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Revista Universitaria de Geografía

versión On-line ISSN 1852-4265

Rev. Univ. geogr. vol.26 no.2 Bahia Blanca dic. 2017

 

Geografías sociales y políticas de la soberanía alimentaria. Disputas de territorio en torno a significados, actores, procesos y escalas geográficas anudadas

Gabriel Horacio Álvarez*

* Geógrafo (UBA), Mg. en Sociología de la Cultura (IDAES-UNSAM). Docente e investigador en UNTREF, UNSAM -Centro de Estudios Geográficos (CEGeo)-, EHU y UNCPBA, alvarezgabriel@speedy.com.ar

Resumen
La soberanía alimentaria se ha consagrado como un conjunto de discursos y prácticas de amplio contenido territorial y ambiental que en la arena de lo político estableció como prioritario el control del sistema alimentario desde la soberanía de los pueblos. En este sentido es un fenómeno que ha crecido particularmente durante la última década desde la postulación que numerosas organizaciones de la sociedad civil realizaron desde sus lugares y territorios, al interpelar al Estado Nacional y diversos organismos supranacionales, como por ejemplo la FAO, en defensa del derecho a la alimentación para todas las personas. En este artículo se procurará poner en evidencia las disputas por los significados y los sentidos que envuelven la evolución de una palabra que se desarrolló en paralelo a su creciente capacidad aglutinadora de actividades, derechos y prácticas políticas emancipadoras. Asimismo, creemos que la inclusión de esta problemática en la disciplina junto al planteamiento de sus imaginarios geográficos alternativos, pueden contribuir a mayores y mejores condiciones para la ampliación del campo de estudios de una geografía social y política anticapitalista a los inicios del siglo XXI; en especial, una geografía que encuentra en el vocablo territorio la utopía de la autonomía, la diversidad social, el poder territorial, el desarrollo sustentable fuera del capitalismo, la solidaridad y la ayuda mutua entre las personas.

Palabras clave: Soberanía Alimentaria; Territorio; Discursos,; Modos de Producción; Organizaciones Sociales; Territoriales y Ambientales.

Social and political geography of food sovereignty. Territory and arguments on its meaning, actors, processes and woven geographic scales

Abstract
Food sovereignty was enshrined as a set of discourses and practices of rich territorial and environmental content. From the political point of view, the food system control by peoples' sovereignty was established as a priority. Therefore, a phenomenon has grown particularly throughout the last decade. It is an issue arisen by numerous civil societies from different places and territories in order to question the national state and various supranational organizations, such as FAO, in defense of the right to food for all people. This article will reveal the arguments on meaning and significance conveyed by a word that was coined at the same time it implied political practices, activities, and policies. We also believe that including this issue in our area of study will promote the expansion of the field of study of anti-capitalist social and political geography in the early 21st century, especially where the word territory implies a utopia of autonomy, social diversity, territorial power, and sustainable development outside capitalism, solidarity and mutual assistance.

Key words: Food Sovereignty; Territory; Discourses; Production Methods; Social; Territorial and Environmental Organizations.

Introducción a la problemática de la soberanía alimentaria

Las investigaciones geográficas planteadas desde la soberanía alimentaria tienen antecedentes globales que no exceden las dos décadas, mientras que las correspondientes a nuestro país deberán hallar sus comienzos a mediados de la década que indica el cambio de siglo. La preferencia por el estudio de esta problemática en el marco de los estudios geográficos latinoamericanos se desarrolló en paralelo a la creciente preocupación regional por determinados tópicos de la geografía social y política; principalmente, aquellos estudios que privilegiaron su interés hacia los reconocimientos de los derechos socioculturales, políticos, económicos y ambientales de los pueblos. Desde entonces fueron numerosos los conceptos e interrogantes territoriales y ambientales que contribuyeron a conformar una gramática, digamos genéricamente espacial, que vinculó a la geografía con otras ciencias sociales para el estudio de la soberanía alimentaria. La centralidad del aporte de la geografía se interpuso a partir de algunos de sus conceptos claves y desde la promoción de relaciones dimensionales (económicas, políticas, culturales y de aspectos ambientales) que desarrollaron la geografía radical primero y la geografía crítica después. Se trata, globalmente, de aportes impulsados desde 1970 en adelante, pero sin olvidar en ese racconto teórico los aportes generalmente poco referenciados de los geógrafos anarquistas europeos, partidarios de políticas prefigurativas que desarrollaron desde el siglo XIX. En línea con lo expresado, algunos de los conceptos claves geográficos que se sumaron al entramado discursivo de la soberanía alimentaria pueden encontrarse en la dupla espacio/territorio, los bienes comunes naturales, la soberanía territorial, las identidades relacionadas con los imaginarios geográficos y la escala geográfica en sus múltiples significaciones.

En esta línea de pensamiento, el punto de reunión de los interrogantes geográficos que motorizaron con más fuerza las preocupaciones por la soberanía alimentaria durante los últimos años se vincularon directamente con el crecimiento del hambre en el mundo. En ello radica la consabida atención que le fuera dedicada desde la geografía al giro neoliberal de restauración conservadora que adoptaron numerosos gobiernos y estados con posterioridad a la década de 1980; por ejemplo, aquellos que lo hicieron en el marco de la declinación de los estados de bienestar europeos y los de nuestra región. A lo manifestado, debe sumarse el fenómeno posterior de la suba de los precios internacionales de los alimentos que se registraron entre los años 2007 al 2009 y que resultaron en la profundización del hambre en numerosos países; en especial los territorios de África, aunque también de otros lugares del planeta tal como ha sucedido con algunos países latinoamericanos o de algunas de sus regiones y determinadas comunidades hacia su interior. En ese contexto, las voces favorables al derecho a la alimentación como un derecho humano crecieron "desde el pie" o "desde abajo" y en el marco de las luchas que numerosas organizaciones territoriales emprendieron hasta llevar la problemática al ágora de las relaciones internacionales y hacia algunos de sus organismos más representativos.

Con respecto a este artículo, nuestro interés es definirlo desde sus preocupaciones principalmente teóricas, de carácter exploratorio y dentro de un género de escritura que es próximo al ensayo científico de la geografía. Por ello es que se tomará como base de la investigación, materiales bibliográficos académicos y documentación de diferentes tipologías afines a este género. En este sentido, el carácter mayormente teórico de la propuesta debe comprenderse en la búsqueda de las evidencias políticas que siempre tienen las palabras y sus significados frente a determinadas prácticas territoriales y ambientales por parte de la sociedad civil y en numerosas esferas y niveles de la burocracia estatal. Es así que, comenzamos el trabajo con un tipo de examen que se detiene en las relaciones de poder y conocimiento que a nuestro juicio existen entre las palabras y los fenómenos que aquellas se proponen denotar sobre nuestro concepto. En este sentido, manejamos la hipótesis de que la construcción histórica de esta palabra con "nombre y apellido" (soberanía + alimentaria) está inmersa, tanto como otras, en un mercado lingüístico (Bourdieu, 2000) cuya relevancia adquiere sus sentidos posibles y más fuertes a cuenta del carácter performativo que poseen los discursos en la construcción social de "la realidad". De esta manera es que se manifiesta nuestra especial preocupación por la individuación histórica del término y la influencia que sus significaciones pudieran ejercer en la geografía y otras gramáticas espaciales a la hora de comprender sus respectivos usos políticos, tanto prácticos como teóricos. Ejemplo de esto último, son las relaciones que la geografía política y la ecología política establecen actualmente con aquellos fenómenos y situaciones que se vinculan con las soberanías estatales, populares y en particular las del tipo alimentarias. En ese entrelazamiento de soberanías, se expresan la territorialidad que construyen políticamente las precitadas organizaciones en el marco de diferentes acciones prefigurativas y disímiles políticas autonómicas. Es decir, nos interesa examinar las transformaciones de significación de las mencionadas palabras en paralelo con los cambios de posición que adoptaron históricamente diferentes organizaciones sociales para moldear proyectos políticos territoriales y nuevos contextos sociohistóricos.

Por su parte, pasado el momento del análisis de los discursos, nos interesó conectar lo explicitado con los contextos mundiales de la globalización neoliberal como factor preponderante para comprender las lógicas multiescalares capitalistas, las cuales concentran y centralizan la industria de los alimentos y son el punto de activación de las organizaciones mencionadas al proponer un orden mundial diferente al actual. Se trata de movimientos sociales/movimientos socioterritoriales, muchas veces vinculados a la idea, noción o hasta "bandera" que adopta la expresión polisémica y también disputada de territorio. A continuación de los ítems mencionados daremos espacio a la contracara económica y política de la agricultura capitalista al presentar brevemente a la "agricultura familiar". Su tipificación dará lugar también a discusiones políticas sobre los términos en uso y los actores y sujetos sociales que participarían de aquel colectivo social, la variedad de sus actividades productivas y la diversidad de sus prácticas políticas. Para finalizar, nos interesa poner en evidencia el reto político de considerar el rol que tuvo el Estado nacional argentino en el acompañamiento a la agricultura familiar durante el período político que culminó en diciembre del año 2015, a sabiendas de que la complejidad de las políticas públicas hacia el sector agropecuario mantuvieron la paradoja y/o contradicción de ampliar condiciones para el desarrollo de la agricultura familiar a la vez que ser testigo del crecimiento de la concentración y centralización del poder económico de las empresas capitalistas de la alimentación.

Los antecedentes políticos y culturales contemporáneos de la soberanía alimentaria de cara a la geografía y la geopolítica del hambre

La búsqueda de los inicios históricos de las prácticas sociales y políticas globalmente identificadas con lo que hoy se ha dado en llamar soberanía alimentaria seguramente arrojará resultados diferentes según se trate de un relevamiento realizado por historiadores, sociólogos o geógrafos. En este sentido, los sesgos autonómicos y de políticas prefigurativas que históricamente, por ejemplo cultivó el anarquismo (Peet, 1975) y que tienen una interesante vinculación con algunos presupuestos ontológicos de la soberanía alimentaria actual son antecedentes caros a los intereses de los historiadores -en especial del anarquismo- pero que, sin embargo, la geografía social y política de fines del siglo XIX atendió con proyección política de cambio social en aquel momento desde las ideas de Kropotkin y Reclus (Gintrac, 2012). Estas geografías sociales y políticas, de limitado desarrollo epistemológico en ese momento, se interesaron desde estos autores por las relaciones sociales de producción en las que estaban envueltos los pequeños propietarios, la propiedad de la tierra y qué hacer con el excedente social generado. Desde el anarquismo geográfico se promovió por entonces o una especial atención sobre la promoción de la ayuda mutua, la solidaridad y el cuidado y la conservación de la naturaleza, en suma, valores actualmente presentes en muchas acciones políticas prefigurativas (Springer, 2012; 2016) que encuentran en algunos ordenes discursivos de la geografía una intencionalidad performativa digna de ser tenida en cuenta a la hora de sostener algunas concepciones de la palabra territorio, principalmente aquellas que tienen su clivaje anclado en la autonomía frente al Estado. En todos estos espacios sociales mencionados es posible descubrir menciones a esta soberanía, aunque en cada caso parcial o significativamente resignificada desde la perspectiva y los intereses de los actores que ejercen su enunciación.

