casos- provinciales y municipales, esos paraísos fiscales de la economía global imprimen fluidez a la circulación del capital, no oponiendo restricciones a la realización de operaciones en divisas, títulos, valores, dinero y metales preciosos. Son, también, plataformas territoriales de reexportación de mercancías, aptas para una importación sin de viscosidades normativas7.

Se asiste entonces a la implantación en el territorio argentino de lo que Silveira (1999) llama familia de simulacros, en la que cada zona franca aparece como copia fiel de un área de alta densidad normativa. Nodo central del sistema, La Plata no sólo concentra el 95 % del intercambio (CFI, 2007), sino que comanda monopólicamente los flujos de importación, lo que le ha valido no pocos conflictos con los depósitos fiscales del puerto de Buenos Aires (Dock Sud). Singular, la espesura de vectores regulatorios ha convertido a Comodoro Rivadavia (Chubut) y General Pico (La Pampa) en auténticos paraísos fiscales, la primera en virtud de su exclusivo régimen de exenciones aduaneras e impositivas, la segunda merced a una refuncionalización jurídica que conjuga la supresión de contribuciones patronales, tasa de importación e impuestos provinciales y municipales- y la modernización financiera (warrants) de la actividad comercial (CFI, 2007). Espoleadas por vanas promesas de generación de empleo8, algunas zonas francas consiguen, la más de las veces, prosperar a expensas de otras: la no eliminación de cargas provinciales y municipales en Pericó (Jujuy) precipitó un éxodo de agroindustrias que condujo a algunas de ellas a radicarse en Güemes (Salta).

Incluso el reparto territorial de una actividad como la agricultura es objeto de disputa. El algodón, por ejemplo, no sólo fue expulsado de las áreas tradicionales de secano -Chaco, Formosa, Santa Fe- y las zonas menos aptas -Corrientes, Misiones, Entre Ríos, Tucumán- por la voraz expansión de la soja, sino también por la irrupción de Salta y La Rioja en el mapa de la actividad; obstando la tradicional inestabilidad locacional de las hilanderías -que beneficia a Corrientes en desmedro de Chaco-, la propia producción primaria se desplaza hacia el noroeste y, sobre todo, hacia La Rioja, donde grupos económicos nacionales y firmas extranjeras -Eurnekián, Ritex, Grafa, Alpargatas, Karatex, Tipoiti, Kayne- se colocan al amparo de sendos programas de diferimiento impositivo (Rofman, 2000). Nacen así nuevos frentes de cultivo, islotes de modernidad agrícola en extremo tecnificados y cientifizados (Gómez Lende, 2011) cuya elevada productividad espacial9 no se funda apenas en virtualidades naturales y diversas condiciones materiales -semillas importadas, explotaciones intensivas, sofisticados sistemas de riego-, sino también, y sobre todo, en el imperio de determinadas pautas localmente elaboradas.

Obnubilados por el sagrado paradigma de la competitividad, otros segmentos provinciales del Estado no dudan en subsidiar con recursos públicos la permanencia de algunas industrias y la implantación de nuevas fábricas, de ahí, por ejemplo, la reciente batalla librada entre las principales provincias forestales argentinas (Misiones y Corrientes) por la radicación de una planta de elaboración de pasta celulosa perteneciente al grupo chileno CMPC: gracias a sus exenciones fiscales y sus tarifas eléctricas diferenciadas, la segunda se consagró victoriosa, cerniendo sobre la primera el fantasma de la retirada masiva de firmas (Gómez Lende, 2010).

Otra alternativa del enfoque clásico: cuando la guerra de lugares es azuzada por el capital

Objeto y, paralelamente, protagonista de las guerras de lugares, el capital no es un factor pasivo en la conflagración: los subespacios se enfrentan mutuamente para atraer a una empresa hegemónica, más también ésta opera deliberadamente para que esa batalla se produzca o se intensifique, según el caso. Tejiendo su propia división particular del trabajo, cada firma global comanda una constelación de nodos -su circuito mundial de producción-, lo cual le permite obligar a éstos a disputar por la llegada y / o permanencia de sus filiales y subsidiarias; cuanto más acérrima sea la pugna, más fácilmente el capital obtendrá las ventajosas condiciones que exige. Así pues, si bien los lugares a menudo se lanzan a la contienda bajo el impulso de su propia racionalidad egoísta, no es menos cierto que, con demasiada frecuencia, son también azuzados por las empresas, que los instan a participar de inútiles batallas. Tal es el acto de imperio de una competitividad vehiculizada por las grandes corporaciones transnacionales.

Si bien es ésta una cuestión omnipresente en todo conflicto socio-territorial contemporáneo, en nuestro país el más cabal ejemplo de dicha situación es ofrecido por la industria automotriz, que además constituye un interesante caso empírico de una guerra de lugares que desborda la escala nacional para asumir una dimensión mundial o global. Ese sector económico conoció hacia finales del Siglo XX una fase más o menos duradera de modernización, siempre concretada a expensas del erario público. Signado por múltiples conflictos y alianzas estratégicas, el mercado mundial del sector, al consumar un nuevo episodio de concentración y centralización del capital, forjó un auténtico oligopolio global. Solidaridades organizacionales entabladas entre la racionalización de la producción y la saturación de los mercados internacionales -producto de la duplicación del ritmo de fabricación de automóviles (Lugones y Sierra, 1998)- alentaron a las grandes empresas a re-localizar sus filiales y subsidiarias, trasladándolas a ciertos países de Europa oriental y América Latina, y así la IED del sector alcanzó en Argentina los 5.600 millones de dólares (Tomadoni, 1999), a raíz del retorno de General Motors y Chrysler, la disolución de AUTOLATINA -que permitió a Ford y Volkswagen operar por separado-, la recuperación, por parte de Renault y Fiat, del control sobre sus licenciatarias, y la radicación de las primeras terminales de Toyota, Nakai y Honda.

Concentradas en áreas históricamente especializadas en el desenvolvimiento de esa función, como el Gran Córdoba, el Gran Buenos Aires y Tucumán -Cruz Alta (Scania)-, así como también en Santa Fe -Rosario- y el interior cordobés -Río Cuarto-, apenas trece empresas y quince plantas de ensamblado de vehículos operan en el país, siendo responsables por más de la mitad del crecimiento manufacturero doméstico, y también por el 23,3 % de las inversiones destinadas al sector industrial (Nochteff, 1999; Andrada, 2002).

Objeto de una doble globalización -dada tanto por la renovada penetración del capital extranjero cuanto por el auge de las exportaciones, que pasaron a representar más de la mitad de la producción-, la 'fabricación' automotriz creció un 359,6 % entre 1990 y 1998 (ADEFA, 2004); procurando ofrecer los mejores datos técnicos y políticos a las firmas globales del sector, países como Brasil y Argentina convirtieron a las relocalizaciones y consolidación de la industria automotriz en motivo de feroces combates. Empresas hegemónicas como General Motors, Fiat, Renault, Ford y Wolkswagen estimularon la emergencia de una lógica territorial preocupada por ofrecer mejores niveles de competitividad y fundada en la implementación de un sistema técnico y jurídico más 'flexible' -necesario para afianzar ese modelo de modernización dependiente y periférico- y, así, forjaron una compleja trama de relaciones de complementariedad y rivalidad entre ambas naciones. Con la saturación de la demanda interna y del potencial exportador argentino y brasileño, la complementariedad es utilizada por el capital para fomentar la rivalidad: así, un crecimiento orientado hacia fuera o la existencia de un mercado cautivo no convencen per se a esas firmas de fijar sus filiales en uno u otro país; sí lo hace, en cambio, la permeabilidad de los respectivos gobiernos a sus intereses, que son satisfechos con premura para evitar su huída.

Ese comando, al ser global, regula las relaciones comerciales bilaterales, pues aquello que es presentado como una disputa entre países 'regionalmente' asociados enmascara una guerra global orquestada por algunos macro-actores que, manipulando a los gobiernos cual marionetas sujetas por una maraña de hilos invisibles, desplazan sus inversiones y ganancias de un rincón a otro del planeta según sus propias estrategias de acumulación. Esparcidas en distintos rincones del mundo, las filiales y subsidiarias de las grandes automotrices permiten un control unificado sobre los espacios de la producción, reforzado por los acuerdos rubricados entre Argentina, Brasil y México. Es por eso, quizás, que desde la década de 1990, distintos segmentos de los sistemas de acciones públicas nacionales han sido llamados a producir nuevas regulaciones o refuncionalizar las normas jurídicas preexistentes para preservar la rentabilidad del oligopolio automotriz. Orientadas a permitir un 'intercambio compensado', ciertas disposiciones domésticas -exenciones fiscales, reducción de aranceles a la importación, permisos otorgados al ingreso de modelos no fabricados en el país, 'nacionalización' de las piezas provenientes del comercio intra-firma entre filiales argentinas y brasileñas- diseñaron un esquema bilateral que, afianzado por el Acuerdo de Ouro Preto, permitía a terminales y autopartistas complementar las importaciones de origen carioca con exportaciones dirigidas hacia ese destino (Maceira, 2003).