De acuerdo con lo expresado, nos interesa presentar la soberanía alimentaria en su relación con el problema del hambre y el derecho a la alimentación, problemas que inicialmente se hicieron presentes con especial importancia desde los organismos internacionales luego de la Segunda Guerra Mundial. Es por tal situación que retomamos algunos de los primeros antecedentes que a nuestro juicio pueden vincularse con la formación discursiva y política de la palabra y las prácticas de la soberanía alimentaria, aun cuando las palabras y los sentidos utilizados fueran otros. El primero de ellos responde al afluente tributario de algunos marcos internacionales que varias décadas atrás dieron paulatina legitimidad al tratamiento institucional nacional y supranacional de la cuestión alimentaria; el segundo, ha sido antesala bibliográfica de carácter planetario para cualquier estudio sobre el hambre y la alimentación desde hace ya varias décadas. Así, entendemos que es imposible hacer referencia a la problemática de la soberanía alimentaria, asociada en algunos casos a la seguridad alimentaria y el derecho a la alimentación, sin hacer mención en primer lugar a convenios internacionales que trataron sobre el problema de la alimentación mundial y que, inevitablemente, son una parte significativa de las condiciones institucionales de enunciación que actualmente tornaron a la soberanía alimentaria como una palabra y una práctica política de características excepcionales y de vinculación con preocupaciones pretéritas. En este sentido y de modo cronológico merecen destacarse en primer lugar aquellos antecedentes más remotos y relativamente indirectos como la Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH) en 1948 y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC) en 19761.

El segundo precedente que seleccionamos se refiere a la mundialmente conocida obra de Josué de Castro, médico brasileño, que publicó en 1947 un título que junto a su contenido interpeló, sin ruptura epistemológica profunda a la vista, una parte de las preocupaciones y los posicionamientos de la embrionaria y dispersa geografía social de entonces. La Geografía del hambre (1956, [1946]) tuvo una gran recepción en la academia científica en general, la sociedad política nacional y supranacional, los medios de comunicación y en numerosas organizaciones de la sociedad civil. En aquel trabajo, el autor conjugó algunos elementos del enfoque clásico de la geografía regional y algunos determinismos finiseculares con interrogantes y opiniones políticas reformistas poco frecuentadas en ese momento por la geografía occidental en general y la geografía latinoamericana en particular2. Algunos años más tarde, siguiendo para su titulación la gramática espacial del anterior, de Castro publica la Geopolítica del hambre (1962 [1951]); allí ensaya una metodología similar a la de la obra anterior solo que ahora la escala geográfica preferida para su estudio es de carácter planetaria (aunque mencionamos como detalle que en su análisis omite el estado de situación de Oceanía). En el marco de los antecedentes mencionados (acuerdos internacionales, organismos y mención bibliográfica) debe consignarse que el propio de Castro presidió desde 1952 hasta 1956 la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) -el principal organismo mundial dedicado al problema de la alimentación global- y supo sostener desde siempre, tanto fuera como dentro de la institución, un posicionamiento crítico del orden económico mundial imperante que redundaba en las situaciones narradas por él en sus geografías y geopolíticas del hambre. Por entonces, las sublevaciones provocadas por hambrunas, incluso en Brasil distaban de ser un objeto de estudio geográfico y mucho menos de alcance político en la acción directa y la consciencia de la lucha de clases, ni estaba presente en las acciones prefigurativas de la geograficidad de un territorio autonómico.

Significados y geografías de las soberanías estatales, populares y alimentarias

De modo contrario a cualquier argumento favorable a la transparencia de su significación, el término soberanía alimentaria es parte de una disputa política que es inseparable de una lucha cultural que entrecruza significados, se alimenta de ellos y sufre sus consabidos desplazamientos de sentidos. Al tratarse de una expresión que se ha hecho pública y cobrado interés en un tiempo más o menos reciente, puede decirse que sus significados más precisos se encuentran aún en elaboración o en pugna; seguramente, según el posicionamiento desde el que se formule el análisis de la individuación de la palabra. Con respecto a esto último, creemos necesario realizar una breve estación previa, aunque mínima, sobre una parte de la expresión soberanía alimentaria y que trata sobre la cuestión de la soberanía "a secas". Desde este punto de vista, creemos que diferentes razones provocaron en las ciencias sociales actuales el reexamen y revalorización de este término precedente, ya no solo de la mano de la teoría política, sino además desde la geografía política, la geopolítica y la sociología política entre otros campos del conocimiento; probablemente, una de las razones de esta reconsideración se deba a la atención que las ciencias sociales actualmente prestan a los problemas acarreados por la erosión de las fronteras nacionales; es decir, a las crisis de las soberanías estatales tal como ellas fueron concebidas desde antaño, frente al marco actual de la globalización neoliberal.

El significado más llano y clásico del término soberanía tiene sus orígenes en la teoría política; en ese marco, uno de sus significados más difundidos hace referencia directa al señor supremo, un derivado del latín sumer amus (Marcos, 2004). Así, se la ha identificado mayoritariamente con un poder, superior a cualquiera, inalienable e imprescriptible que ha sido cualidad particular e histórica del Estado nación. La soberanía, también ha significado según los casos, el contenido de una política ofensiva o defensiva según se tratara de un escenario desde el cual el poder es ejercido o salvaguardado, así como un signo de la autodeterminación de los pueblos, el equilibrio del poder o los intereses velados del capitalismo (Álvarez, 2012). En ese tren de lectura, lo soberano es comparable al carácter supremo de un poder supremo, en el sentido de que dicho poder no admite a ningún otro por encima de él, ni que superponga sus competencias: "El manto protector que cubre el destino del Estado es, indudablemente, el de la soberanía: el más alto poder dentro del Estado, reflejo de la voluntad de quienes habitan en un determinado territorio (...)" (Guerrero, 2000). En esta línea de enunciación de los significados de la soberanía, muchas veces identificada con los triunfantes proyectos políticos burgueses, John Agnew (2006: 89-90) agrega críticamente desde la geografía política, que estos sentidos sobre la soberanía estatal, son inaugurados en un momento histórico absolutamente diferente al actual. Se trató desde entonces, de un orden surgido del Tratado de Westfalia de 1648 que se desarrolló de la mano de la Ilustración e impulsó los imaginarios románticos de la autoridad popular y el patriotismo. El autor precitado, sostiene que son numerosos los gobiernos y los intelectuales que aún hoy actúan como si el concepto se adecuara formal y directamente al mundo actual y la correspondencia entre término y realidad fueran absolutas. Sostiene Agnew que pensar de ese modo en un mundo que tiende a la globalización es una confusión problemática; por ello afirma que "No podemos aplicar con pleno sentido la concepción ortodoxa de soberanía al ejercicio condicional de los poderes relativos, limitados y parciales que ahora ejercen las comunidades y actores y sujetos sociales locales, regionales, nacionales, internacionales y no territoriales" (Agnew, 2006: 88). Siguiendo esta línea de la reflexión es que, durante las últimas décadas, por razones a ver, crecieron los interrogantes críticos y la "desconfianza" sobre la potestad efectiva y el exclusivismo soberano del Estado nación actual, aunque también el "exclusivismo" sobre la territorialidad efectiva en tiempos históricos anteriores. Dicho de otro modo, actualmente se afianza la certeza del fin de una soberanía estatal ligada a su territorialidad absoluta, a la vez que crecen la confrontación entre puntos de vista diferentes sobre si efectivamente existió "alguna vez" un principio universal que en el marco del capitalismo contuviera la dominación efectiva, las culturas de todos los actores y sujetos sociales de un territorio, en torno a la soberanía absoluta de los estados.3

Desde otras disciplinas, aunque compartiendo un telón de fondo crítico sobre la veracidad actual de las soberanías estatales, el sociólogo Zigmunt Bauman (2005; 2009), expresa sus dudas desde su propio marco de referencia: la modernidad líquida. De modo deductivo, Bauman, reconstruyó en numerosos momentos de sus obras La sociedad contemporánea y sus temores (2007) y La modernidad líquida (2005), el modo en que a su juicio se conformó el actual núcleo de poder, sindicado por él como económico, invisible y multinacional. Inspirados en estos escritos de Bauman, es posible comprender que la soberanía actual de los estados fuertes (como del tipo gendarme local) y la soberanía de los estados débiles (incapaces de administrar con independencia y autonomía los flujos económicos de diferentes tipos) han venido a desdibujar la idea que se abonó durante la modernidad acerca de la soberanía nacional todopoderosa ejercida por los estados.

Así, llegado este momento nos interrogamos: ¿cuál es la relación existente o la equivalencia semántica posible entre la soberanía estatal -el exclusivismo soberano- y la siguiente "estación" que aquí planteamos como la soberanía alimentaria? Las ideas anteriores expresadas sobre la soberanía, que de ninguna manera pretenden ser exhaustivas sobre el asunto, se proponen como un contexto posible para comprender aquello que en el reconocimiento de sus rasgos modernos estadocéntricos nos aproximan a lo que académicamente algunos autores la identificaron miméticamente con una soberanía de "exclusivismo estatal" absoluto. De acuerdo a lo expresado, el Estado en su inscripción neoliberal actual favorece en nuestros países del sur las privatizaciones, se desvincula de su rol de garante de los servicios básicos y contribuye desde sus prácticas "librecambistas" periféricas al ingreso de capitales y mercaderías elaboradas por otros países. Ambas situaciones -privatizaciones y libre ingreso de mercaderías- son indicadores distintivos de los procesos que ponen en riesgo numerosos aspectos que están vinculados a la profundización actual de la pérdida de la soberanía estatal y la autonomía nacional; principalmente, debido al fomento de la desnacionalización de la producción y el comercio. En definitiva, ingredientes inevitables de las crisis de demanda agregada sobre la producción nacional que perjudican sobre todo a los pequeños y medianos productores -en particular los de la soberanía alimentaria- en el ámbito de un territorio nacional, en especial, los que se encuentran localizados al sur del planeta.

Por su parte, si avanzamos en la difundida idea de conectar la soberanía alimentaria con la soberanía popular, ambas ganan en capacidad política de representación frente al debilitamiento del accionar de los partidos políticos y el Estado en la actual fase del capitalismo y momento cultural de la modernidad periférica en la que se encuentran nuestros países. En ese marco, los canales institucionales estadocéntricos parecen haber cedido o perdido márgenes de legitimidad para encabezar y concretar demandas que ahora desde la soberanía popular son reemplazadas "desde abajo" por la agencia humana con este tipo del ejercicio de la soberanía política.4 Desde este punto de vista, la soberanía popular valorada positivamente por muchos actores y sujetos sociales desde la soberanía alimentaria, no puede desconocer sus contingencias epocales y el modo en que diferentes organizaciones de la sociedad civil se posicionan desde esa perspectiva en la arena de lo político contemporáneo. Algunos autores, como por ejemplo Appadurai (2003) postularon favorablemente la agencia de nuevas configuraciones sociopolíticas representadas en pueblos y comunidades que fortalecieron su desafío a la geografía del poder típicamente moderna. De este modo, la geografía política practicada por los grupos en cuestión, vivificaron su agencia desde la reterritorialización de determinados espacios y produjeron lugares a partir de nuevos modos de apropiar recursos de modo comunitario. Globalmente se evidencian emprendimientos colectivos que son distintivos y particulares de una geografía que puede ser identificada con un modo de construcción del poder que está anclada en imaginarios sociales y geográficos contrahegemónicos y autonómicos; muchas veces indescifrables sino se los comprende en el marco de los diferentes modos en que la soberanía popular es ejercida por los pueblos, para este caso, en vinculación directa con la soberanía alimentaria.

En ese marco, la soberanía alimentaria no se definiría de acuerdo con el criterio estadocéntrico de la soberanía territorial del Estado nación moderno, sino adversativamente en la tensión e inestabilidad espacial y política de las territorialidades múltiples y contradictoras que lideran los actores y sujetos sociales de la gran agricultura capitalista frente a. los procesos de reterritorialización de los campesinos y los pequeños productores en general; esto último, en el marco de lo que genéricamente se conoce como la agricultura campesina y que será objeto de revisión en este trabajo algunos párrafos más adelante. Lo antedicho, constituye a su vez, un modo de poner de manifiesto un tipo de antagonismo que tensiona la soberanía popular frente a la soberanía estatal moderna e intermediada por la soberanía alimentaria.

La "estación" de la soberanía alimentaria, tal como la hemos concebido hasta aquí e imbuida de participación popular, es poseedora de una dinámica política inescindible de la vitalidad de las Organizaciones Sociales de la Sociedad Civil (OSC) y Organismos No Gubernamentales (ONG) que impulsan discursos y prácticas desde sus resistencias a la globalización neoliberal y a las políticas estatales nacionales que perjudican directamente los intereses de los pequeños productores, los campesinos y las poblaciones indígenas, entre otros grupos y fracciones sociales. Los actores sociales subalternos que están involucrados en este proceso identifican al Estado y el capital trasnacional como responsables de las desigualdades e injusticias que organizan las corporaciones y las multinacionales de los alimentos en perjuicio ya no solo de los productores sino también de los consumidores. Así, entre las muchas demandas enarboladas por los actores y sujetos sociales de la soberanía alimentaria, está presente su llamada al retorno y control por parte de los pueblos y las comunidades (en referencia tanto a los productores como a los consumidores) del sistema alimentario.

Si analizamos los aportes conceptuales que tratan sobre las relaciones entre Estados, espacio y soberanía alimentaria, nos interesa el punto de vista de la geografía política cuando Amy Trauger (2013) define a la soberanía alimentaria desde un punto de vista movimientista y emancipador que es particular de la acción territorial y colectiva; principalmente alimentada de una práctica política "soberana y autónoma" que llevan adelante diferentes organizaciones sociales a favor de la intervención colectiva sobre el espacio. Para la autora, la soberanía alimentaria, propone cambios no capitalistas (desde la búsqueda de la autonomía política frente al Estado) en las decisiones que los actores y sujetos sociales llevan adelante con relación con la vida y la tierra en el sistema alimentario. Para ello, sostiene que es necesario contribuir desde la ciudadanía a modos de pensar el territorio que sean capaces de generar posibilidades políticas de "imaginarios espaciales alternativos" toda vez que ellos puedan actuar como vehiculadores de acciones insurgentes de reterritorialización del espacio colectivo e impugnatorio de las jerarquías hegemónicas de poder territorial, aun favoreciendo las que puedan ser de carácter parcial y temporal.

Por su parte, a los fines de completar un breve estado del arte sobre los antecedentes de la soberanía alimentaria cabe consignar que el término -en relación con los precedentes mencionados de 1948 y 1976- comenzó el itinerario hacia su actual significación en el marco de la Cumbre Mundial de la Alimentación de la Organización para la Alimentación y la Agricultura (FAO) que se desarrolló en Roma durante el mes de noviembre de 1996.5 A resultas de la misma se alcanzó la Declaración de Roma sobre la Seguridad Alimentaria Mundial y el Plan de Acción de la Cumbre Mundial sobre la Alimentación, que estuvo encabezada por más de cien jefes de Estado y de gobierno y otros tantos representantes de movimientos sociales y territoriales6; estas últimas organizaciones sostuvieron allí que ante el actual problema del hambre y la crisis de los alimentos a escala planetaria, debería plantearse un modo alternativo de solución a la situación; para ello postularon una palabra y derivado de una necesidad y la utopía de convertirse en un derecho: la soberanía alimentaria de los pueblos.

Con respecto a la soberanía alimentaria de los pueblos fue la organización social Movimiento Campesino Internacional La Vía Campesina (LVC) quien acuñó la expresión en cuestión. En este sentido, es pertinente consignar que se está ante un movimiento internacional de carácter global (África, Asia, Europa y América) que agrupa a pequeños y medianos productores, pueblos sin tierra, indígenas, migrantes y trabajadores agrícolas de todo el mundo. Sus objetivos están orientados por la defensa de la agricultura sostenible a pequeña escala como un modo de promover la justicia social y la dignidad. Su misión es contraria a los agronegocios y las multinacionales de los alimentos que a su juicio atentan contra la naturaleza y la vida sociocultural de los pueblos; por su parte, promueven la abolición del modo en el que se producen, distribuyen y consumen los alimentos en las sociedades capitalistas contemporáneas. La LVC propuso desde aquel momento que la expresión "soberanía alimentaria" aludiera al reconocimiento a la capacidad y el derecho que tienen los pueblos a decidir sobre su sistema alimentario, así como de su facultad para desarrollar las políticas que democráticamente estimen más oportunas. Cabe destacar que la declaración final del Foro de 1996 no fue firmada por la LVC porque a su juicio el compromiso final no era suficientemente contundente en favor de las familias campesinas (Desmarais, 2007) pero marcó el inicio de un proceso con un desenlace aún abierto.

Los foros de la soberanía alimentaria y los cambios en los significados

La Cumbre y el Foro de 1996: los primeros pasos

De acuerdo con criterios que hemos hecho explícitos en oportunidades anteriores para el estudio de otros conceptos (Álvarez, 2010; Spicker, et al, 2009) consideramos que las palabras, desde una dimensión sociopolítica, adquieren y construyen sus significaciones en el uso y disputa a las que son sometidas por parte de diferentes actores y sujetos sociales e incluso en la agencia sociocultural de diferentes lugares y territorios. El caso de la palabra soberanía alimentaria, como otras, puede resultar ejemplar en este sentido si se toman en cuenta las organizaciones sociales que la enunciaron por "primera vez" y que de ese modo la introdujeron en una red de circulación plausible de ser comprendida de modo análogo, siguiendo a Bourdieu (1985: 11-39) a cómo funcionan los "mecanismos de mercado" que no tratan precisamente de mercados de intercambio entre valores iguales y soberanos sino de situaciones sociales desiguales. En este sentido, el recorrido de nuestro término podría comprenderse en función de los poderes de aquellos grupos que poseen la capacidad de intervenir de modo más o menos directo en los resultados sociales que las disputas y los consensos estructuran sobre los significados; de este modo, las prácticas de las organizaciones sociales, los eventos internacionales en los que intervienen diferentes niveles y actores del Estado conforman un campo de fuerzas que inevitablemente influyen en el estado de situación y la significación del término. Así, una muy breve historia de la soberanía alimentaria, que tuviera en cuenta los usos lingüísticos como posibilidades contingentes de cambio social (Alonso, 2004) nos invita a considerar una pequeña génesis del término, de modo indisociable a las luchas y posicionamientos políticos de las organizaciones intervinientes. Es así que los primeros significados que impulsan la búsqueda de la institucionalización de la palabra comienzan en los márgenes de la Declaración de Roma de 1996 al proponer que

(...) la soberanía alimentaria es el derecho de cada nación para mantener y desarrollar su propia capacidad para producir los alimentos básicos de los pueblos, respetando la diversidad productiva y cultural. Tenemos el derecho a producir nuestros propios alimentos en nuestro propio territorio de manera autónoma. La soberanía alimentaria es una precondición para la seguridad alimentaria genuina

Con posterioridad a 1996, sin la presencia de la FAO y otros representantes de gobiernos, se desarrollaron tres eventos globales que acumularon sentidos políticos crecientemente emancipadores que quedaron mayoritariamente bajo la "propiedad" de los movimientos sociales y otros representantes de similares intereses de la sociedad civil; en ese marco el camino recorrido contribuyó indudablemente a la acumulación de significados y sentidos políticos crecientes y diversos. Así, los eventos siguientes más numerosos en cuestión fueron: 1) el Foro Mundial por la Soberanía Alimentaria de la Habana, en agosto de 2001; 2) el Foro de ONG/OSC para la Soberanía Alimentaria de Roma, en junio de 2002; y cinco años más tarde, 3) el Foro Internacional sobre Soberanía Alimentaria de Sélingué en Mali, en el año 2007. Cada uno se transformó en un escenario global de actores y sujetos sociales subalternos y militantes (campesinos y pequeños productores, entre otros) que hicieron públicas sus experiencias organizativas para el ejercicio de la soberanía alimentaria en sus territorios y la geograficidad que singulariza muchas de estas experiencias. Cada uno de los eventos y/o encuentros actuó consolidando la palabra a través de declaraciones y nuevas prácticas sociales derivadas de sus propias intervenciones territoriales.