Hacia las postrimerías del Siglo XX, la crisis económica brasileña precipitó el colapso de las terminales automotrices argentinas y, frente a la brutal caída del empleo sectorial -47,0 % en sólo un quinquenio (1998-2002) (ADEFA, 2004)- y la amenaza de las firmas -en algunos casos concretada- de desplazar sus inversiones hacia el vecino país, el Estado nacional fue convocado a intervenir para socorrerlas: el llamado 'Plan Canje' promovió la expansión del consumo interno vía la recepción de automóviles antiguos de pequeño tamaño y fabricación nacional para la compra financiada de vehículos nuevos. Otorgando extraordinarios subsidios -1.000 millones de pesos anuales- e incorporando a las empresas a un régimen de exenciones fiscales y tributarias, el Plan de Competitividad permitió luego la adquisición de vehículos con bonos en dólares de los depósitos confiscados por el sistema bancario a comienzos de este siglo. Finalmente, en el marco de la actual crisis financiera mundial el gobierno nacional otorgó al oligopolio automotriz un nuevo subsidio, esta vez de 13.000 millones de pesos (ADEFA, 2009).

Siempre esgrimida por el capital en tanto amenaza para obtener condiciones cada vez más ventajosas de operación, la racionalización de la fuerza de trabajo constituye, no obstante, una realidad, concretada en la absoluta supremacía de factores como la polivalencia laboral y la robotización, flexibilidad y automatización de la producción; concomitantemente, otros datos empíricos -incremento de la jornada, sostenida y acelerada expansión de la productividad física y aparente del trabajo- contribuyen a diseñar, pues, una jerarquía singular a escala global, fundada en las normas: luego de haber descendido un 58,3 % a finales del Siglo XX, el costo laboral por vehículo fabricado es un 128,7 % inferior al estadounidense (Gómez Lende, 2011)10.

Convocando al territorio a trabajar para sus egoístas e inconstantes fines, so pretexto de asegurar un enraizamiento del capital que siempre, empero, es provisorio (Santos y Silveira, 2001), las empresas hegemónicas extorsionan sistemáticamente a lugares y países para crear una vana ilusión de fidelidad, siempre permeada por un discurso eficaz sobre el desarrollo, el empleo y la exportación, esto es, una psicoesfera deliberadamente pergeñada para ocultar la robotización del sector, el drenaje de recursos públicos provenientes de las arcas estatales, el aumento de la deuda externa y la importación masiva de piezas y automóviles. Brasil y Argentina son desangrados para construir y reforzar sus respectivas productividades espaciales, lo cual los conduce a otorgar -vaya paradoja- exactamente las mismas ventajas de localización: cesión gratuita de terrenos fiscales e infraestructuras; exención de impuestos y tasas; créditos para capital de giro y financiamiento de máquinas y equipamientos; y empréstitos sobre la facturación; reducción de aranceles a la importación de bienes de capital e insumos, entre otras.

Operando para forjar una especialización local y regionalmente exacerbada, las firmas globales tornan a los lugares cada vez más dependientes de sus cambiantes estrategias, incrementando los costos sociales y económicos de abandonar ese modelo de modernización; ejemplo de ello es Córdoba -histórico baluarte de la industria automotriz-, donde la actividad explica el 42,8 % del producto manufacturero provincial y el 73 % del empleo industrial local (Andrada, 2002). Las guerras fiscales entre Brasil y Argentina se reproducen en el plano nacional: a finales del Siglo XX, las exenciones impositivas y los subsidios ofrecidos por los segmentos provinciales y municipales del aparato estatal alentaron a General Motors a escoger a Rosario en detrimento de Córdoba para instalar uno de los complejos automotrices más grandes de América Latina11.

Otras variantes del enfoque tradicional: la guerra ambiental y la guerra inter-empresarial

Otra guerra de lugares, mucho menos explícita, se desata suscitada por el descarnado interés de algunos subespacios por desembarazarse -a expensas de otros- de las consecuencias negativas de una actividad hegemónica dada. Esos nuevos conflictos territoriales parecen corroborar la tesis de Beck (1993), quien escribe que, en la modernidad actual, la producción social de riqueza va acompañada por la producción social de riesgos, elevando a un nuevo nivel la lógica del desarrollo capitalista. En nuestro país, la minería metalífera ofrece un rotundo ejemplo de ese hasta ahora inexplorado aspecto del proceso. Hacia finales de la pasada centuria, Argentina ingresó en el mercado mundial de la minería del oro, la plata y el cobre a partir de una ostensible refuncionalización jurídica de su legislación: los yacimientos fueron descentralizados a las provincias y concesionados a empresas privadas, los aranceles de importación fueron suprimidos, un sistema de pago de regalías harto favorable al capital fue implementado e importantes ventajas tributarias -reembolso del Impuesto al Valor Agregado, doble deducción de los costos de exploración- fueron otorgadas (Argentina, 2003). Inalterables durante treinta años, esas normas fueron complementadas por un esquema de reintegros fiscales nacionales y exenciones impositivas provinciales que, amortizando los costos de producción de las firmas, compensó con creces los costos originados por el pago de regalías y la remuneración de la fuerza laboral (Gómez Lende y Velázquez, 2008).

Instalándose en los lugares al amparo de esa densidad normativa, gigantescas corporaciones de origen canadiense, australiano, suizo, estadounidense, británico, chileno y japonés exigieron la reestructuración regional de ciertos macro-sistemas -hídrico, portuario, vial, aeroportuario, energético-; así pues, los segmentos provinciales de los sistemas de acciones públicas fueron instados a garantizar el mejoramiento de entradas, caminos y puentes, ceder tierras fiscales para la construcción de puertos y aeropuertos privados, construir nuevos acueductos, relocalizar usinas eléctricas y ampliar el tendido de gasoductos y líneas de alta tensión. No es de extrañar entonces que las firmas globales obtengan de nuestro país la tasa anual de retorno de la inversión más elevada del mundo en ese ramo -apenas igualada por Chile- (Gómez Lende, 2005), en un contexto en que virtualidades naturales y vectores regulatorios -riquezas y normas- se conjugan para elaborar una productividad espacial funcional a los designios del mundo.

Nuevo episodio de una guerra fiscal global, esa racionalidad reproduce en diferentes escalas las escaramuzas en cuanto al reparto de los recursos públicos generados por la actividad. Conflictiva es la relación entre el Estado Nacional y las provincias, dado que las segundas perciben regalías por sólo el 1,5 % del valor bruto de producción -cuando en rigor les correspondería el 3 %- gracias a que aquél permite a las compañías mineras descontar de tal tributo sus costos de fundición, refinación, transporte, seguro y comercialización; paralelamente, se despierta la codicia de los gobiernos locales, que disputan a sus correlatos provinciales la distribución de esos ya diezmados recursos: los sistemas de acciones públicas de San Juan fueron instados a ceder a los poblados mineros el 33 % de las regalías, en tanto la oligarquía catamarqueña debió resignar primero el 15 % y luego el 63 %. La imprecisión de los límites administrativos entre algunos departamentos y el afán de lucro de sus burocracias reaviva antagonismos pretéritos, a la par que las firmas globales amplían la plusvalía a través de la exportación clandestina de metales no declarados al fisco12 (Gómez Lende y Velázquez, 2008).

No sólo las riquezas, empero, devienen objeto de reparto; también ocurre lo mismo con los riesgos. Originados en un mismo proceso, ambos fenómenos pergeñan disputas de naturaleza completamente diferente: una es gobernada por la racionalidad de la escasez -lógica positiva de la apropiación-; la otra es gobernada por la racionalidad de la abundancia -lógica negativa de la eliminación o la externalización- (Beck, 1993). Cada año, los yacimientos catamarqueños envían a Córdoba y Tucumán más de 240.000 litros de residuos peligrosos derivados de la lixiviación del metal (Argentina, 1999), más las normas de esa provincia prohíben reciprocidad al respecto. Otro conflicto, mucho más virulento, se desencadena entre Catamarca y Santiago del Estero y Tucumán cuando los derrames contaminantes de las compañías ocasionan la polución de ríos y arroyos cuyo cauce es tripartito (Gómez Lende y Velázquez, 2008): frente a la virtual inmunidad o extra-territorialidad de las firmas globales ante las legislaciones domésticas, el peso de la batalla jurídica es soportado por el lugar emisor del riesgo, que así hace suya la causa del capital, pues acaba respondiendo por las nefastas consecuencias ambientales y económicas de las acciones de las grandes empresas.

Oculta, la otra cara de la guerra de lugares desatada por las estrategias territoriales de la industria forestal extranjera es global, pues el creciente interés de los grandes imperios celulósicos por nuestro país no obedece sólo a una productividad espacial forjada por la comunión de virtualidades naturales -rápido crecimiento de las plantaciones13-, factores técnicos -magro costo de reproducción de la fuerza de trabajo- y características jurídicas -vasta disponibilidad de tierras fiscales a bajo precio, laxos controles ambientales, implementación del Régimen de Promoción de Plantaciones Forestales (RPPF) y del Plan Nacional de Desarrollo Forestal (PNDF), sanción de la 'Ley Nacional de Bosques Cultivados', 'congelamiento' de tasas, exención del Impuesto a la Ganancia Mínima Presunta y del Impuesto Inmobiliario al doble de la superficie forestada, amortización acelerada del Impuesto a las Ganancias, devolución anticipada del Impuesto al Valor Agregado, desgravación arancelaria a las importaciones, subsidios millonarios, transferencia al erario público de los costos privados de explotación (PMF, 2003)-, sino también a variables externas, como la necesidad trasandina de hallar nuevas fuentes de materia prima y las rigurosas legislaciones ambientales vigentes en los países de origen de esas empresas hegemónicas, que inducen a ciudades chilenas, finlandesas y canadienses a desembarazarse de la contaminación generada por el proceso tradicional de producción de pasta de madera. Impera así la racionalidad negativa de la externalización.

Harto comunes son las guerras entre lugares desatadas por la selectividad e inteligencia del capital, más a veces son las empresas las que contienden entre sí, pues su constante búsqueda de lugares rentables a menudo las conduce a procurar apoderarse del mismo punto-objetivo territorial. No obstante, los lugares devenidos objeto de belicosidad entre el capital no generan deliberadamente tal discordia -intencionalidad que sí subyace a las empresas cuando diversos subespacios pugnan por su instalación-, sino que ésta emerge del propio afán de lucro de aquél. Las largas disputas jurídicas por el 'Proyecto Navidad' -uno de los yacimientos de plata y plomo más grandes del mundo, emplazado en Gastre (Chubut)- que enfrentaron a las compañías canadienses IMA Explorations y Aquiline Resources devienen un hito empírico de un proceso que, además, revela con nitidez la subordinación de nuestro país ante los centros de poder del sistema capitalista mundial: zanjado en favor de la segunda de las firmas contrincantes, dicho conflicto fue resuelto por... la Corte de Toronto (!) (Gómez Lende y Velázquez, 2008).

No es entonces infrecuente que segmentos de una misma facción del capital se traben en feroz disputa por la explotación de las virtualidades naturales y técnicas de los lugares. Operados por firmas globales belgas -Tractebel-, norteamericanas -CMS Energy-, españolas -Edelnor, Iberdrola, Enargas, Endesa, Repsol- y argentinas -Techint-, los gasoductos Norandino y Atacama no sólo exportan combustible a las industrias y centrales termo-eléctricas chilenas, sino que paralelamente procuran satisfacer monopólicamente las demandas energéticas de la minería del cobre desarrollada en el vecino país (Gómez Lende, 2007). Ambos gasoductos parten, vaya paradoja, exactamente del mismo lugar -Tartagal (Salta)-; así pues, ese subespacio se inserta en el paradigma de la competitividad como simple escenario de la conflagración librada entre los capitales de la globalización en aras de la supremacía absoluta.

Observada hasta ahora como una simple disputa por una misma localización o un mismo mercado, la competencia entre las grandes empresas alcanza su paroxismo cuando, además de producirse la combinación espacio-temporal de la lógica de la apropiación y la lógica de la externalización, las batallas corporativas y las guerras de lugares se libran al unísono, toda vez que los segundos son azuzados a asumir como propia la defensa de los intereses de segmentos rivales pertenecientes a una misma facción del capital territorialmente enraizado. Sometida desde finales del siglo pasado al imperio de solidaridades verticales emanadas de un acontecer jerárquico, una actividad como la pesca marítima ofrece un rico palimpsesto de situaciones.

La implacable apertura del sector pesquero argentino a los intereses del capital globalizado se produjo prematuramente durante los años ochenta para consolidarse con fuerza hacia la segunda mitad de la siguiente década. Inaugurando una duradera -y actualmente en curso- fase de depredación de un recurso estratégico y no renovable, la flota extranjera -en principio de origen polaco, búlgaro y ruso, luego comunitario y asiático- y algunos grupos económicos nacionales comenzaron a arrasar con los cardúmenes de merluza y los bancos de calamar, langostino y camarón, entre otras especies, ya no gracias a exenciones fiscales, sino a la refuncionalización jurídica de las normas -reorganización del régimen de permisos de pesca, descentralización regulatoria del litoral marítimo en las provincias- y a la rúbrica de tratados bilaterales - 'licencias de aguas' otorgadas a otras naciones y el llamado Acuerdo sobre Relaciones en Materia de Pesca, 'celebrado' con la entonces Comunidad Económica Europea- (Fratini, 2006).

Ociosa luego del virtual agotamiento de sus propios caladeros y de la expoliación de las costas africanas del Mediterráneo, la flota pesquera española transfirió hacia aguas territoriales argentinas casi un centenar de embarcaciones de gran tonelaje y tecnología, las cuales se convirtieron en integrantes del parque naval 'nacional' vía su asociación con el empresariado local o la adquisición de las licencias de pesca pertenecientes a firmas preexistentes. La pesca artesanal de antaño dejó paso a la pesca del exterminio (Rodríguez Pardo, 2003), pues el poderío de la flota ibérica, la irrupción de los capitales japoneses y coreanos, la consiguiente supremacía de los buques congeladores respecto de los barcos 'fresqueros' -de origen nacional y menor tonelaje, que procesan el pescado en tierra-14 y la fraudulenta multiplicación de permisos permitieron desarrollar una explotación del recurso (Cóccaro et al., 2001; Fratini, 2006) que, al rebasar holgadamente su capacidad de reproducción, ocasionó un profundo colapso biológico y una larga crisis, derivada de esa exacerbada e irracional producción ampliada de escasez15.

Otrora latente, el conflicto entre dos segmentos de una misma facción del capital -la flota fresquera y la flota congeladora- no tardó en desatarse; el Estado nacional fue llamado por la primera a limitar la depredación practicada por la segunda16 mediante la producción de nuevas regulaciones -prematuro final del acuerdo con la Unión Europea, implementación de un sistema de cuotas de extracción según especies, declaración de la Emergencia Pesquera Nacional, imposición de veda al norte del paralelo 48 sur para las capturas de merluza común y restricciones complementarias frente a las costas patagónicas-. Toda vez que ambas flotas se hallan territorialmente diferenciadas -una con epicentro en los puertos bonaerenses (Mar del Plata, Quequén, Bahía Blanca), otra con sus bastiones en las dársenas patagónicas de Rawson y Madryn (Chubut), Deseado (Santa Cruz) y Ushuaia (Tierra del Fuego)-, tal discordia asume, pues, la forma de una guerra de lugares desatada por el afán de lucro de las firmas pesqueras.

Oponiendo el tiempo social de la pesca artesanal marplatense -dotada de menor capacidad de captura, desarrollada con técnicas menos inicuas y destinada prioritariamente a satisfacer la demanda doméstica- al tiempo social de la pesca industrial patagónica -captura continua e indiscriminada, sin tener a la merluza como especie-objetivo principal, técnicas de mayor poder extractivo y primacía de los mercados de exportación- (Cóccaro et al., 2001), la veda realzó el contraste entre estrategias disímiles de acumulación. De ahí el recrudecimiento de la competencia entre algunos nodos del sistema portuario por la obtención de nuevos cupos de captura para las empresas, en función de su pertenencia a la flota que, localmente, comanda los desembarques y los flujos de exportación. No obstante, tales batallas son irracionales en extremo, porque el ciclo biológico de las especies más codiciadas se desarrolla en casi todo el litoral marítimo argentino (Gómez Lende, 2011), desde Mar del Plata hasta el sur de Santa Cruz.

Importante fuente de empleo local, la pesca marítima en tanto actividad hegemónica no enmascara apenas la acérrima y despiadada competencia entre flotas rivales como una suerte de conflicto basado en 'regionalismos' exacerbados, sino que convierte a la reproducción de las condiciones de existencia de la fuerza laboral en un rehén de esa guerra económica y territorial. Inobjetable, esa legitimación ideológica es persuasivamente invocada y utilizada por el capital para obligar a los lugares a interceder por sus intereses ante distintos segmentos de los sistemas de acciones públicas, la lógica negativa de la externalización se impone para concretar una racionalidad absolutamente egoísta e individualista, que obliga a vencer al antagonista para desembarazarse de flagelos como el desempleo masivo y la expansión de la pobreza, amén de la temida y común imposición de mecanismos más precarios o 'flexibles' de explotación laboral.

El resultado no es otro que la constante reorganización de los calendarios productivos de los principales puertos pesqueros, derivada de la notoria inestabilidad de las normas jurídicas que regulan la explotación del recurso. La flota congeladora extranjera -otrora restringida por la veda de pesca al norte del paralelo 48 sur- comenzó a consolidar su erosionada hegemonía cuando fue liberada de limitaciones para operar en el área adyacente a la Zona Económica Exclusiva (milla 200-2001), obtuvo cupos adicionales para capturas incidentales al sur de la citada latitud y finalmente consiguió la suspensión de la veda. Los puertos patagónicos descargaron así los costos sociales de la crisis sobre las dársenas bonaerenses: si en los primeros apenas el 3 % de los frigoríficos se encuentra inactivo, en las segundas tales guarismos se sitúan en el orden del 28 % (Gómez Lende, 2011). Es otra guerra vana, porque tanto en Mar del Plata como en la Patagonia las condiciones laborales del sector -la sub-contratación, la terciarización, la informalidad, etc- se agravan, independientemente de quién resulte vencedor en esa puja.

En nuestro país, el desenvolvimiento y modernización de algunas funciones hegemónicas consideradas estratégicas para la reproducción de la división internacional del trabajo -industria automotriz, minería metalífera, industria pesquera, etc-, parece corroborar en cierto modo la 'fórmula mágica' que, subyacente a la racionalidad dominante del período actual: "capitalismo sin trabajadores más capitalismo sin impuestos" (Sevcenko, 2000), se revela como consecuencia estructural derivada de las diversas guerras de lugares que se libran con el afán de complacer de manera absolutamente incondicional y servil los egoístas intereses del capital global. Eso no agota el análisis, sino que constituye apenas una cara de la moneda, que debe ser complementada por el estudio de las batallas originadas en la revuelta de algunos subespacios contra los intereses y estrategias que empirizan el curso de los sistemas hegemónicos de acción.