Los cambios promovidos desde el Foro de 2002: los derechos en pugna

Al seguir el derrotero de la definición en pugna se debe notar la relevancia que la misma encuentra en los derechos inalienables de las personas; por lo cual en el mencionado Foro de 2002 (Roma) se profundizan y acuerdan giros, matices y avances de orden emancipatorios mediante los cuales las significaciones sobre la soberanía alimentaria designan

(...) el derecho de los países y los pueblos a definir sus propias políticas agrícola, pesquera y alimentaria de forma que sean ecológica, social, económica y culturalmente apropiadas para ellos. La soberanía alimentaria fomenta el derecho a la alimentación para la entera población, basada en una producción de pequeño y mediano tamaño, respetando: las culturas y la diversidad de campesinos, pescadores y Pueblos Indígenas y sus modos y medios de producción, distribución y comercialización y su manejo de las áreas rurales, en la que las mujeres juegan un papel fundamental. (Declaración del Foro de ONG/OSC para la Soberanía Alimentaria Roma, 8 al 13 de junio de 2002 8-7-02)7

La radicalización de las propuestas del Foro de 2007: por la autonomía y el territorio

La definición seguiría sufriendo pequeños/grandes cambios, tornándose más compleja y extensa en la medida que el debate y la reflexión sobre las diferentes experiencias llevadas a cabo por movimientos y organizaciones sociales avanzaron e incorporaron numerosas variables y experiencias territoriales diversas. Un marco fundamental en este sentido fue la celebración en febrero de 2007 del Foro para la Soberanía Alimentaria de Nyéléni (Bamako, Mali) [3], donde se define a la soberanía alimentaria como:

(...) el derecho de los pueblos a alimentos nutritivos y culturalmente adecuados, accesibles, producidos de forma sostenible y ecológica, y su derecho a decidir su propio sistema alimentario y productivo. Esto pone a aquellos que producen, distribuyen y consumen alimentos en el corazón de los sistemas y políticas alimentarias, por encima de las exigencias de los mercados y de las empresas. Defiende los intereses de, e incluye a, las futuras generaciones. Nos ofrece una estrategia para resistir y desmantelar el comercio libre y corporativo y el régimen alimentario actual, y para encauzar los sistemas alimentarios, agrícolas, pastoriles y de pesca para que pasen a estar gestionados por los productores y productoras locales. La soberanía alimentaria da prioridad a las economías locales y a los mercados locales y nacionales, y otorga el poder a los campesinos y a la agricultura familiar, la pesca artesanal y el pastoreo tradicional, y coloca la producción alimentaria, la distribución y el consumo sobre la base de la sostenibilidad medioambiental, social y económica. La soberanía alimentaria promueve el comercio transparente, que garantiza ingresos dignos para todos los pueblos, y los derechos de los consumidores para controlar su propia alimentación y nutrición. Garantiza que los derechos de acceso y a la gestión de nuestra tierra, de nuestros territorios, nuestras aguas, nuestras semillas, nuestro ganado y la biodiversidad, estén en manos de aquellos que producimos los alimentos. La soberanía alimentaria supone nuevas relaciones sociales libres de opresión y desigualdades entre los hombres y mujeres, pueblos, grupos raciales, clases sociales y generaciones. (Declaración del Foro de Nyéléni, Sélingué, Malí, 2007) (https://nyeleni.org/spip.php?article291).

Al desglosar y comparar las definiciones de los años 1996, 2002 y 2007 surgen continuidades, extensiones y ampliaciones conceptuales que patentizan el carácter siempre dinámico y crecientemente aglutinador del concepto y un vector crecientemente utópico en su direccionamiento. En este sentido, se tiene que desde un primer momento la soberanía alimentaria ha sido concebida como un derecho y que mientras en 1996 se la reconocía en el estatuto y la escala de "cada nación", las declaraciones siguientes complejizaron y delimitaron una territorialidad disruptiva con la anterior, ahora incorporándose además "países y pueblos" en 2002 y directamente hacia los "pueblos" en el año 2007 (Tabla I).


Tabla I. Los seis pilares de la soberanía alimentaria elaborados en Nyéléni. Fuente: elaborado por Álvarez sobre la base de Gordillo (2013) y la Declaración del Foro de Nyéléni, Sélingué, Malí, 2007

Con respecto a este último caso, es que determinados autores -entre otros, Bringe (2011) hacen observar la relevancia que allí se le reconoce a la autonomía de los pueblos -el territorio y la territorialidad- hacia el interior de los Estados nación, en línea con lo que registramos en algunos párrafos atrás respecto de las afirmaciones de Amy Trauger y Arjun Appadurai. Otro elemento "novedoso" a tener en cuenta en la última declaración, es la ligazón entre presente y futuro al incluir en el derecho a la alimentación a las generaciones futuras y los planteos afines a la sostenibilidad ambiental.

En la declaración de 2007, probablemente la de mayor radicalización política frente a las anteriores, se postula la prioridad de las economías y mercados locales y nacionales a través de formas que reconozcan múltiples empoderamientos campesinos, de la agricultura familiar y de los pescadores artesanales. A la vez, sobresale en todo momento los adjetivos posesivos del plural en su tercera persona al dar cuenta del derecho a "nuestros" territorios, tierras, aguas, semillas, ganado y biodiversidad. Esa declaración presenta radicalidad emancipadora también cuando sostiene que la soberanía alimentaria supone nuevas relaciones sociales libres a la vez que refiere positivamente a la igualdad de género como práctica política que puede permitir poner fin a la opresión de la mujer y las desigualdades entre los hombres y mujeres, pueblos, grupos raciales, clases sociales y generaciones. Sin abrir este frente de las significaciones, debe observarse que la soberanía alimentaria inicia mayoritariamente su lucha en el marco de luchas económicas distributivas pero que a poco de andar se tornan utópicas disruptivas hacia las reivindicaciones de género y de la diversidad social en su mayor expresión.

Los aportes de las sucesivas declaraciones de los foros, en especial la del año 2007, dejaron en claro que los discursos propios de la soberanía alimentaria son inseparables de una praxis política emancipadora. En este sentido, algunos geógrafos estudiosos de la cuestión pusieron en evidencia el carácter "subversivo" del espacio, los lugares y los territorios cada vez que la mediación política de la soberanía alimentaria buscó poner en suspenso, "exclusivismos territoriales" mediante, la soberanía territorial del Estado y el modo de producción capitalista. El espíritu crecientemente favorable a las autonomías que se desprende de las sucesivas declaraciones de los foros mencionados, sumado a los imaginarios geográficos y/o espaciales alternativos ya mencionados, son una condición para las prácticas de la soberanía alimentaria; ahora concebidas como afirmaciones espaciotemporales de menor escala: un tipo particular de "estado de excepción" (¿conformado desde la subalternidad?) frente a los poderes consagrados durante la modernidad.

Si el interrogante sobre la praxis política de la soberanía alimentaria se reinterpreta en clave de una geografía política postestructural -por ejemplo, las ideas de Doreen Massey- las coincidencias son estimulantes para pensar los espacios autónomos y utópicos de la soberanía alimentaria en un continuo proceso de formación que son simultáneos a los patrones relacionales de estructuración del poder. Las redes que conforman los actores y sujetos sociales subalternos de la soberanía alimentaria pueden ser concebidas como redes de poder/contrapoder que conectan los distintos puntos/momentos en el establecimiento de las relaciones entre ellos. Ese espacio de soberanía alimentaria, de acuerdo con la autora precitada, debe reconocerse como relacional y también como una esfera fundamental de posibilidad de la existencia de la multiplicidad; construido desde lo inmenso de lo global hasta lo ínfimo de la intimidad (Massey, 2009; 2007).

Las diferencias existentes entre la soberanía alimentaria y la seguridad alimentaria

En el marco de la atención y el cuidado que les estamos dando a los significados y los sentidos de las palabras es importante diferenciar a la soberanía alimentaria de la seguridad alimentaria. Si bien en este trabajo tomaremos a tal expresión en su sentido de la garantía que los estados y los gobiernos deben cumplir para que todas y todos tengan su alimentación diaria y del acceso igualitario a la alimentación, también se tienen otras acepciones -principalmente de eco en Europa- que dirigen su preocupación casi excluyente a la salud y el estado de buena conservación que los alimentos deben tener. Los países anglosajones han llevado esta preocupación al plano del lenguaje al emplear con cuidado dos términos: food safety y food security. Así, en la geografía de los países centrales la seguridad alimentaria se define por la calidad y sanidad de los alimentos, mientras que, en las periferias, las geografías de las significaciones imponen connotaciones directamente relacionadas con el hambre y la subsistencia. La seguridad alimentaria en los países del norte está primordialmente definida por evitar el riesgo de una mala alimentación, la preocupación por las desigualdades que derivan en la mala alimentación o directamente el hambre parecieran tener una relevancia diferente. Una delimitación necesaria en la medida que los discursos y las prácticas que cada uno de los términos aglutinan pueden ser compartidos o impugnados por diferentes actores, tanto estatales como supra o interestatales, según su posicionamiento social e ideológico. Visto de este modo, ambos tipos de actores pueden utilizar cualquiera de estas palabras, nunca de modo homólogo o equivalente, cuando la búsqueda de los acuerdos políticos entre actores se plantea en torno al derecho a la alimentación que es el factor compartido y convergente en la arena común de esta discusión. Desde este punto de vista, si bien las ONG, OSC y otras organizaciones sociales partidarias de la soberanía alimentaria utilizan la expresión "seguridad alimentaria" en sus declaraciones, el monopolio del uso de la palabra está claramente anexado -indudablemente por su mayor carga neutral- a los discursos políticos y del funcionariado de los organismos internacionales pertenecientes a las Naciones Unidas y los organismos gubernamentales de los estados nacionales. De modo adverso, el termino soberanía alimentaria fue lanzado a la arena política de los Foros por el movimiento campesino global LVC y, desde entonces, como vimos su significado y su sentido fueron delimitados y negociados por los discursos y las prácticas de las ONG, OSC y demás organizaciones sociales partidarias de la soberanía alimentaria. Es así que la identidad de la palabra ha encontrado sustento fundamental desde esta orilla de las definiciones. Queda de manifiesto que si bien las diferentes palabras resumen dos posiciones encontradas, la comunicación y los intercambios de la circularidad que funciona entre ellas lleva a puntos de encuentro y disidencia que no pueden ser soslayados (Tabla II).


Tabla II. Ideas fuerza sobre la seguridad alimentaria y la soberanía alimentaria. Fuente: elaborado por Álvarez sobre la base de Carrasco (2008)

La seguridad alimentaria fue propuesta por la FAO poco tiempo después de finalizada la Segunda Guerra Mundial ante una de las crisis alimentarias globales de entonces. Gordillo (2013) en un documento sobre seguridad y soberanía alimentarias del propio organismo internacional señala una serie de diferencias entre una y otra definición que nosotros, inspirados en él, preferimos agrupar en dos conjuntos de individuación:

  • El primero de ellos corresponde a las posiciones favorables a la seguridad alimentaria de la propia FAO por la cual no se prejuzga, mucho menos negativamente, la concentración de poder económico que pudiera existir en las cadenas productivas alimentarias, tampoco se emite juicios negativos sobre la concentración del comercio o la creciente concentración de la propiedad de los medios de producción, tal como es el caso, por ejemplo, de la situación de la tierra.
  • El segundo de los conjuntos de las diferencias se relaciona con los modos de producción de los alimentos; es decir cómo y bajo qué relaciones sociales de producción se producen los alimentos. Con respecto a esto último, si bien la FAO ha sido pionera en la búsqueda de las mejores prácticas agrícolas y el manejo sustentable de recursos (bienes) naturales, ella no adopta una posición enfática respecto de las distintas formas de producir alimentos, lo cual equivale a no emitir opinión contraria ni favorable sobre la agroindustria capitalista y el acaparamiento que ella hace de los mercados y los submercados de la alimentación, a nuestro juicio uno de los problemas medulares que sirven a los problemas del acceso a los alimentos.