Nueva perspectiva emergente: el conflicto entre los lugares y el capital

Con epicentro en la empresa hegemónica, la solidaridad vertical de la lógica de la competitividad es un acto de imperio del orden global. Implacables, las exigencias del capital someten y subordinan a los lugares a una incómoda encrucijada -instalarse en ellos o relocalizarse, permanecer en los mismos o abandonarlos- cuyo propósito es excluir -so pretexto de modernidad y progreso- la eficaz reproducción de cualquier debate interno que, referido a las condiciones materiales e inmateriales que le permiten a aquél establecerse y operar, desencadene una rebelión contra el desorden internamente impuesto por su llegada. Obstando esa pretensión, los lugares suelen ensayar, empero, una reconstrucción -explícita o (generalmente) espontánea- de su cotidiano, que ya no es jerárquica, sino "homóloga" y "complementaria" (Santos, 1996a), pues resulta de las necesidades de supervivencia del conjunto social y la recreación del trabajo colectivo en ámbitos tanto urbanos cuanto rurales.

Nace así un conjunto de solidaridades orgánicas, un denso tejido de lazos y relaciones sociales territorialmente ancladas que, sin importar que los diversos agentes hegemonizados persigan intereses diferentes e incluso inconexos, pugna por la reproducción de un orden interno cuyos parámetros -la co-presencia, la vecindad, la intimidad, la emoción, la cooperación, la contigüidad- (Santos, 1996a, 1996b) son una respuesta a los designios del mundo. Opuestas a las nefastas consecuencias sociales, económicas y ambientales derivadas de la supremacía de la gran empresa, emergen las contrarracionalidades, fuerzas horizontales que, aspirando a regular el territorio, procuran impedir que el poder invasor del espacio de flujos -encarnado por el capital globalizado- elimine al espacio banal -que incluye además a la población local, a pequeñas y medianas empresas y a ciertos segmentos de la burocracia y la burguesía- (Silveira, 1999; Santos, 2000). Si la solidaridad vertical que rige la implantación y desarrollo del modelo hegemónico es producto de la planificación, la rebelión local se 'organiza' -valga la contradicción- a partir de la espontáneo surgimiento de múltiples solidaridades horizontales.

¿Y cuál es el motor de ese enconado y virulento rechazo, que convierte al capital en sujeto -ya no en objeto- de una guerra de lugares de nuevo cuño? Es el miedo, cuya adhesiva fuerza cohesiona a la sociedad local mediante la producción de una solidaridad política, la cual genera conflictos basados en los mismos factores que contribuyen que la lógica del progreso y la ganancia sean los basamentos del sistema capitalista (Beck, 1993). Con la firma global, se instala un orden que aspira a modificar mecanismos y pautas preexistentes de construcción social de la naturaleza para desarrollar un frenético ritmo de explotación de riquezas, indiferente a las valoraciones culturales del entorno y a la continuidad de diversas actividades económicas preexistentes; paralelamente, la utilización de algunas técnicas de producción a menudo atenta contra la perpetuación de la propia vida, destruyendo la flora y la fauna, afectando la salud humana y conduciendo al irreversible agotamiento de recursos indispensables para la reproducción social. De ahí que los lugares ensayen una resistencia -en ocasiones monolítica y duradera, otras veces fugaz y contradictoria- contra ciertos segmentos y / o facciones del capital.

Observada como 'irracional' desde la peculiar y limitada perspectiva de los macro-actores de la economía globalizada, esa solidaridad construida en derredor del temor revela un proceso dialéctico de producción de la consciencia que, opuesta a la alienación introducida por los vectores de la hegemonía, se deriva de la fermentación de los hombres en un espacio cuyo comportamiento -ya no complaciente al capital- es animado por el espíritu de la revuelta. No son ya la competitividad y las exigencias de modernidad y progreso los factores que desatan el conflicto; éste se desencadena por un simple y mero afán de supervivencia, exacerbado cuando el desarrollo de una producción determinada sólo es viable a partir de la aniquilación de las formas, funciones y relaciones pretéritas e, incluso, del absoluto exterminio de la vida en todas sus formas. El territorio supera entonces -ya no desde la pragmática e instrumental cosmovisión de la firma global- su condición de recurso, convirtiéndose, además, en un refugio o abrigo (Gottmann, 1975) que debe ser defendido -acérrimamente y a ultranza- por los agentes hegemonizados de los intereses y estrategias que amenazan su reproducción como cotidiano.

Los usos modernos del territorio suelen ser irracionales para el resto de la sociedad (Santos y Silveira, 2001). Concretada en la instalación y desenvolvimiento de funciones-clave de la división del trabajo, una temporalidad hegemónica pura irrumpe en los lugares, subordinándolos a un comando externo que, al trascender ciertos límites, pergeña cierta oposición y belicosidad ante ciertos vectores del orden global. Otrora insospechados o dignos de poca importancia, los antiguos efectos secundarios inadvertidos se convierten en efectos principales visibles que ponen en peligro a sus propios centros causales de producción, desarrollando una suerte de 'efecto-bumerang' (Beck, 1993) contra el capital. En nuestro país, el relativamente reciente despertar de ese palimpsesto de contrarracionalidades no impide su acelerada propagación, tanto social cuanto territorialmente, involucrando a un nutrido espectro de actividades económicas -la pesca fluvial, la minería metalífera, la industria atómica, el cultivo de soja transgénica y la industria forestal, entre otras-. Escogidos por la acción global, algunos lugares se convierten en soportes de lógicas y acciones horizontales, rebeldes (Silveira, 2003), que, opuestas a la tiranía de la gran empresa corporativa, colocan en tela de juicio su supremacía en teoría absoluta.

La rebelión de los lugares contra el capital como paradigma del nuevo enfoque

Orientada a imponer límites al capital en cuanto a la explotación a gran escala -y más allá de sus posibilidades de renovación- de un recurso considerado -desde la óptica local- estratégico para la reproducción social, la crisis recientemente desatada en la pesca fluvial argentina es un claro ejemplo de la guerra que los lugares libran contra el capital. Hacia finales del Siglo XX, la racionalidad instrumental de la producción ampliada de escasez se instaló con fuerza en esa actividad 'regionalmente' hegemónica, asiduamente practicada en las islas y las riberas santafesinas, correntinas y entrerrianas que lindan al río Paraná. El sábalo -principal especie-objetivo- fue empujado al borde de la extinción por la voraz expoliación ejercida por firmas brasileras y argentinas asociadas -frigoríficos, fábricas de harinas y alimentos balanceados- y concretada a partir del despliegue de poderosas técnicas extractivas que, dirigidas a satisfacer la creciente demanda colombiana, carioca17, congolesa, nigeriana y boliviana (SAGPyA, 2007), redujeron la riqueza ictícola de la citada cuenca a menos de la mitad de sus guarismos históricos18; de ahí que los gobiernos santafesino y entrerriano impusieran tallas mínimas para la captura de sábalos y establecieran, junto a Esquina (Corrientes), cupos de extracción para otras especies, buscando así preservar un recurso vital para la subsistencia de numerosos pescadores artesanales (Gómez Lende, 2011). Esa acción no sólo impide al capital desatar una guerra entre los lugares por la escasez del recurso, sino que induce a lugares otrora complacientes a ensayar una revuelta o una negación respecto de ese perverso modelo de modernización socio-territorial.

Es la minería metalífera, sin embargo, la actividad hegemónica que en Argentina ofrece el quizás más rico y revelador mosaico de situaciones de la confrontación entre el afán de supervivencia de los lugares y el afán de lucro del capital. El rechazo enconado a las consecuencias ambientales que el imperio de esa racionalidad extractiva acarrea conduce a las lógicas locales a procurar expulsar a las firmas globales; así pues, puntos escogidos para concretar la extracción y reproducción de la plusvalía hegemónica se convierten en escenarios de una revuelta que, cual un reguero de pólvora, se propaga aceleradamente en el país. Sólo la apertura de los yacimientos supone la pulverización de montañas y cerros, la contaminación del aire y el agua con metales pesados y vapores tóxicos, y la velada privatización del recurso hídrico -crucial para las fases de lixiviación y concentración del mineral-, enajenado con métodos inescrupulosos y prácticas predatorias -desviar arroyos y ríos, expoliar los acuíferos subterráneos, apoderarse de grandes reservas de aguas fósiles (glaciares)- que redundan en la ruina de numerosos productores agrícolas y en la insatisfacción del consumo humano: en Catamarca, las actividades de Minera La Alumbrera demandan 66.000 litros de agua por minuto -95.040.000 litros diarios-, en tanto Veladero consume gratuitamente unos 110 litros por segundo -9.504.000 litros diarios-, de ahí la aguda escasez que, incluso en épocas de nevada y deshielo, padecen algunos pequeños poblados sanjuaninos (Gómez Lende y Velázquez, 2008).

No obstante, la contaminación del agua y del suelo, derivada de la utilización de cianuro de sodio para la lixiviación del mineral en yacimientos a cielo abierto, es la principal responsable por la eclosión de auténticas catástrofes ambientales; los derrames y las filtraciones de los diques de colas y de las piletas de concentrado ocasionan la pérdida de los cultivos circundantes, el colapso del régimen de los ríos, la recurrente contaminación de las cuencas fluviales, los drenajes ácidos de roca gracias a la disolución de metales pesados, el exterminio de aves y peces, la crisis estructural de las economías campesinas -mortandad del ganado, pérdida de cultivos-, el ostensible deterioro de la salud humana -malformaciones genéticas, cáncer, enfermedades respiratorias-, la erosión de los suelos, la sedimentación de los cursos de agua y las inundaciones de rutas y caminos. Sólo Minera La Alumbrera es responsable por la contaminación de 200 km de ríos en Catamarca, Tucumán, Santiago del Estero y Santa Fe (Gómez Lende, 2011), gracias a las recurrentes roturas del ducto que transporta el concentrado. Hegemónica, esa función impone un nuevo ordenamiento respecto de la naturaleza heredada que, consagrando victorioso al capital, extermina o aniquila -explica ávila Martins (2001)- el lugar en tanto base y contexto donde otros simplemente se reproducían como seres humanos.

Sembrada involuntariamente por la racionalidad dominante, y luego esparciéndose conforme se banaliza, en el territorio, el conocimiento empírico de la perversidad del orden global, la simiente de la rebelión germina en remotos rincones de nuestro país, no sólo en los espacios de la producción -conflictos jurídicos, bloqueos de caminos para impedir o demorar la llegada de insumos para las compañías mineras, etc-, sino también en lugares donde la apertura de nuevos yacimientos es inminente. Oponiéndose a la explotación, por parte de la firma canadiense Meridian Gold, de una mina de oro y plata, la ciudad de Esquel (Chubut) elaboró un sistema de acciones rebeldes que, hallando un campo fértil para emerger y expandirse, fue en principio esbozado por la población local, más luego fue secundado por otras facciones del capital; puesto que la lucha por el uso del espacio instala la modernidad a expensas de las firmas menos poderosas (Santos y Silveira, 2001), ejemplos como la pérdida de mercados de exportación para la cebolla y los vinos sanjuaninos -sobre todo en este último caso en tanto nicho regulado por las certificaciones de origen- o la potencial amenaza que -en el caso de Chubut- se cernía sobre algunos lugares dinamizados por flujos de turismo doméstico e internacional explican, en consecuencia, la recalcitrante beligerancia de algunas pequeñas empresas respecto de la minería.

Devenido espacio de la revuelta19, Esquel construyó y desarrolló, pues, un conjunto de fuerzas horizontales derivadas de una solidaridad que, al ser orgánica y espontánea, invirtió los parámetros de la acción global. La novedad de ese proceso reside en que la rebelión no se limitó a apenas el ámbito estrictamente local, sino que lo desbordó para trasvasar el espíritu de la sedición a otros lugares, implantando en ellos la semilla del conflicto; forjando el primer eslabón de una impensada cadena de resistencia a cuyo derrotero se incorporarían Famatina (La Rioja), el Valle de Ongamira (Córdoba) e Ingeniero Jacobacci (Río Negro), el caso de Esquel alentó la producción de leyes que prohibieran la actividad en Mendoza, Chubut, Río Negro, Tucumán y La Rioja. Nace así una red banal, compuesta de espacios díscolos, insurrectos ante el orden global, desafiantes ante los intereses del capital (Gómez Lende y Velázquez, 2008).

Organizado en múltiples nodos, el circuito espacial de producción de la industria atómica argentina encierra otro pródigo acervo de ejemplos empíricos del proceso aquí analizado, que van desde la minería del uranio hasta la instalación de repositorios o basureros nucleares. A raíz de la comunión de variables externas e internas -agónico ocaso de la 'guerra fría', agotamiento de filones domésticos, ostensible reducción del valor internacional del mineral, estrategia neoliberal de limitar la injerencia estatal en la economía-, la inmensa mayoría de las canteras uraníferas nacionales y sus respectivos complejos fabriles fue desmantelada y abandonada durante las décadas de 1980 y, sobre todo, 1990, y su dinámica producción de antaño fue sustituida con importaciones procedentes de Estados Unidos, Uzbekistán y Kazajstán. Dependiente de la cambiante combinación de acciones externas e internas, el letargo de las minas cordobesas, mendocinas, salteñas y patagónicas de uranio no está, empero, destinado a ser duradero, pues el reciente y raudo ascenso de la cotización internacional de ese mineral y la inminente reactivación del 'programa nuclear argentino' procuran arrancar a los yacimientos de su ostracismo, instándolos a participar de una aún incipiente resurrección de la actividad. Grandes reservas y costos de producción sensiblemente inferiores a la media internacional despiertan la codicia de los capitales hegemónicos, definiendo una productividad espacial que, forjada por la comunión de riquezas, intereses externos y normas políticas, ejerce un irresistible influjo sobre firmas globales norteamericanas, australianas, asiáticas, brasileñas y argentinas.

Sigilosamente, algunas de esas grandes empresas desarrollan un sistemático proceso de concentración de tierras, destinado a incorporar nuevos puntos productivos a sus esquemas globales de acumulación; de ahí que, en un futuro no muy lejano, nuestro país sea obligado a adquirir, a precios internacionales, el uranio extraído de sus propios yacimientos. Obstando las riquezas descubiertas en Córdoba, San Luis, Santa Cruz, el noroeste y la Patagonia, reabrir los complejos minero-fabriles de Sierra Pintada (Mendoza) y Don Otto (Salta) e iniciar la expoliación de Cerro Solo (Chubut) es el principal propósito de esos macro-actores (Gómez Lende, 2009a). Sin embargo, los lugares a los que esa solidaridad entre vectores del orden interno y el orden global pretende despertar de su letargo ensayan una resistencia ante el sistema hegemónico de eventos que en ellos procura manifestarse. Obedeciendo a lógicas banales, esa rebelión se concreta a partir de la producción y reproducción de una contrarracionalidad, opuesta a la implantación y consagración de aquellas finalidades externas que amenazan o ponen en jaque las lógicas preexistentes de uso del territorio y explotación de la naturaleza.

Similar en sus aspectos técnicos a la minería metalífera -apertura de yacimientos, lixiviación del mineral por amalgama química, uso intensivo del recurso hídrico-, el desenvolvimiento de la citada actividad extractiva posee, empero, implicancias ambientales aún más funestas, como la liberación y acumulación de compuestos radiactivos -radio 226, radón 222, uranio, torio 230, polonio 210- que, durante siglos y milenios, contaminarán el aire, el agua y el suelo, aniquilarán la biodiversidad y generarán graves implicancias sobre la salud humana -malformaciones genéticas, diversas clases de cáncer, afecciones del sistema inmunológico-. Oponiéndose a ese cruel y sombrío destino, los lugares procuran negar esa función mediante la producción de regulaciones jurídicas opuestas a su empirización: son los casos de Mendoza, Chubut y La Rioja, donde sendas leyes provinciales han prohibido el uso de insumos imprescindibles para la actividad; paradójicamente, la resistencia de los lugares es complementada por el lobby de las firmas extranjeras que se benefician con las importaciones argentinas de uranio, interesadas en impedir la explotación del mineral en los Valles Calchaquíes (Gómez Lende, 2009a).

Orientada a satisfacer el consumo energético de las usinas Atucha I y Embalse, la elaboración del combustible nuclear es también objeto de una guerra que, paradójicamente, ya no es librada contra capitales hegemónicos externos, sino contra una empresa estatal: Dioxitek, dependiente de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA). Levemente enriquecido en Ezeiza, el mineral importado finaliza su procesamiento en los complejos minero-fabriles de Córdoba y, en menor medida, San Rafael, retornando a la localidad bonaerense para la elaboración de barras especiales para reactores. No obstante, los nodos propios de esa configuración son perturbados en su localización y funcionamiento por conflictos sociales de base territorial. Las nefastas consecuencias ambientales del proceso de fabricación industrial del dióxido de uranio -fugas de polvo radiactivo y amoníaco gaseoso- condujeron a algunos lugares a rebelarse contra Dioxitek: expulsada del ejido urbano de Córdoba, la citada empresa procuró concentrar en San Rafael la totalidad de su producción de combustible, más la resistencia de la población local obligó a la CNEA a decidir el inminente desplazamiento -todavía no concretado- de la firma a Zárate, en las adyacencias de Atucha I (Gómez Lende, 2009a). Oponiéndose a una intervención vertical -las funciones impuestas a los lugares-, la insurrección de éstos podría acabar forjando una impensada reorganización del circuito espacial de producción de ciertas actividades nucleares.

Exceptuando, quizás, a la minería del uranio, no existe otro eslabón tan conflictivo para la reproducción de esa función como el almacenamiento y la gestión de los residuos atómicos. Famoso fue el intento de la CNEA de construir en 1986 un repositorio nuclear en Gastre (Chubut), destinado a acumular los desechos radiactivos originados en las centrales nacionales y, también, a ser arrendado a otros países. Escogido por la lógica instrumental de la acción hegemónica en virtud de su raridad de variables dinámicas y la escasa densidad de su tejido socio-económico, un paraje poblado por algunos centenares de habitantes y caracterizado por una economía ganadera de subsistencia no opondría, en principio, obstáculos a la penetración de ese vector, ni tampoco las rugosidades de un territorio previamente modernizado. No obstante, la enconada y duradera oposición regional a dicha lógica impidió la consumación de tal proyecto, tornando ineficaces las falaces invocaciones al progreso con las que ciertos segmentos de la burocracia nacional pretendieron doblegar la insurrección patagónica20. Soporte de acciones horizontales, espontáneas, rebeldes, Gastre desbarató la convergencia entre funciones planificadas y funciones ejecutadas concebida por actores hegemónicos globales y nacionales.