Es así que en el plano normativo y de plena confianza en el funcionamiento de las consecuencias positivas que a su juicio llevarían las relaciones internacionales e instituciones, la FAO definió en 1996 que la seguridad alimentaria se caracteriza por

(...) un entorno político, social y económico pacífico, estable y propicio, constituye la base fundamental que permitirá a los Estados atribuir la debida prioridad a la seguridad alimentaria y la erradicación de la pobreza. La democracia, la promoción y protección de todos los derechos humanos y libertades fundamentales, inclusive el derecho al desarrollo, y la participación plena y equitativa de hombres y mujeres son indispensables, a fin de alcanzar la seguridad alimentaria sostenible para todos (FAO, 1996).

Sin embargo, años más tarde y mucho más actualmente es la propia FAO la que suma e incrementa dimensiones sociales críticas al tratamiento institucional de la seguridad alimentaria; probablemente como consecuencia de la presión y contestación que los foros de ONG y OSC plantearon debido a los sucesivos fracasos de sus políticas conservadoras y obstructivas del análisis complejo y multivariado de sus diagnósticos. En ese sentido puede verse más abajo la pluridimensionalidad que FAO incorpora hacia el año 2006, probablemente con un ánimo político más negociador frente a la soberanía alimentaria. Ejemplo de ello es lo siguiente:

Existe seguridad alimentaria cuando todas las personas tienen, en todo momento, acceso físico y económico a suficientes alimentos, inocuos y nutritivos para satisfacer sus necesidades alimenticias y sus preferencias en cuanto a los alimentos, a fin de llevar una vida activa y sana (...) e incluye la disponibilidad de alimentos, el acceso a los alimentos, la utilización biológica de los alimentos y la estabilidad [de los otros tres elementos a lo largo del tiempo (FAO, 2006, http://www.fao.org/3/a-ax736s.pdf).

De acuerdo con lo expresado, es que consideramos que es posible arribar a ideas fuerza que caracterizan los posicionamientos de los actores y sujetos sociales identificados con intereses que en general pueden concebirse como desiguales y contradictorios, aunque por momentos estratégicamente combinados o parcialmente superpuestos.

Desde la lectura del cuadro comparativo anterior es posible inferir algunas pequeñas conclusiones sobre los discursos y las prácticas diferenciadas entre la soberanía alimentaria y la seguridad alimentaria. Ambos términos manejan un acervo de conceptos en común que, si bien puede concederse que en algunos casos tienen un uso compartido, en otros se presentan en franca oposición, incluso más ampliamente comprensibles en el marco de proyectos de sociedad y formaciones sociales radicalmente diferentes. Como hemos advertido algunas páginas más arriba la cuestión del hambre, la desnutrición y los problemas globales de la alimentación son foco de atención en ambos casos aunque los horizontes políticos de solución posible de connotar son sustancialmente diferentes y requieren bases sociales de sustentación francamente disimiles. En paralelo a lo que venimos desarrollando, es insoslayable el modo en que se filtra en las argumentaciones de ambos la importancia de la globalidad planetaria del problema en discusión y la necesidad de emprender una "acción global" que contrarreste o elimine, según los puntos de vista, las condiciones que hacen posible el hambre.

De ese modo, si la acción global es una urgencia compartida para unos y otros estamos en condiciones de sostener que los instrumentos y las instituciones reconocidas con capacidades para resolver la cuestión son definitivamente diferentes. Para quienes mantienen el enfoque de la seguridad alimentaria, la acción global consiste en la intervención de organismos internacionales, cooperación internacional e instituciones nacionales sobre las zonas con mayor déficit alimentario. Por el contrario, la acción global, según el enfoque de soberanía alimentaria, implica modificar las reglas que rigen la interacción política, económica y comercial a nivel planetario. Para sumar complejidad a la cuestión, podemos analizar la relación política entre ambos conceptos desde un punto de vista confluyente en algunos de los planos en discusión cuando determinados estados adoptan la expresión seguridad alimentaria en sus constituciones y planes de gobierno.8 De este modo, la complejidad en los usos de los términos no pueden dejar de analizarse teniendo en cuenta los entrecruzamientos discursivos y las significaciones de los términos en juego, mucho más si se pone en la balanza la influencia que ejerce la FAO para que la expresión seguridad alimentaria crezca en diferentes países, a la vez que las organizaciones sociales y muchas comunidades originarias realizan su propio juego en las geografías de las recepciones al resignificar nacional y localmente los términos en juego y llevarlos hacia una arena política de significación que favorece otros sentidos. Con respecto a esto último queremos expresar que a menudo, más allá de los etiquetamientos (seguridad alimentaria/soberanía alimentaria), las políticas emanadas desde los organismos internacionales de la alimentación son objeto de desplazamientos en sus sentidos prácticos y las comunidades transforman aquello que los organismos internacionales financian como seguridad alimentaria en proyectos políticos autónomos de soberanía alimentaria, desafiando de modo directo o indirecto las "políticas enlatadas" -como a veces se las denomina- de la propia FAO. En ese sentido, también es válido recordar y poner en valor las ideas de Doreen Massey sobre las multiplicidades que las comunidades desde sus espacios pueden imponer a la lógica vertical de las prácticas de los organismos internacionales.

Los actores y sujetos sociales de la soberanía alimentaria

Tal como se ha expresado anteriormente en este trabajo, una de las principales características de la soberanía alimentaria consiste en conformarse como una demanda aglutinadora (Bringel, 2011), una especie de paraguas bajo el cual es posible hallar tantos discursos y prácticas como actores sociales que las enarbolan, desde el estado y desde las organizaciones de la sociedad civil. En este caso, consideraremos como actores sociales a grupos, organizaciones o instituciones que interactúan en la sociedad y que se proponen incidir en ella desde sus acciones. Algunos ejemplos prototípicos son las organizaciones sociales de base, sindicatos, partidos políticos, agencias de cooperación internacional, organismos multilaterales, entre otros. A partir de ello nos surgen algunos interrogantes sobre cuáles son efectivamente los actores sociales -actores a secas los denomina la Declaración- que participan con sus diferencias de esta práctica política. En este trabajo preferimos reconocer la validez de otros criterios, la categorización de actores sociales que acordaron las propias organizaciones sociales intervinientes y que ellos establecieron en la Declaración del Foro de ONG/OSC para la soberanía alimentaria, celebrada en Roma en junio de 2002 (Tabla III). En este documento los actores en cuestión tienen entre sus principales objetivos denunciar el rotundo fracaso del plan de acción -oficial- emergente de 1996 para la solución de los problemas globales de alimentación allí manifestados.


Tabla III. Actores sociales representativos de la soberanía alimentaria Fuente: elaborado por Álvarez sobre la base de la Declaración del Foro de ONG/OSC para la soberanía alimentaria, celebrada en Roma en junio de 2002 (http://www.redes.org.uy/wp-content/uploads/2008/09/declaracion_finaldel_foro_de_las_ongs_y_movimientos_sociales_en_roma.pdf)

La nueva Declaración sostiene que el plan fracasó porque estaba centrado en la liberalización del mercado, la que fue llevada adelante en el sur, en tanto que en el norte siguieron reinando prácticas proteccionistas. Por su parte, la Declaración fija desde su celebración un curso de acciones a seguir que se dividen según cuatro grandes áreas de cuestiones estructurales para alcanzar la soberanía alimentaria.

1) El derecho a la alimentación
2) El acceso a los recursos
2.a) Acceso al agua
2.b) Acceso a la tierra
2.c) Acceso a los recursos genéticos
2.d) Acceso a financiamientos
3) Producción alimentaria sostenible: propuestas para integrar modelos de desarrollo agroecológicos y reforzar la pesca artesanal
4) Comercio y soberanía alimentaria

Desde cada una de estas grandes áreas se definen los resultados deseados, las acciones propuestas y los actores sociales que las organizaciones sociales estiman como responsables o ejecutores de los diferentes objetivos propuestos. En ese caso, un primer y segundo orden muy general de desagregación, nos permite considerar:

  1. los actores estatales o supraestatales, representados por parlamentos, gobiernos de los estados nacionales y los organismos internacionales como la FAO y otros similares.
  2. los actores no estatales que incluyen a ONG, OSC, pueblos indígenas, lobbying de la sociedad civil, agricultores, pescadores, uniones y representantes de campesinos, organizaciones de granjeros, donadores de recursos financieros, centros de investigaciones CGIAR (A Global Agricultural Research Partnership) y otros actores que la Declaración denomina genéricamente como sector privado y que, de acuerdo a las declaraciones de los propios actores, en estos mismos documentos hacen referencia a los empresarios de la alimentación, el transporte y la comercialización de los productos.

La raíz del problema: globalización neoliberal, bienes comunes naturales y empresa agroindustrial capitalista

Hacia fines del siglo XX, según Renato Ortiz (1997) se cristalizó un conjunto de fenómenos económicos, políticos, culturales, que trascienden las naciones y los pueblos, por lo cual la sociedad contemporánea se configuró a escala mundial como una formación social, histórica y geográfica diferente a la existente en épocas anteriores. Ante esta situación y para dar cuenta de los aspectos más fundamentales de este proceso se popularizó en medios académicos y en la sociedad en su conjunto el término globalización. O bien, como sostienen muchos autores que discuten esta denominación "a secas", la globalización neoliberal, por la cual se reúnen bajo una misma expresión el carácter neoliberal -en lo económico, político y cultural- de la sociedad mundial y sus problemas vinculados con las persistentes y crecientes desigualdades mundiales y regionales: el marco más inmediato en el que deben comprenderse las sucesivas crisis alimentarias y el no acceso por parte de las personas a una alimentación digna y suficiente. Sobre la expresión "globalización" existe un muy significativo debate entre quienes entienden que es útil para explicar las transformaciones globales en curso, frente a los que consideran que tanto el término como los significados más usuales que de allí se derivan "oculta" más de lo que esclarece. En esa línea, los que son críticos del término globalización "a secas", entienden que las transformaciones globales en cuestión no son más que la continuidad y la profundización de un proceso de mundialización que se desarrolla al menos desde el siglo XV, pero que en relación con la alimentación alientan la idea de que el planeta se encuentra ante uno de sus peores momentos en la distribución igualitaria de estos bienes.

Con respecto a esto último, puede inferirse que la intensificación de las tendencias centralizadoras y concentracionistas del capital propias de las actividades agroalimentarias no es otra cosa que la emergencia global a escala planetaria de una hegemonía política, cultural y económica que se corresponde con la doctrina del neoliberalismo. Así, nuestra preocupación por la soberanía alimentaria debe comprenderse como una respuesta y práctica política a la actual oleada planetaria privatizadora y mercantilista que ha sido impulsada por la crisis del capitalismo de los años setenta. En este sentido, el geógrafo David Harvey es quien sostiene que es indispensable asociar conceptualmente lo que algunos denominan como "globalización" con las políticas del neoliberalismo a escala mundial y una nueva captura de los bienes comunes a escala mundial, por ejemplo, aquellos que se relacionan más directamente con las industrias extractivas y agroalimentarias; la última de estas es la que se ha transformado en blanco principal de las criticas llevadas adelante por las posturas favorables a la soberanía alimentaria. Los bienes comunes naturales por sus propias cualidades, asumen funciones de interés social y público que sirven directamente a las necesidades materiales e inmateriales de todas las sociedades y comunidades del planeta; forma parte del uso del término el recuerdo de los despojados de los bienes comunes, que eran los usuarios de bosques y campos que fueron violentamente desalojados en un momento social e histórico que Karl Marx denominó como el de la "acumulación primitiva del capital".