Frente a su crisis interna -derivada de las presiones norteamericanas en cuanto a la cancelación de contratos de exportación con países de Medio Oriente y la finalización de los trabajos de enriquecimiento de uranio-, la firma rionegrina INVAP -otro brazo de la CNEA- resucitó, hacia finales del Siglo XX, dos antiguos programas: la instalación de basureros nucleares y la 'venta de kilovatios limpios'. Obedeciendo a los intereses de la firma francesa Pechiney, el 'proyecto Gastre' resurgiría con renovados bríos, en tanto el gobierno nacional procuraría emplazar, en pleno conurbano bonaerense, seis pequeños repositorios atómicos. El fracaso de ambos intentos obligó a ensayar otra estrategia: la importación de basura radiactiva como incentivo a la adquisición, por parte de Australia, de pequeños reactores de investigación y electrificación (CAREM). Licitada por la Australian Nuclear Safety Organization (ANSTO), la construcción del reactor de Lucas Heights hizo responsable a INVAP por la disposición de los residuos radiactivos derivados de su funcionamiento, lo cual desató dramáticas guerras de lugares entre la Patagonia y algunos partidos del Gran Buenos Aires, azuzadas por la lógica negativa de la externalización. La inquebrantable oposición 'regional' al proyecto de la CNEA de emplazar tales desechos en Río Negro -La Esperanza, Chasicó- y Chubut -Sierra del Calcatapul, Sierras del Medio- culminó con el almacenamiento de la escoria nuclear australiana en el Centro Atómico Ezeiza, situado en pleno corazón de una zona densamente poblada y en las cercanías del aeropuerto internacional más importante del país (Gómez Lende, 2009a). Vencido, ese lugar se convierte en un medio repulsivo para otras facciones del capital e irracional para los hombres.

Otra variante de la perspectiva emergente: la ofensiva del capital contra los lugares

Cuando los lugares descubren que lo universal y lo hegemónico no son otra cosa que particularismos que en algún momento de la historia han devenido dominantes (Laclau, 2006), la situación cambia dramáticamente; es el capital quien debe ahora desarrollar una ofensiva. Limitada por el levantamiento de algunos subespacios ante sus pretensiones, la reproducción y expansión del orden global se ve comprometida, obligando a las empresas a recurrir a cuanta estratagema y ardid resida en su casi infinito arsenal de recursos para prevalecer en la conflagración. Así, las grandes firmas transnacionales despliegan, junto al Estado, un mosaico de estrategias tendentes a conquistar y / o preservar la -por ellas mismas- siempre amenazada lealtad o fidelidad de los lugares. Es imperioso inocular en las conciencias la necesidad de adoptar ese camino a la modernidad. Quimérica, la harto frecuente analogía establecida entre el modelo de modernización y el progreso regional es generalmente enfática en cuanto al -supuestamente positivo- impacto sobre el mercado de trabajo y al mentado 'efecto-derrame' sobre la economía local en tanto indiscutibles atributos de actividades hegemónicas como la minería metalífera y la explotación uranífera. No obstante, la propagación socio-territorial de un certero conocimiento empírico acerca de la contratación de fuerza laboral extra-regional y la extrema precariedad de las condiciones técnicas y sanitarias de producción torna ineficaz a ese intento de manipulación del imaginario colectivo, desarrollado por los macro-actores de la economía global y algunos segmentos del aparato burocrático provincial y local.

No logrando conjurar los fundados temores locales, el ataque del capital es, a menudo, insuficiente. Negando la utilización de insumos tóxicos21 o minimizando la influencia de éstos sobre la naturaleza y la salud humana, otra psicoesfera se encarga de producir y difundir 'tranquilizadores' datos acerca de las 'seguras' condiciones de explotación y gestión, los cuales son avalados por firmas de consultoría ambiental, organismos multilaterales externos22, el propio Estado e, incluso, algunos organismos científico-tecnológicos cooptados por vectores del orden global. No existe probabilidad alguna de catástrofe, pues los parámetros de seguridad implementados son los mismos que rigen en los países centrales -se ufanan las corporaciones transnacionales-. Es menester hacer a un lado prejuicios y miedos irracionales que conspiran contra el desarrollo -asevera el poder político-. Es imposible sustituir a la energía nuclear o a ciertos metales sin alterar radicalmente la vida cotidiana; el cianuro, el ácido sulfúrico y el uranio -inocuamente presentes en la naturaleza- participan de infinidad de procesos productivos; los niveles de radiactividad son 'normales' y el agua es todavía 'apta' para el consumo humano23 -proclaman triunfalmente los especialistas-. Compacto y monolítico, ese conjunto de legitimaciones ideológicas funcionales al capital no suele bastar, empero, para disuadir a los lugares de la actitud de desafío adoptada ante el orden global, pues -como explica Beck (1993)- el monopolio del saber experto para diagnosticar ciertos riesgos es cada vez más puesto en duda a partir de la crisis de racionalidad que hace eclosión en las ciencias técnicas y de la naturaleza cuando éstas son obligadas a tratar con los peligros que ellas mismas han contribuido a generar.

So pretexto de filantropismo -el eufemismo de 'la integración y el compromiso con la comunidad'-, las empresas hegemónicas explotan -en su propio beneficio, claro está- la inmensa y cruda pobreza que castiga a algunos de los poblados donde operan o procuran establecerse; el asistencialismo -becas escolares y universitarias, donación de vestimenta, materiales educativos e insumos sanitarios, entrega en comodato de tractores y semillas, implementación de programas de desarrollo agropecuario y otras dádivas (ambulancias, hospitales)- es, por excelencia, la herramienta que permite consumar ese proceso en Catamarca y San Juan (Gómez Lende y Velázquez, 2008). Exitosa, por cierto24, tal estratagema determina que, en la encrucijada dada por la competencia entre la tangible amenaza de la muerte a manos del hambre y la difusa amenaza de la muerte por intoxicación (Beck, 1993), poblaciones locales agobiadas por la miseria se inclinen por la segunda opción. Ese afán de 'solidaridad' territorial y 'compromiso social' pretende además enmascarar la condición de enclave propia de algunas funciones de la división internacional del trabajo y diluir la indiferencia socio-ambiental de las acciones hegemónicas. Segmentos de los sistemas de acciones públicas otorgan su beneplácito y colaboración para afianzar el imperio de la actividad dominante: en Catamarca, las regalías mineras percibidas por el gobierno provincial son reinvertidas en la construcción de secaderos para los minifundios nogaleros y en programas de créditos y capacitación para las pequeñas y medianas empresas (Gómez Lende, 2005).

No se agota aquí el acervo de recursos con que el capital cuenta para doblegar a los lugares disfuncionales a sus intereses. Ya citado en este trabajo, el caso del 'Proyecto Navidad'25 constituye un ejemplo empírico válido para validar dicha hipótesis. Otrora objeto de una enconada lucha por su adjudicación, el citado yacimiento de plata y plomo es ahora escenario de una conflagración completamente diferente, detonada por la resistencia de las comunidades tehuelches de Gastre, Blancutre y Gan Gan en cuanto a la enajenación y devastación26 de las ancestrales -y diezmadas- tierras donde una primitiva ganadería ovina les permite la más estricta de las subsistencias. Atemorizado por la 'negativa' experiencia sufrida en Esquel, el capital desplegó y aplicó, entonces, diversos mecanismos de cooptación social, desde la vana promesa de otorgamiento de títulos comunitarios de propiedad y mejora de caminos vecinales hasta la entrega de alimentos y vehículos, bienes materiales ciertamente escasos en ese olvidado rincón de la meseta patagónica; posteriormente, su notable influencia sobre el gobierno provincial metamorfoseó a algunos de sus programas asistenciales -antaño imbuidos de una vocación compensadora de las desigualdades sociales y territoriales- en herramientas de control y disciplinamiento, sumisas a una métrica que ya es no burocrática, sino más bien mercantil27 (Gómez Lende, 2011).

Finalmente, la estrategia de la empresa hegemónica desembocó en el desarrollo de una auténtica operación de espionaje (Aranda y Claps, 2008), concretada en la construcción de un minucioso inventario y la sistematización de un profundo conocimiento empírico de la dinámica social del lugar. Ejercida, sobre todo, en sus aspectos geopolíticos, esa maniobra permitió a la firma global apoderarse de una información-clave para retroalimentar su supremacía: las eventuales resistencias que, nacidas del cotidiano local, podrían afectar el desenvolvimiento del proyecto minero. El acontecer jerárquico penetró entonces en la espesura y complejidad de la organización político-social del espacio de la copresencia para expandir los sistemas informacionales del capital, develando los patrones y mecanismos internos de resolución de conflictos que permitieran sofocar la eclosión de cualquier posible revuelta y, así, ensayar una eficaz planificación y / o reestructuración de las estrategias necesarias para obtener una victoria sobre el lugar28. Convertido en recurso, el conocimiento coadyuva así a la regulación del territorio por parte de los agentes externos, pues esa solidaridad organizacional, al procurar nutrirse de las solidaridades orgánicas locales para afianzar su propio imperio, metamorfosea a la información en un arma útil en la guerra del capital contra los espacios de la revuelta; así, los "bancos de datos empíricos" (Silveira, 1999) elaborados por las corporaciones ya no se limitan a valorar o sopesar las virtualidades naturales, técnicas y normativas de los lugares, sino que deliberadamente operan para reforzar la sujeción o yugo de éstos ante los intereses globales.