De acuerdo con lo expresado hasta el momento en este trabajo es que deben ponerse en relación orgánica las transformaciones promovidas por la globalización neoliberal a escala mundial (concentración y centralización del capital), el aumento de los problemas de la alimentación junto al crecimiento de las geografías del hambre -parafraseando a Josué de Castro- y la organización de los actores sociales estatales y no estatales antes mencionados en aras de lograr un horizonte más justo hacia el acceso a la alimentación desde la concepción de la soberanía alimentaria. Así es que creemos que la resultante de esta nueva configuración societal del actual orden mundial encuentra en el modelo agroindustrial de tipo capitalista la consumación de la distopía neoliberal -la antiutopía- frente a la utopía de la soberanía alimentaria. La distopía neoliberal (ya visto respecto de la dimensión política del asunto) encarnada en las políticas estatales planificadas durante el Consenso de Washington promovió la desregulación del control estatal sobre la industria; las ofensivas en contra del trabajo organizado; la reducción de impuestos corporativos; la contracción y/o privatización de los recursos y servicios públicos; el desmantelamiento de los programas de bienestar social y la ampliación de la movilidad del capital internacional, entre otras variables (Nick et al., 2009). Así, es dable indagar qué es lo que ha sucedido efectivamente en las ramas de actividad propias de los rubros "tradicionales" identificados con la industria de los alimentos y de modo conexo con la crisis alimentaria de las últimas décadas y profundizadas desde el año 2008. Con respecto a esto último, cabe consignar que los enunciados más extendidos sobre el asunto a escala planetaria y refrendado en las más disimiles regiones, relacionan las crisis capitalistas mencionadas y las demandas de la soberanía alimentaria con la creciente concentración y centralización del poder económico que impulsan los principales representantes del sistema y modelo mundial de los agroalimentos. En este sentido, los actores de mayor peso desde el punto de vista del capital se fueron relacionando crecientemente con las corporaciones internacionales de la alimentación y el capital trasnacional en general y financiero en particular (capital financiero/industrias de la alimentación).

Las corporaciones financieras incrementaron desde los años setenta y ochenta su poder de influencia y presión sobre la economía de los alimentos a tal punto de controlar paulatinamente la cadena y el proceso productivo alimentario a escala global. Desde el apogeo del modelo neoliberal las corporaciones internacionales junto a las elites gobernantes pasaron a controlar paulatinamente los insumos, los recursos y la producción; aunque también, la distribución, el procesamiento y el comercio internacional. El fenómeno, cuentan Bisang, Anlló y Campi (2009: 219-225) desde la CEPAL, tanto en la Argentina como en el resto del mundo se produjo en el marco de un nuevo paradigma productivo que derivó en una creciente globalización de las cadenas de producción agroalimentaria y en simultáneo con una modificación en el patrón de intercambio comercial (alimentos más elaborados y/o frescos, pero con mayor sofisticación, homogeneidad y normatización). En simultáneo, estos autores destacan la consonancia existente entre un realineamiento empresario nacional de la Argentina y otros países, a partir de la irrupción de un núcleo concentrado de empresas transnacionales de agroalimentos y sus respectivos insumos y una mayor integración vertical en el funcionamiento del intercambio mundial.

Por su parte, según lo expresa Delgado Cabeza (2010), la elaboración y el consumo de alimentos se ha separado de su vinculación directa con la agricultura y los modos de producir característicos de ella, así como de los entornos "naturales" antes conocidos hasta insertarse en un complejo sistema claramente artificial en el que es necesario definir las cuestiones de qué, cómo y para quién se producen, se distribuyen y se consumen los alimentos. La evolución de este sistema agroalimentario, sostiene el autor precedente, está ligada a los imperativos del crecimiento y la acumulación dentro del sistema económico vigente, aunque el funcionamiento de este complejo posea algunas particularidades que lo definen de manera específica y lo diferencian de otros sistemas de provisión. Entre ellas cabe destacar el peso que en estos procesos poseen los factores orgánicos o biológicos, especialmente en los dos extremos de la cadena, la producción y el consumo alimentario. De este modo, nos encontramos con un ámbito en el que los ecosistemas naturales y la naturaleza en general, como factor limitante y condicionante del desarrollo económico, adquieren connotaciones especialmente relevantes y la alimentación es tratada como una mercancía más fuera de todo atributo biocultural. Se está ante la consumación de lo que el propio Milton Santos teorizaba en relación con los sucesivos triunfos de las racionalidades técnicas y que planteaba desde los sucesivos pasajes de la espacialidad social propia del medio natural hacia el medio técnico y de allí al medio técnico-científico-informacional (Santos, 1996).

La agricultura del tipo capitalista, seguramente identificable con muchos de los atributos del medio técnico-científico-informacional a los que estamos haciendo referencia, transformó el sistema alimentario hacia el interior de muchos países a tal punto que el monocultivo alcanzó enormes superficies antes biodiversas o bien dedicadas a pluricultivos. En ese sentido, puede hacerse mención a la soja transgénica en el cono sur, monocultivos de banano, cacao y café en zonas tropicales, monocultivos de flores en varios países de África y de la región Andina, expansión de los cultivos de maíz y soja para abastecer la producción agroindustrial de pollos y cerdos (FAO, 2014). Además, tal como sostiene Vega (2014) el uso indiscriminado de agroquímicos fomentados por la introducción de cultivos transgénicos, el relanzamiento de la revolución verde en África, los cultivos para agrocombustibles (por ejemplo, de caña de azúcar, palma aceitera, colza) y otros cultivos que han beneficiado enormemente a las agroindustrias y las corporaciones transnacionales. En otro plano, aun claramente desprendido del anterior ha crecido exponencialmente la conflictividad socioambiental y territorial en cuanto al acceso a la tierra y a los recursos productivos en el marco de la globalización/universalización del modelo de producción agroindustrial capitalista. Así, las muy conocidas luchas por la tierra que caracterizaron las etapas de la conquista y la colonización y aún todas las etapas del capitalismo en América Latina, adquieren una nueva fuerza de características políticas emancipadoras en el actual contexto neoliberal.

La mercantilización total de la agricultura ha contribuido enormemente al crecimiento de los conflictos por la tierra en América Latina y particularmente en nuestro país. Un estudio reciente realizado para nuestro país en el marco de la Subsecretaría de Agricultura Familiar (2012) con dirección de Karina Bidaseca (2013) señala la creciente conflictividad por la tenencia de la tierra frente al avance de la actividad de grandes empresas. En ese sentido, una de las variables que adopta el estudio es el grado de extranjerización de las tierras, que alcanzan el 13,78 % en Misiones, el 13,65 % en Corrientes; el 12,08 % en Catamarca, el 10,94 % en Santa Cruz y el 7,09 % en San Juan. El estudio concluye acerca de la alta correlación existente entre la conflictividad por la propiedad de la tierra, el grado de extranjerización y el arribo de empresas trasnacionales que entre sus principales impactos generan el desmonte del bosque nativo en todo el país. Es en este mismo estudio en el cual se expresa que a partir del año 2002 se magnifica el crecimiento de las empresas trasnacionales y los fondos de inversión como principales agentes concentradores de tierra mediante compra o alquiler, favorable a la implementación de un modelo de explotación que la autora mencionada denomina como de "agricultura sin agricultores" (Bidaseca, 2005: 1).9 Además de los agricultores expulsados y el avance de los cultivos transgénicos, el modelo se completa con la desaparición del pequeño y mediano productor, el deterioro ambiental, la pérdida de biodiversidad, la expulsión de comunidades campesinas y aborígenes de sus tierras por la expansión de la frontera agropecuaria, la dependencia de los agricultores respecto de las grandes empresas transnacionales proveedoras de semillas y la desaparición de la agricultura de carácter familiar entre otras variables en las que coinciden un importante número de autores, entre los que sugerimos a Gras (2012) Bisang, Anlló y Campi (2010); Cloquell (2007), Grosso (2010), Gras y Hernández (2015).

Como resultado del cruce de las variables relacionadas en el párrafo anterior sobresalen en el mismo estudio un diagnóstico con al menos tres frentes en conflicto: el avance de las empresas transnacionales junto a la extranjerización de la tierra y su acaparamiento (land grabbing), una "remoción en masa" de casi cualquier tipo de suelos con su consecuente destrucción de la biodiversidad, y la asfixia/extinción de la agricultura familiar que es el puntal de la soberanía alimentaria.

Con respecto a este modelo agroindustrial de características definidamente capitalistas, Vega (2014) señala que la lógica de su explotación se basa en la producción agraria intensiva para la transformación y posterior distribución en los mercados masivos, con variaciones importantes en las estrategias de las empresas que tienen como destino la escala nacional y la escala global, donde la homogenización de la producción agraria es una de sus características principales al contar con materia prima/materia bruta que puede ser fácilmente transformada y comercializada. Si bien el comercio de granos (Argentina) puede aparecer entre las actividades de mayor envergadura, también deben rescatarse las de tipo forestal (Uruguay y Argentina) y las de pesca (Atlántico Sur). En síntesis, los principales acuerdos de los especialistas antes mencionados en este punto sobre la cuestión del modelo de producción agrícola capitalista son, entre otros, que las grandes empresas del sector transformaron el sistema alimentario a tal punto que unas pocas empresas definen, qué, cómo y a qué valores producir y distribuir sus productos y muy principalmente a qué precio llegarán los productos a la mesa de los consumidores, situación en la que cada vez se ven más acotados los márgenes de intervención y regulación del Estado.

Para completar el diagnóstico sobre este punto basta advertir sobre el modo en que los alimentos han pasado a jugar un rol clave en la especulación financiera, una vez que los perjuicios de la burbuja inmobiliaria hicieron sus correspondientes estragos en los submercados de tierras urbanas, la crisis de la vivienda y su impacto en el sistema financiero global. Los alimentos se convirtieron en una fuente de especulación financiera, ya que luego de la burbuja inmobiliaria, los capitales especulativos han migrado a los commodities alimenticios en la búsqueda de mayor rentabilidad. En ese sentido es que Chantry, Olivier, Xavi Massa, Pau Miró y Mónica Vargas (2012) advierten sobre el carácter especulativo que adquirieron estas mercancías en poder de algunos de los principales inversionistas financieros mundiales en articulación directa con los agronegocios de importancia mundial.