Otro ejemplo empírico de la guerra que el capital libra contra los lugares es proporcionado por la expansión, en nuestro país, de la soja transgénica. Homogeneizando formal y funcionalmente a los lugares, una racionalidad pragmática e instrumental -la del monocultivo- impone una racionalización del espacio que, basada en solidaridades verticales, se abate sobre la materialidad heredada y reorganiza las condiciones preexistentes de reproducción social. Concebido como una suerte de periferia ampliada de la pampa húmeda, el norte argentino asiste a un avance de la frontera agrícola que, voraz e irrefrenable, expulsa a campesinos y aborígenes, usurpando sus tierras y agotando sus fuentes más elementales de subsistencia. Irresueltos, los litigios legales entre algunos gobiernos provinciales y el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), la precariedad jurídica del régimen de tenencia de la propiedad agrícola que padecen los actores sociales subordinados y la connivencia de las burocracias locales respecto del capital permite que agentes hegemónicos externos se apoderen de vastas extensiones.

Ocupadas durante largas generaciones por los pueblos originarios, esas tierras constituyen los últimos bastiones o reductos de pautas de vida tradicionales, cuya continuidad -cada vez más dificultosa- depende estrechamente de los bosques nativos en tanto fuente de la propia supervivencia. Irracionales para la lógica dominante de turno, esos vestigios o relictos remanentes de modos pretéritos y hegemonizados de existencia consideran a la tierra como un bien colectivo, en tanto la naturaleza es entendida como un valor de uso. Allí, una agricultura y una ganadería primitivas, recreadas en los márgenes e intersticios del sistema, se desarrollan al amparo de la llamada 'ley veinteañal', conviviendo respecto de la caza y la recolección para forjar economías de subsistencia respetuosas de los contenidos de la naturaleza heredada.

El capital se vale aquí de todas las armas posibles para vencer, desde la cooptación del Estado hasta el implacable ejercicio de la belicosidad más explícita. Obtenidos con el beneplácito del poder político provincial, títulos apócrifos de propiedad y permisos de deforestación permiten a consorcios agropecuarios, grupos económicos, complejos agroindustriales y empresas de desmontes concretar la llamada 'fabricación de campos', más cuando la violencia simbólica de esas normas jurídicas se revela ineficaz, otros mecanismos de coerción -desalojos, bloqueo al acceso del suministro de agua, etc- son sistemáticamente desplegados; con frecuencia, vastas superficies recientemente valorizadas son incluso 'vendidas' con sus habitantes dentro. En Chaco y Salta, el modelo hegemónico es ejecutado con deliberada crueldad: topadoras arrasan con los ancestrales dominios nativos -aldeas, chozas y cementerios-, destruyendo sus medios de vida y sus fuentes de sustento, y luego las superficies boscosas son calcinadas, impidiendo el aprovechamiento de la leña para así acelerar la expulsión de los aborígenes -tobas, wichís, mocovíes- y los campesinos que, acorralados por las enfermedades, la inanición, la sed y la desnutrición, son empujados a migrar masiva y compulsivamente hacia ciudades y pueblos para engrosar los ya abultados cinturones urbanos de pobreza y miseria (Gómez Lende, 2009b). Oprimiendo y apagando sin piedad a solidaridades orgánicas largamente elaboradas y recreadas, un sistema externo de acciones consuma una victoria del capital, exterminando al lugar donde actores no-hegemónicos se reproducían como seres humanos.

Otros conflictos, finalmente, si bien poseen su fundamento en una rebelión apenas local contra el capital, suscitan una conflagración entre países y lugares: la guerra entablada entre la ciudad entrerriana de Gualeguaychú y la urbe uruguaya de Fray Bentos en cuanto a la instalación en esta última de una fábrica de pasta de celulosa perteneciente a la firma global finlandesa Botnia es un excelente ejemplo empírico de una discordia cuya raíz reside en el impacto -lluvias ácidas, contaminación del aire y polución del río Uruguay con enormes volúmenes de lignina, cloro, azufre, hidro-sulfatos, metales pesados, dioxinas, furanos, fenoles, sulfuro de metilo, etc- que las técnicas inherentes a esa industria poseen tanto sobre las pequeñas producciones locales -citricultura, turismo, pesca- como sobre la salud humana. Obstando mecanismos informales -cortes de puentes y pasos fronterizos coordinados entre Gualeguaychú y la capital provincial (Paraná)-, la espontánea construcción de una solidaridad orgánica y horizontal pergeñó una suerte de producción doméstica de normas jurídicas opuestas a los intereses de la empresa hegemónica: la llamada 'ley de la madera' prohibió que la materia prima extraída de Corrientes y destinada a Botnia transite por Entre Ríos, obligando a la firma transnacional a modificar sus circuitos de producción, drenando sus rollizos de eucalipto hacia Brasil para luego importarlos desde Uruguay. Aquí, la fuerza local no es suficiente para obligar a los intereses del capital a replegarse, pero basta para deformar la supremacía de la acción global (Gómez Lende, 2011).

No obstante, la oposición interna contra esa facción del capital es, vaya paradoja, mucho menos acérrima; en Misiones, por ejemplo, la absoluta hegemonía de la corporación forestal chilena Arauco-Alto Paraná es objeto de resistencias mucho más débiles que las que despiertan, en Entre Ríos, las operaciones de Botnia en Uruguay; aunque en Wanda, Puerto Piray y Puerto Esperanza proliferen las enfermedades respiratorias, las alergias, los nacimientos con malformaciones, los abortos espontáneos y diversos tipos de cáncer, la connivencia de distintos segmentos del Estado respecto de poderosos intereses corporativos y, sobre todo, la pobreza extrema reinante, conspiran para desarticular una potencial insurrección local contra el orden global, en un contexto en el que la silvicultura y la industria a ella asociada explican la mitad del Producto Bruto Geográfico (PBG) y el 42 % del empleo provincial (Gómez Lende, 2010). Quemante, esa contradicción estructural corrobora la ya citada tesis de Beck (1993), quien sostiene que, en la competencia entre la amenaza visible de la muerte a manos del hambre y la amenaza invisible de la muerte por intoxicación, suele triunfar la lucha librada contra la miseria material. ésa es otra arma que el capital explota consciente y deliberadamente para imponer su dominio ante la revuelta que los lugares ensayan -y constantemente reelaboran- para derrotarlo.

Conclusiones

En este trabajo, la cuestión de la "guerra de lugares" ha sido objeto de un análisis y una interpretación críticos, concretados a partir de una elucidación metodológico-conceptual que, empíricamente aplicada al caso argentino, ha superado las limitaciones propias de la etimología de la noción y ha propuesto un esquema de abordaje que desborda los aspectos estrictamente urbanos y fiscales del fenómeno. No agotado aún en su riqueza y diversidad, ese caleidoscópico proceso condujo a analizar un nutrido conjunto de situaciones posibles: la instalación de una actividad y / o firma hegemónica; el reparto territorial de las consecuencias sociales, económicas y ambientales generadas por aquellas; la disputa entre las empresas por una misma localización; y el conflicto desencadenado entre los lugares y las firmas globales, los primeros procurando expulsarlas y las segundas pretendiendo doblegarlos. Los conceptos de espacio de la complacencia y espacio de la revuelta sistematizaron el rico acervo de situaciones ontológicas que nuestro país ofrece, revelando nuevas posibilidades de abordaje del fenómeno: la guerra de los lugares por el capital -enfoque clásico- y contra el capital -enfoque emergente-; así pues, la primera perspectiva indagó sobre las ventajas materiales y políticas que los subespacios conceden a las firmas hegemónicas, en tanto que la segunda exploró la impronta socio-ambiental dejada por las funciones -potenciales y concretas- propias de aquellas. En conjunto, ambos enfoques trascienden el epifenómeno para constituir una síntesis dialéctica, develando las condiciones sociales y geográficas que subyacen al desenvolvimiento de una determinada actividad y, al mismo tiempo, reconociendo las huellas y los conflictos que el imperio de la explotación capitalista y la división territorial del trabajo generan en los lugares.