Por su parte, los autores precitados se propusieron llamar la atención sobre algunos actores / sujetos sociales que a su juicio son poco tenidos en cuenta para comprender el funcionamiento de las agroalimentarias actuales y su papel en las crisis cíclicas de la alimentación, cuando en rigor su peso es decisivo. La referencia es hacia las grandes multinacionales agroalimentarias (agribusiness) que tienen entre sus principales objetivos facilitar la entrada del capital financiero a los mercados alimentarios. Con respecto a ello Cloquell (2007), Vega (2014) y Chantry et al. (2012) acuerdan en que estas multinacionales, como es el caso de Cargill con representación en la Argentina, poseen conexión con los fondos de pensiones y los hedge funds (popularmente conocidos como fondos especulativos de cobertura) para su participación en los mercados financieros. La situación habilita a que estos mismos autores consideren a esas multinacionales como decisores oligopólicos de la variación de los precios internacionales de estos productos. Sucintamente, para Vega, estas empresas tienen la capacidad determinante de fijar los precios; básicamente: compran más barato y venden más caro, tanto productos básicos como futuros en la cadena productiva, haciendo intervenir en ello a los capitales financieros especulativos. A los fines de cerrar el presente punto, se puede decir que es en la actual fase neoliberal del modo de producción capitalista que los actores y sujetos sociales mencionados en estos últimos párrafos se transformaron en los principales impulsores de los aumentos de precios de los alimentos a escala mundial, empobrecimiento de pequeños y medianos productores y un especial impacto inflacionario en los países de la periferia capitalista, tal como sucede en los países que son los principales productores de los alimentos en cuestión. Todo ello ha redundado, incluso en los principales países productores de alimentos en graves problemas de la distribución de los mismos favoreciendo flagrantes situaciones de inseguridades e injusticias alimentarias. Sin duda, son situaciones que han disparado en América Latina y en África numerosos movimientos y organizaciones socioterritoriales favorables a la soberanía alimentaria y/o la soberanía popular sobre los alimentos a los fines de plantear una utopía alimentaria que consiga dar vuelta la situación actual.

La contracara del agribussines: la agricultura familiar y de "regreso" a la soberanía alimentaria

La definición conceptual y categoría social de "agricultor familiar" está lejos de concitar acuerdos definitivos acerca de su representación y significación más adecuada y completiva. Este problema es reconocido tanto por los sectores de la administración pública que impulsan las políticas públicas y que planifican sus intervenciones hacia el sector como por las organizaciones sociales que se auto adjudican esta pertenencia e identidad (Hocsman, 2015). Por supuesto, también es reconocida por los especialistas de los ámbitos académicos de la antropología, la sociología y la geografía, entre otras disciplinas interesadas en la materia. Las discusiones teóricas sobre la ontología del actor y sujeto social en cuestión llevan décadas a los fines de alcanzar equilibrios y consensos sobre qué es la agricultura familiar, qué semejanzas y diferencias existen entre un agricultor familiar, un campesino, un pequeño productor, un colono, o simplemente un chacarero, trabajador rural o minifundista (Schiavoni, 2010). Sobre todo, se presenta un poderoso interrogante que sobrevuela la discusión en el marco de un horizonte más amplio y de carácter políticamente más controvertido y que es en torno a ¿quién es o qué es el sujeto social agrario que actuaría en "representación" más legítima? Para los objetivos del presente artículo esa discusión teórica será dejada de lado y los interrogantes se direccionaron hacia la relevancia que tiene la agricultura familiar frente a la centralidad de la soberanía alimentaria como un fenómeno amplio, rico y diverso frente a los intereses irreconciliables de la agroindustria o el agronegocio cuyas prácticas desafían desde sus posiciones contrapuestas y respectivas cada una de las múltiples determinaciones que caracterizan sus modos de producción. Estas dos perspectivas se observan tanto en el momento de la producción y la distribución como en la instancia del consumo y, concomitantemente con ello, en las respectivas posiciones contradictorias frente a la naturaleza y la cuestión ambiental.

Así, en relación con lo tratado en este artículo, nos resulta particularmente interesante la centralidad que tiene la soberanía alimentaria como práctica política para con los grupos sociales de la "agricultura familiar" que desde sus organizaciones sociales y los organismos del Estado de algunos países son convocados o se autoconvocan, en el campo de las prácticas denotadas como de la soberanía alimentaria. Así, si analizamos los posicionamientos de la Vía Campesina, aunque otro tanto y con sus particularidades sucede con el MST brasileño, nos encontramos que existe una suerte de desplazamiento de significado y de sentidos que son significativamente aglutinadores de muchas actividades y grupos sociales "extraños" al sujeto histórico de la agricultura familiar o el campesinado tal como se lo definió algunas décadas atrás. Desde este punto de vista, creemos que las prácticas políticas de los sujetos identificados con la soberanía alimentaria agrupan actividades múltiples que las organizaciones y a menudo también el Estado prefieren denominar e identificar por razones a develar con la "producción familiar" y/o la "pequeña producción". la Federación de Organizaciones Nucleadas de la Agricultura Familiar (FONAF) quien adoptó el lema Producción, Diversidad y Soberanía Alimentaria. La conformación amplia y diversa incluye actividades agrícolas, ganaderas, pesqueras, forestales, de producción agroindustrial y artesanal, a las tradicionales de recolección, minería artesanal y turismo rural que incluye a actores y sujetos sociales tan disimiles como el pequeño productor, minifundista, campesino, chacarero, colono, mediero, productor familiar y también los campesinos y productores rurales sin tierra y las comunidades de pueblos originarios. Es una organización de organizaciones que nuclea a más de mil de ellas y que nace al calor, según las propias expresiones de la organización, de un fecundo diálogo político entre el Estado argentino posneoliberal (2003-2015) y la sociedad civil organizada (http://www.fonaf.org.ar/index.php/publicaciones/libros/9-uncategorised).

Así, la soberanía alimentaria relacionada con los pequeños productores incluye para la Vía Campesina a productores en pequeña escala y consumidores de alimentos, campesinos, pueblos y comunidades indígenas -junto con cazadores y recolectores-, agricultores familiares, trabajadores rurales, pastores y pastoralistas, pescadores artesanales, e incluso a pobladores urbanos dedicados a la elaboración de artesanías. Una amplitud de significación como la detectada, que excede largamente la legitimidad teórica del "gesto académico" lleva a preguntarnos ¿concebida de este modo, la agricultura familiar puede actuar positivamente a favor de una política de ampliación de sujetos sociales que de otro modo quedarían fuera del juego económico y del mercado de los símbolos y otros recursos a distribuir? En la retórica de esa pregunta, la primera respuesta que se atisba a modo de hipótesis es que efectivamente el carácter de la demanda ampliada es estratégico por parte de los diferentes actores -todos los implicados, estatales y no estatales- a los fines de articular una fuerza social de mayor peso. De este modo, quedan configurados a escala nacional y aun latinoamericana dos modelos de explotación agropecuaria propios del desarrollo rural que están claramente diferenciados desde la contraposición de sus intereses respectivos y sus posiciones en la estructura social. La situación en la Argentina parece haber ganado claridad en la división de sus aguas con posterioridad al conflicto distributivo del año 2008 en torno a las retenciones agropecuarias y las cámaras empresarias dominantes del sector. En este sentido, la geografía de la soberanía alimentaria que hemos tratado de descifrar se aúna con la voz de territorio nacida al calor de los propios puntos de vista de los actores involucrados. Como se sabe el "gesto académico" ha extendido hasta el infinito innumerables definiciones del concepto de territorio, con la capacidad actual de ser utilizado casi para cualquier circunstancia y desde cualquier punto de vista epistemológico. Sin embargo, las expresiones "territorio" y "soberanía alimentaria" han ganado desde las organizaciones sociales una epistemología propia que no puede desligarse de las acciones concretas y las políticas prefiguratorias y emancipatorias de numerosas organizaciones. Así, en nuestro país la Unión de los Pequeños Productores del Chaco (UNPEPROCH), el Movimiento Nacional Campesino e Indígena (MNCI) o el Movimiento Campesino de Santiago del Estero (MOCASE), entre otros, esgrimen la bandera de "territorio" a través del cual defienden el entramado de las dimensiones económica, cultural y social de su actividad. Desde los propios practicantes de la soberanía alimentaria reivindican mediante el territorio la adecuación entre el estilo de vida y el modo de producción, la protección y la valorización de los recursos locales que hacen a la geograficidad propia de esta práctica política.

A modo de comentario final de este ítem puede expresarse que algunos autores (Gisclard et al., 2015) afirman que desde el año 2009 la Secretaria de Agricultura se elevó en nuestro país al estatuto de Ministerio, a la vez que fue creada la Secretaría de Agricultura Familiar y Desarrollo Rural. Ello implicó, desde un primer momento el reconocimiento oficial a un nuevo actor/sujeto social con el fin de incidir en las políticas públicas hacia el sector. Así, la institucionalización de la agricultura familiar como sector social y modelo productivo debe comprenderse en el marco de las representaciones de las organizaciones de los pequeños productores y nuevas concepciones sobre la producción artesanal tal como hemos consignado en este trabajo (Cittadini, 2010). Las visiones más optimistas de estas definiciones políticas favorables a la agricultura familiar entienden que es una nueva política dirigida al sostenimiento del pequeño productor frente a las grandes multinacionales del sector. Las posiciones favorables a estas políticas conciben tales acciones estatales en el marco de una estrategia nacional que busque sostener al pequeño productor frente a la agricultura de exportación y una estrategia de seguridad y soberanía alimentaria basada en la agricultura familiar (Cittadini, 2013).