Notas
1 Según Santos (1996b), la localización de empresas y actividades de acuerdo a la productividad espacial de los lugares es un dato del período histórico actual, el llamado "medio técnico-científico-informacional".
2 Se habla mucho hoy de guerra fiscal, en la medida en que la disputas de Estados y localidades por la presencia de empresas -y la búsqueda por parte de éstas de los lugares apropiados para instalarse lucrativamente- es vista, sobre todo, en sus aspectos fiscales (Santos y Silveira, 2001).
3 "Del mismo modo que el sabor del pan no nos dice quién ha cultivado el trigo, este proceso no nos revela tampoco las condiciones bajo las cuales se ejecutó, ni nos permite descubrir si se ha desarrollado bajo el látigo brutal del capataz de esclavos o bajo la mirada medrosa del capita-lista" (Marx, 1980: 129).
4 Para Harvey (1990: 120-122), éste es uno de los descubrimientos más notables de Marx; al respecto explica: "Las condiciones de trabajo y de vida (...) que subyacen a la producción de mercancías (...) permanecen ocultas cuando intercambiamos un objeto (dinero) por otro (la mercancía). Podemos tomar diariamente nuestro desayuno sin pensar en la cantidad de gente que participó en su producción (...) No podemos deducir de la contemplación de un objeto en el supermercado cuáles fueron las condiciones de trabajo que hicieron posible su producción". Surgido "automáticamente del intercambio del mercado", ese proceso es asimismo coadyuvado por la "publicidad y la comercialización".
5 Entre 1990 y 2000, arribaron a nuestro país más de 154.000 millones de dólares en concepto de IED, de los cuales la abrumadora mayoría (88,1 %) correspondía a los principales países signatarios de TBI con Argentina: Estados Unidos, España, Francia, Chile, Italia y Gran Bretaña (Argentina, 2002).
6 El Estado provincial otorga un subsidio a la masa salarial del 10 % durante los primeros dos años de radicación y del 5 % para el bienio subsiguiente, amén de financiar hasta el 70 % del capital de trabajo inicial de la empresa. También desembolsa el 50 % del costo de edificios e instalaciones, con un valor límite de hasta $1.000.000; si la firma alquila infraestructura edilicia, el Estado paga el 10 % del costo anual, añadiendo un 1 % por cada empleo generado, hasta alcanzar el 40 % (San Luis, 2006).
7 Toda introducción en el resto del país de bienes procedentes de una zona franca es considerada una operación de comercio internacional. Asimismo, las exportaciones realizadas desde éstas no pagan retenciones; las firmas exportadoras tampoco pagan el Impuesto al Valor Agregado (IVA) por los insumos adquiridos en el mercado interno o en el exterior, no debiendo abonar derechos de importación por los equipos instalados. La energía y comunicaciones que consumen les son, finalmente, facturadas sin impuestos (Argentina, 1994).
8 Todas las zonas francas fueron implantadas con el argumento que cada una de ellas generaría centenares y, en algunos casos, miles de puestos de trabajo. No obstante, en la mayoría de los casos su plantilla laboral no supera algunas decenas de personas.
9 La fibra de algodón riojano es muy superior a la del resto del país, merced a su excelente calidad y longitud, que rebasa ostensiblemente a la obtenida en las áreas tradicionales de secano.
10 El costo laboral de la industria automotriz 'argentina' es uno de los más bajos del mundo. El tercer sector exportador de nuestro país -luego del complejo oleaginoso y los hidrocarburos- apenas genera 8,2 empleos por cada millón de dólares de valor bruto de producción (Sevares, 2001). Se registró, asimismo, una brutal contracción -del 18,1 % al 4,6 %- de la participación de la masa salarial sobre el ingreso generado (Gómez Lende, 2011).
11 Tales ventajas fueron concedidas porque la automotriz norteamericana había prometido incorporar a más de 1.300 trabajadores; en la actualidad, trabajan apenas 400 operarios (Gómez Lende, 2011).
12 En Catamarca, en el límite de los departamentos de Belén y Andalgalá, se emplaza uno de los principales yacimientos de cobre, oro y plata del país: Bajo La Alumbrera; ambos lugares se disputan el 63 % de las regalías cedido por el gobierno provincial, mientras la compañía suizo-canadiense a cargo de la mina exporta clandestinamente uranio, bromo, cromo, vanadio, plomo, zinc, molibdeno, mercurio, manganeso, torio y talio (Gómez Lende y Velázquez, 2008).
13 Medido en metros cúbicos por hectárea, el crecimiento forestal del nordeste argentino es el más rápido del mundo: así, el nordeste correntino -Santo Tomé, Ituzaingó, etc- y buena parte de Misiones despuntan como los mejores sitios del planeta para la instalación de forestaciones exóticas y plantas de celulosa, sólo igualados por Bahia y Rio Grande do Sul (Brasil) (Gómez Lende, 2010).
14 Si en 1990 la flota congeladora sólo explicaba el 36 % de las capturas, en 1997 daba cuenta del 68 %, situación que se prolongaría hasta la actualidad (Gómez Lende, 2011).
15 La sobre-pesca superaba el 250 % y las reservas de merluza común habían caído un 75 % (Fratini, 2006).
16 Es natural que la flota fresquera demandara la intervención del Estado para la conservación del recurso: la principal especie amenazada es la merluza común, que representa el 81 % de las capturas obtenidas por aquella (Fratini, 2006).
17 Otro ejemplo de la guerra de lugares librada por la lógica negativa de la externalización: Brasil mantiene una severa prohibición para la pesca comercial de esa especie en su propio territorio; paradójicamente, esos cardúmenes 'protegidos' son los mismos que se explotan en el Paraná argentino y exportados, entre otros destinos, al vecino país (Gómez Lende, 2011).
18 La productividad ictícola del río Paraná fluctúa entre 40 y 60 kg / ha; hasta 2005, las capturas triplicaron esos valores (Gómez Lende, 2011).
19 En 2005, la presión social obligó al poder político a establecer un llamado a referéndum; como el 81 % de los habitantes de Esquel rechazó el proyecto de Meridian Gold, el gobierno de Chubut se vio obligado a suspender hasta 2009 toda actividad minera metalífera en el noroeste provincial (Gómez Lende y Velázquez, 2008).
20 Como parte de su estrategia de sofocar la resistencia del lugar y, asimismo, 'compensar' la fijación del basurero atómico con el arribo de algunos elementos de la modernidad, en 1988 el gobierno nacional construyó una antena satelital para que los 400 habitantes de Gastre accedieran a la señal de Argentina Televisora a Color (ATC), el canal estatal; paralelamente, impulsó la llegada de las líneas telefónicas, procurando establecer una relación directa entre la instalación de los residuos atómicos nucleares y la llegada del 'progreso' (Gómez Lende, 2009a).
21 En 2004, Minera La Alumbrera negó utilizar cianuro para la lixiviación del mineral y prohibió a los medios de comunicación de información contradecir tal aseveración, so pena de demanda judicial (CAEM, 2004).
22 El estrago ambiental generado por Minera La Alumbrera no es para esa empresa relevante; su proceso productivo se realiza bajo los parámetros estandarizados de protección ambiental del Banco Mundial (Gómez Lende, 2005).
23 Con ocasión del conflicto suscitado por la potencial reapertura total del Complejo Minero-Fabril de Sierra Pintada, la CNEA no sólo arguyó que la humanidad está sometida a la radiactividad presente en la naturaleza e, incluso, a la generada por sus propias viviendas (!), sino que realizó -a despecho de la ingente acumulación de colas de uranio en el yacimiento (próximo a San Rafael) y la acelerada multiplicación de casos de cáncer en esa ciudad- mediciones de radiactividad situadas en guarismos 'normales' (CNEA, 2008). Con respecto al rechazo a la lixiviación con ácido sulfúrico, ese organismo estatal afirmó que no debe despertar ningún temor; después de todo, Mendoza es la principal consumidora, a nivel nacional, de ese insumo, gracias a la demanda de la industria vitivinícola.
24 No siempre el asistencialismo rinde sus frutos: Esquel y Calcatreu fueron inmunes a su influjo, pese los esfuerzos de las mineras canadienses por conquistar la 'simpatía' de ambos lugares.
25 So pretexto de que el desarrollo de la minería es inviable allí, la meseta chubutense quedó excluida de la prohibición lograda por Esquel, de ahí la continuidad del 'Proyecto Navidad' (Gómez Lende y Velázquez, 2008).
26 La preocupación local no se limita apenas a la contaminación ambiental, la profanación de tierras ancestrales o la ruina económica: el agua ocupa un lugar central. Consumiendo aproximadamente 460 litros por segundo, 40 millones de litros por día durante los quince años de vida del yacimiento, Navidad utilizaría en sólo cuatro horas la misma cantidad de agua que diariamente demanda toda la población ovina provincial -cuatro millones de animales-. No hay agua en la meseta en cantidades suficientes para tal fin, de modo que ésta será bombeada de las napas, implicando el secado de pozos, aguadas y mallines en una vasta superficie. La actividad minera competirá destructivamente con la actividad ganadera-pastoril, aumentando el despoblamiento del campo y la desertificación y el apiñamiento demográfico en los cordones de miseria urbana (Aranda y Claps, 2008).
27 El gobierno provincial desarrolla dos programas que marcan la suerte de los habitantes: el "Plan Calor" -entrega de leña cada 15 días, entre 100 y 200 kilos según el grupo familiar, esencial frente a inviernos que llegan a 30 grados bajo cero- y el "Programa Moahir" -compra anticipada de lana a pequeños productores, con mejores precios que los pagados por los comerciantes locales-; así pues, quien no obedece a los intereses hegemónicos defendidos por la burocracia es social y económicamente penalizado (Aranda y Claps, 2008).
28 Se trata del llamado "Estudio social de las áreas de impacto del proyecto Navidad", encargado a la consultora Rehuna por parte de IMA Explorations, antes de que el yacimiento pasara a manos de Aquiline Resources. En extremo detallado, tal estudio incluía el perfil de los pobladores, sus experiencias de vida, la organización política, la correlación de fuerzas de poder, las relaciones de parentesco, la gestión comunal, la influencia de los cultos religiosos, los conflictos sociales internos existentes, los mecanismos de obtención de consensos y, claro está, el papel que la minería ocupaba en el imaginario colectivo, sugiriendo, además, estrategias para obtener la aprobación de la población, entre ellas la operación sobre los medios de comunicación locales (Aranda y Claps, 2008).

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Fecha de Recepción: 3 de agosto de 2009
Fecha de Aprobación: 23 de diciembre de 2010