Reflexiones finales

A ciencia cierta cualquier conclusión sobre el estado de situación de la soberanía alimentaria, dada su dinámica política y cultural ininterrumpida, amenaza con quedar caduca una vez elaborada. A los fines de aventar este riesgo haremos mención por una parte de aquello que podemos sostener como pequeñas conclusiones de este trabajo y, por otra, de lo que no pudimos desarrollar por razones de extensión suficiente u otras razones. En este sentido, nos interesa poner en evidencia en primer lugar los actores y sujetos sociales subalternos (provenientes de múltiples actividades) que aglutinó la soberanía alimentaria desde los primeros pasos dados por La Vía Campesina hasta el presente. Nuestra hipótesis es que tal desempeño no puede desconocer en algún momento de su conformación como organización social el peso que las luchas sociales ejercen en los mercados lingüísticos y sus órdenes performativas para la conformación de las territorialidades y los lugares practicados de la soberanía alimentaria; ello, en relación directa con diferentes grados de autonomía que son resultantes de diferentes expresiones de la soberanía popular. En ese juego, tampoco están ausentes las negociaciones entre los propulsores de la seguridad alimentaria vs. la soberanía alimentaria (actores estatales y no estatales) para llevar adelante sus respectivos proyectos políticos, aun con importantes grados de comunicación y mutuos envíos entre sí. En ese último sentido es importante consignar el modo en que numerosas organizaciones de la sociedad civil adoptaron la expresión seguridad alimentaria, cuando los organismos internacionales y los Estados se interpusieron como mediadores y que las prácticas subalternas a poco de andar, desviaron hacia el proyecto político de la soberanía alimentaria. Es decir, en muchos de los casos en que la seguridad alimentaria logró determinados niveles de inscripción territorial e institucional se interpuso a modo de "resistencias" (De Certau, 1996) aquello que podríamos llamar "geografías del conocimiento" (Agnew, 2008) que disputan desde determinados lugares y territorios, significaciones de discursos y prácticas -en este caso- en dirección hacia el terreno emancipatorio de la soberanía alimentaria. Quedaría demostrado que la soberanía alimentaria es un fenómeno caracterizado por unas prácticas políticas distintivas que disputan un poder territorial que involucra tanto el modo de producción de la "pura" economía como el modo de producción de los significados; dicho de otro modo es una práctica política con un gran poder aglutinador de actividades y experiencias socioculturales que es indisoluble de las relaciones sociales de producción y su identificación con un territorio. Ambos polos, significados y relaciones de producción son expresión de territorios y ambientes imaginados representativos de la multiplicidad de espacios "descubiertos" y enunciados por Massey; cada vez más respetuosos de la diversidad social y ambiental en sus mayores expresiones y con los mayores cuidados de la vida de las personas. Han quedado fuera, parcial o totalmente, de este artículo el análisis más minucioso de los principales complejos alimenticios frente a las alianzas entre diferentes tipos de capitales económicos (financiero, industrial e inmobiliario), la relación con el comercio justo y los precios justos, la agroecología, los problemas de salud que conlleva el actual sistema alimentario, la criminalización y la persecución de muchos activistas de esta práctica política, el estado de situación de las semillas y los oligopolios y monopolios que amenazan con extinguir este tipo de biodiversidad y muy especialmente aquello que pueblos originarios y otros grupos sociales denominan como el "buen vivir". En todos estos sentidos los aportes de las geografías vinculadas con las soberanías alimentarias se encuentran en un especial estado de avance y una creciente producción de aportes originales.

Notas
1 De acuerdo con el análisis que profundizaremos más adelante, los conceptos de la seguridad alimentaria y la soberanía alimentaria si bien convergen alrededor del mismo campo de las preocupaciones sobre la alimentación, cada uno acumuló significados y sentidos diferentes en sus respectivas historias de individuación terminológica. El factor común es que ambos enarbolan como bandera el derecho a la alimentación como un derecho fundamental del ser humano. En este sentido, cabe consignar que el concepto de soberanía alimentaria no existía para los años de la DUDH (1948) y el PIDESC (1976); sin embargo, algunos primeros antecedentes de su paulatina formación discursiva pueden detectarse en el punto 1 del artículo n° 25 de la primera; desde allí se sostenía que: "Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios (...)" (el remarcado es nuestro). Mientras que el artículo n° 11, el Pacto Internacional titulado "Derecho a una alimentación adecuada" señala que los estados deben reconocer "el derecho de toda persona a un nivel de vida adecuado para sí y su familia, incluso alimentación, vestido y vivienda adecuados, y a una mejora continua de las condiciones de existencia". Más adelante, se resalta la urgencia de tomar medidas que garanticen "el derecho fundamental de toda persona a estar protegida contra el hambre" (el remarcado es nuestro). Recomendamos prestar especial atención a estos antecedentes sobre la alimentación en el marco de su reconocimiento como un derecho humano.
2 De Castro, nacido en el pobre y subdesarrollado nordeste brasileño en 1908, desarrolló de modo intenso su actividad médica durante la década de los años 30, lo que le permitió recoger información de primera mano sobre la mala alimentación y la desnutrición en su país. Su diagnóstico no deslindó la causalidad de la espacialidad social de los latifundios y los monocultivos, sino que atentó contra los sentidos comunes de su época y enfrentó la idea dominante de que la alta natalidad era la causa de la "escasez" y la pobreza. Más allá de planteárselo o no desde la disciplina geografía, en todo caso como una geografía de un no geógrafo, combatió determinismos geográficos y racismos de características diversas y más primitivos (Ziegler, 2012) y encontró en la injusta distribución de los recursos el origen de "los estómagos vacíos" tal como él los denominaba. Geografía del hambre, reunió principios de la medicina con algunos otros conocimientos -asistemáticos- de la geografía al dar cuenta de los problemas alimentarios de orden y escala brasileña; para ello dividió el país en cinco regiones y en cada una de ellas describió la situación alimentaria de los habitantes relacionando de modo crítico y radical para su época, la relación existente entre "medio" y "condiciones de vida" con acercamientos y tensiones frente al determinismo geográfico. Si se nos permite la digresión, De Castro fue capaz de adelantar algunos años antes el desafío propuesto por el geógrafo canadiense William Bunge (1979: 522-524) al sostener criterios de regionalización poco propensos a los ambientalismos dominantes más rígidos, para lo cual planteó regionalizaciones que tomaran en cuenta variables independientes propias de las dinámicas estructurantes de las desigualdades sociales del capitalismo. En este sentido, la geografía del hambre y de los problemas de la alimentación que postuló De Castro estuvieron a su modo en la base de los planteos anticapitalistas de la geografía social impulsada particularmente en Brasil al menos desde la década de 1970.
3 Sin extendernos demasiado sobre el punto, se trata de posicionamientos característicos de diferentes marxismos que históricamente pusieron bajo la lupa y amplia sospecha sobre las situaciones deficitarias de soberanía estatal que son propias de la periferia capitalista frente al imperialismo. En este sentido, el centro de la discusión pasa por el análisis estructural del sistema económico mundial y el mercado mundial frente al escaso margen de negociación soberana que caracterizó históricamente la relación entre el centro y la periferia de las formaciones capitalistas. Aún con matices de diferencia en sus puntos de vista, puede analizarse autores clásicos que explican desde la economía política esta situación hacia los años 1970; es el caso de Dos Santos (1974); Cardozo y Faletto (1973); Gunder Frank (1974), entre muchos otros.
4 Los problemas de definición de lo que es soberanía popular, tal como ha sucedido con una parte importante de los términos que manejamos en este artículo, abren más interrogantes que respuestas. En este sentido, la definición de soberanía popular más difundida y no por ello menos conflictiva es la que sostiene que la afirmación principal del principio de la soberanía popular es que la soberanía le pertenece al pueblo. El pueblo en su unidad, como comunidad política, es el titular de la soberanía (Marshall Barberán, 2010). También deviene relevante reconocer las actuales "versiones" de la soberanía popular cuando ella deviene en sustrato sobre el cual se cimientan y revisan otras nociones de soberanía que giran en torno del Estado-nación, pero involucran asimismo otros actores, tales como instituciones privadas y organismos no gubernamentales que intervienen en una trama compleja a través de la cual se busca incidir en procesos decisionales como eventualmente puede ser la soberanía alimentaria y en relativo o parcial estado de desconocimiento de la "autoridad suprema".
5 En paralelo a la Cumbre Mundial sobre la Alimentación de 1996 tuvieron lugar otras dos importantes reuniones de las que emergió la postulación de la expresión "soberanía alimentaria" como "paraguas" para las prácticas políticas que son "reflejo" de aquella soberanía. Estos eventos fueron el Foro Internacional de la Juventud y una Jornada de Parlamentarios.
6 La Declaración de Roma de 1996 alcanzó a siete compromisos; el séptimo hace hincapié en que el centro de la acción se sitúa en los países, donde corresponde en primer lugar a los gobiernos (...) "con la participación de todos los interesados, crear un entorno económico y político en el que puedan tomarse medidas para garantizar la seguridad alimentaria de sus ciudadanos. El Plan de Acción de la Cumbre Mundial sobre la Alimentación pide también a los gobiernos que emprendan campañas nacionales de "Alimentos para Todos", movilizando a todos los sectores de la sociedad civil y sus recursos para contribuir a la aplicación de las medidas identificadas. En la primera fase de estas campañas, los países han de establecer un foro nacional constituido por ONG, la sociedad civil incluidas universidades, institutos de investigación, parlamentarios, grupos de mujeres y jóvenes, medios de información y otros sectores que pueden formar parte de un grupo de presión en favor de cuestiones relacionadas con la alimentación y la seguridad alimentaria (http://www.fao.org/docrep/x2051s/x2051s00.HTM#P196_22549).
7 El documento manifiesta la frustración de las organizaciones debido al fracaso de los acuerdos contraídos con la FAO en 1996. Hay ahora un pronunciamiento a favor de un cambio radical para la erradicación del hambre en el planeta. En la nueva declaración, el modo de producción capitalista es concebido como el responsable del hambre, la malnutrición y la inseguridad alimentaria; situación que visualizan como mucho más grave desde la vigencia del Consenso de Washington. En la declaración se pone de manifiesto que en el mundo hay suficientes recursos para la alimentación de todos sus habitantes, pero que han sido organizados para la satisfacción de unos pocos y al servicio de este modelo capitalista que deposita en la mano invisible del mercado la distribución de los recursos. El texto completo puede leerse en: http://www.redes.org.uy
8 La mención a esta cuestión puede justificar la escritura de un artículo independiente a este mismo trabajo. En este sentido, algunos países de América Latina han receptado positivamente los discursos y las prácticas de la soberanía alimentaria, la seguridad alimentaria y el derecho a la alimentación. En algunos casos priorizaron alguno o más de uno de ellos según el caso de cada país. La heterogeneidad de la situación también incluye el status jurídico al tratarse en algunos casos de reforma constitucionales, leyes nacionales o decretos. Por ejemplo, Bolivia en su Constitución Política del Estado del año 2009, reconoce los derechos humanos fundamentales, incluyendo el derecho a la alimentación (Art. 16), al señalar que toda persona tiene derecho al agua y a la alimentación y que el Estado tiene la obligación de garantizar la seguridad alimentaria, a través de una alimentación sana, adecuada y suficiente para toda la población. Allí también se hace mención a la soberanía alimentaria. En todos los casos de reconocimiento estatal bajo la categoría de soberanía alimentaria se abre el interrogante sobre el "control territorial y autonomía" que la definición más radical plantea frente al Estado nacional.
9 En este sentido cabe consignar el contrapunto que a pocos meses de gobierno neoliberal se expresa frente a las políticas "populistas" del gobierno anterior. Concretamente, el actual presidente de la República
Argentina, Mauricio Macri, modificó el 1/7/2016 la Ley de Tierras Rurales -volvió laxas las restricciones para la venta de campos a extranjeros- que el gobierno anterior en 2011 había regulado mediante la Ley 26.737 de Régimen de Protección al Dominio Nacional sobre la Propiedad, Posesión o Tenencia de las Tierras Rurales. Ver: http://www.mininterior.gov.ar/fronteras/pdf/ley-26737.pdf

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Fecha de recepción: 5 de agosto de 2016
Fecha de aceptación: 16 de diciembre de 2016

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